INTRODUCCIÓN

      En la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, 54 carros de combate M-47 circularon por las calles de la ciudad de Valencia en la que fue una de las imágenes más famosas del golpe de Estado. Imagen que simbolizó también la ocupación de la III Región Militar por unidades del Ejército, y que no sólo se limitó a la ciudad de Valencia, sino que incluyó también el resto de las provincias de esta región militar: Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. Esta operación, estrictamente militar, hasta el extremo de que se prohibió cualquier manifestación de la extrema derecha representada por el partido Fuerza Nueva, se denominaba Turia, y formaba parte de una más amplia, cuyo objetivo era convertir al general de división Alfonso Armada Comyn en presidente de un Gobierno de concentración nacional, integrado por los principales partidos del arco parlamentario. Si hubiera alcanzado el éxito, el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, se habría puesto a las órdenes del nuevo presidente del Gobierno, habría pasado a convertirse en presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y, por tanto, en la máxima jerarquía militar española; así como el Gobierno salido del golpe de Estado habría procedido a congelar el desarrollo autonómico, a cambiar la política económica, a mejorar las relaciones con la Iglesia católica, a fortalecer el orden público y a desencadenar una ofensiva con todos los medios posibles contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Pero esta operación golpista no incluía, a pesar de lo que se ha dicho, listas de personas que deberían detenerse inmediatamente, ni mucho menos, la posibilidad de ejecuciones inmediatas. En la Europa Occidental de los años ochenta del siglo XX era imposible un golpe de Estado como los que se habían producido en el Cono Sur en los setenta. En todo caso, con este programa, los planificadores de la operación pensaban acabar con la situación de crisis que padecía España en dos años; después de los cuales, el Gobierno presidido por el general Armada habría cesado en sus funciones y convocado elecciones legislativas, acabando así con la situación de excepción existente.

      Sin embargo, el golpe de Estado fracasó, y por esta acción y por su participación anterior en la operación golpista, tres militares destinados en la III Región Militar fueron imputados, juzgados y condenados: el capitán general Milans del Bosch, máxima autoridad de la misma (30 años de prisión); el coronel de Ingenieros diplomado de Estado Mayor Diego Ibáñez Inglés, segundo jefe de Estado Mayor de dicha región militar (10 años de prisión), y el teniente coronel de Infantería Pedro Mas Oliver, ayudante de Milans del Bosch (6 años de prisión). Pero no lo fueron los generales, jefes y oficiales que en todas las comandancias militares de la III Región Militar obedecieron las órdenes de Milans del Bosch –a pesar de su carácter manifiestamente ilegal–, haciendo posible la sublevación completa de este territorio militar; sin que además recibieran ninguna orden contraria desde Madrid.

      El objetivo de esta investigación es explicar la sublevación en todas y cada una de las comandancias de la III Región Militar durante el golpe de Estado del 23-F y la actitud seguida por sus principales mandos durante la misma. Mandos que, en su totalidad, pertenecían a los tres grupos más intervencionistas del Ejército: las promociones de la II República (Milans del Bosch); los Alféreces Provisionales (la mayor parte de los generales de la III Región Militar); y las diez primeras promociones de la Academia General Militar en su tercera época (general Emilio Urrutia Gracia, jefe del Estado Mayor de la III Región Militar, y coroneles y tenientes coroneles de la misma). Mandos cuya actitud demostró, a lo largo de las 16 horas y media en las que se prolongó la ocupación del Congreso de los Diputados, que existía un importante componente golpista en el imaginario colectivo de la mayoría de los generales, jefes y oficiales que componían el Ejército español. Se trata de un conjunto de hechos históricos que nadie ha investigado hasta ahora, y que son clave para demostrar que el golpe de Estado del 23-F fue un proceso más complejo y extenso de lo que se ha explicado hasta el día de hoy.

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