Economía política de los medios, la comunicación y la información en Colombia. Diego García Ramírez
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regular la economía; y por otro lado, según sea la relación entre los diferentes sectores del capital y las relaciones entre estos y los sectores precapitalistas (régimen de acumulación).
El trabajo que se puede considerar pionero en sentar las bases teóricas y metodológicas para el estudio de la regulación de la comunicación en América Latina sería El mercado brasilero de televisión (Bolaño, 1988/2013). En este se combina la crítica teórica a los abordajes de la relación entre televisión, mercado y tecnología con un modelo propio de análisis aplicado a la realidad brasileña. Aquello da como resultado una periodización de la regulación que va del mercado competitivo al oligopólico y luego a la competencia oligopólica (pp. 107-120), para concluir con la fase de la multiplicidad de la oferta (p. 157 y ss.).
Para complementar lo anterior, Rede Globo, 40 años de poder y hegemonía, de Brittos y Bolaño (2015), describe cómo se configura la estructura oligopólica de los medios en Brasil, el mercado más grande de América Latina, en torno a Rede Globo:
En todo caso, la convergencia tiende a reducir las barreras de entrada, pero la inercia estructural, ligada al mantenimiento de compromisos institucionalizados definidos en el pasado, protege los intereses empresariales hegemónicos. Con la privatización de las telecomunicaciones (…) y con la televisión segmentada e (…) internet el enemigo armó sus trincheras en el territorio doméstico en el que Globo mantiene su imperio. Cada una de las industrias culturales y de la comunicación está marcada por su fuerte presencia: edición literaria, fonográfica, radio, prensa y nuevos medios. (p. 55)
Lo que se muestra en este caso es que la innovación tecnológica, que es el centro de casi todos los enfoques de la regulación en comunicación, está sometida a la inelasticidad institucional en la que priman los intereses de los agentes del poder.
Ahora bien, aunque la regulación sea una teoría, se explica mejor en términos políticos, esto es, observando cómo funciona en la práctica el modo de regulación. Hacia la primera década del presente siglo, en casi todos los países de América Latina había alguna manera de limitar no solo la centralización del capital mediático, sino también la apropiación privada y la participación extranjera. En efecto, grosso modo, según Marín et al. (2012), existen las siguientes regulaciones:
• Limitación a la participación extranjera en los medios nacionales.
• Prohibición de que un mismo grupo mediático concentre la propiedad de varios medios.
• Limitaciones a la oferta de paquetes que lleven un servicio ligado a otro (internet + televisión + telefonía).
• Prohibición de financiación pública a empresas privadas de medios.
• Prohibición de financiación pública a empresas extranjeras de medios o telecomunicaciones.
• Restricción del acceso del capital a una parte de del espectro electromagnético.
• Prohibición del control de medios por grupos económicos no mediáticos.
Todas estas medidas reales y potenciales no han podido, sin embargo, impedir que la concentración sea la regla, por lo menos en América Latina, muy especialmente durante los primeros quince años del siglo XXI.
La expansión de grupos conglomerales que potencia la dirección concentrada del sector infocomunicacional en América Latina en el lapso 2000-2015 se produjo, aunque parezca paradójico, en el mismo momento histórico en el que se desplegó una novedosa producción de regulaciones que postulaban una posición más activa por parte de los Estados y que invocaban a la concentración como un problema de política pública. (Becerra y Mastrini, 2017, p. 193)
Es evidente la importancia del surgimiento del sector llamado infocomunicacional, el cual, aunque se presenta como una convergencia tecnológica (fusión de telecomunicaciones, informática e industrias culturales) y una muestra de la inserción en el desarrollo, desde el punto de vista de la economía política no es más que un proceso de centralización de capital. Como bien lo afirman Becerra y Mastrini (2015), “en América Latina el efecto de la inserción de las telecomunicaciones en los medios refuerza la tendencia a la concentración y a una configuración oligopólica con escasos conglomerados con proyección regional” (p. 191). No es menos importante, para los efectos de la política, la implicación que esto tiene en el pluralismo informativo, en la libertad de expresión y en otros aspectos relacionados con la democracia, aunque sea formal (Coa, 2016).
Las políticas de comunicación en Colombia
La regulación en Colombia siguió caminos separados para las telecomunicaciones y para la radiodifusión durante lo que podemos llamar la modernización o periodo del desarrollo, posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La regulación de las telecomunicaciones
Para el caso de las telecomunicaciones, desde la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) en 1947, adscrita al Ministerio de Correos y Telégrafos, hasta 1994, cuando se adjudica a empresas privadas la operación de la telefonía móvil celular, podemos decir que hubo una regulación de tipo intervencionista. Esto en razón de que el Estado no se limita a cumplir funciones de árbitro, sino que asume funciones de agente económico y político.
A partir de 1994, empieza el proceso de desmantelamiento de las empresas estatales y de retiro paulatino del Estado de las telecomunicaciones en favor del sector privado. En ese año no se permitió la participación de Telecom en lo que era evidentemente el negocio del futuro, la telefonía móvil, aduciendo falta de capital. En 1997 se obliga a Telecom a prestar su infraestructura para que otros operadores puedan prestar servicios de larga distancia y se despoja a la empresa del monopolio sobre ese servicio. Con ello, se empiezan a menguar sus ingresos y utilidades para justificar su privatización. Aun así, la empresa seguía ganando mercado y produciendo ganancias, hasta que por fin en 2004, ya sin argumentos, pero con la decisión de beneficiar a un grupo económico, la empresa fue enajenada por el presidente Álvaro Uribe Vélez a Telefónica de España, que, a su vez, hacía poco había sido privatizada por el gobierno de José María Aznar. No hay ninguna coincidencia en esas dos operaciones, dado el papel de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por Aznar, en la promoción del desmantelamiento de las empresas públicas en América Latina, en lo cual coinciden la ultraderecha colombiana y española (Arróniz, 2008).
A partir de ahí, pasamos a la regulación neoliberal, en la cual el Estado pretende ser solo el árbitro de la lucha de los capitales privados por explotar el negocio de las telecomunicaciones. El último golpe al patrimonio estatal es la adjudicación en 2013 del espectro para la operación de las tecnologías 4G a las mismas empresas de la telefonía móvil: Claro, Movistar, Tigo, Avantel y DirecTV.
En resumen, tenemos: a) un periodo de regulación con presencia del Estado entre 1947 y 1994; b) uno de coexistencia público-privada entre 1994 y 2003, cuando el Estado se despojó de su papel de agente en el sector; y, finalmente, c) un periodo de desregulación, a partir de 2004, en el que los agentes privados como oligopolios imponen su propia regulación, incluidas las barreras de entrada para la competencia.
La regulación de la radiodifusión: del Estado a la sociedad y al mercado
Respecto a la regulación de la televisión, consignamos en Narváez, Romero y Arbeláez (2016, pp. 142-143) lo siguiente: en lo que va de Inravisión a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y de esta a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), es decir, de la década de 1960 a la actualidad, hay una especie de retroceso en la relación entre el Estado y la nación. Esta puede sintetizarse diciendo que, mientras en el primer caso la televisión es un asunto exclusivo del Estado, en el caso de la CNTV hay un cierto viso de representación de la pluralidad de la nación, no solo por la autonomía de la Comisión, sino por la representación territorial (los canales regionales), la representación profesional (todos los agentes que intervienen en la realización y producción de la televisión) y la incipiente representación social que significa la participación de las asociaciones de televidentes y padres de familia, así como de la academia, y el carácter electivo de los representantes.
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