En el año 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales de desarrollo sostenible (ODS), 17 exactamente, para asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, y los incluyeron en su Agenda para el año 2030. Garantizar una educación inclusiva de calidad y la promoción de sociedades justas, equitativas y pacíficas, son dos de los objetivos suscritos. Nuestro Texto Constitucional configura un modelo de educación que tiene como finalidad el pleno desarrollo individual del sujeto, y también su inserción en sociedad, y más concretamente en una sociedad específica, definida por características muy precisas. Por ello, todo ser humano, independientemente de su edad, raza o condición, por poseer dignidad de persona, tiene un derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, a la libre formación de la propia conciencia, y que se acomode a la cultura y tradiciones del país y, al mismo tiempo, se abra a las relaciones con otros pueblos. Una educación de calidad es parte integral del desarrollo sostenible y un facilitador clave de este. Y, en esta dirección, la mediación como mecanismo para la resolución del conflicto, o mejor, como gestión positiva del conflicto, ofrece grandes posibilidades para lograr la formación de ciudadanos respetuosos, dialogantes, buscadores del consenso y capaces, por tanto, de transformar y mejorar la sociedad, y precisamente por ello debería ser parte de la educación, en todos los niveles.
