Ciudadanos, electores, representantes. Marta Fernández Peña
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Además, la elección de Químper como representante contó con el rechazo de buena parte de la opinión pública, que denunciaba la incompatibilidad que su cargo como ministro del Gobierno le suponía para aceptar la función de representación parlamentaria: «El señor Químper, pues, por patriotismo, por respeto a las instituciones y por delicadeza, debe apartarse de las filas del Parlamento, y limitar su acción a dirigir desde su ministerio la mayoría con que cuenta».33 Sin embargo, los liberales defendían la «abnegación y patriotismo» de Químper, y afirmaban que estaba «siendo el blanco de los tiros de la calumnia y de la malquerencia; se han confabulado contra él el rencor y el odio».34
Al igual que había sucedido en 1860, en 1867 la prensa se llenó de artículos tanto a favor como en contra de la reunión del Congreso que estaba teniendo lugar y, especialmente, de su objetivo de redactar una nueva constitución. Por un lado, los liberales celebraban la instalación de este Congreso, entendido como «una fuente de esperanzas para la parte honrada y pacífica de la Nación».35 Por otro lado los conservadores expresaban su rechazo hacia los parlamentarios sentados en la Cámara de la siguiente manera:
En algunos de sus miembros no puede ver la expresión genuina del voto popular; en otros verá la tacha de bastardía que deja una inmoral dualidad; y en ninguno de ellos, la cabeza alta y poderosa que domine la de sus compañeros y garantice al país la realización de los santos principios de la democracia.
Había que tener en cuenta, además, la situación que estaba atravesando Perú: la actitud del Gobierno de Pezet ante la amenaza española a las Islas de Chincha se había encontrado con el rechazo de gran parte de la población, lo que sin duda había favorecido la llegada de Mariano Ignacio Prado al Gobierno y la imposición de una Dictadura.36 En este contexto, la prensa afirmaba que,
[...] cuando un país pasa por uno de estos cataclismos que echan por tierra todo lo existente, como sucede hoy en el Perú, y que emprende el trabajo de su reconstrucción, los encargados de él, reciben una plenipotencia absoluta del pueblo que delega en ellos todos sus derechos para que procedan a su voluntad.37
A pesar de este giro liberal, la Constitución de 1867 estuvo poco tiempo vigente, pues su promulgación –el 29 de agosto de 1867– rápidamente fue contestada con una rebelión que partía de Arequipa en defensa de la restauración de la Constitución de 1860, y que pronto se extendió a todos los puntos del país, consiguiendo triunfar. Ya desde el inicio de las sesiones parlamentarias del Congreso Constituyente de 1867, este había contado con el rechazo de buena parte de la opinión pública, especialmente entre los sectores más religiosos. Así, este grupo denunciaba «la hidra antirreligiosa» que se había asentado en la Asamblea.38 Para satisfacción de los grupos conservadores, la Constitución de 1860 fue restablecida en enero de 1868 y conseguiría perdurar hasta 1920, resultando el texto legislativo más duradero de la historia constitucional peruana.
En conclusión, se puede afirmar que la evolución que experimentaron las asambleas constituyentes en Ecuador y en Perú a lo largo de la década de 1860 resultaba disímil. Ecuador iniciaba la década con una asamblea en la que los elementos liberales tenían un espacio más amplio que en la asamblea conservadora que cerraba el periodo. Como se ha visto, esta evolución venía motivada por la coyuntura política que el país estaba viviendo en cada momento, así como por el ascenso progresivo del poder personal de García Moreno. Sin embargo, en Perú se observa un recorrido diferente: mientras que la década comenzó dando un fuerte protagonismo a los sectores más conservadores –en oposición a la trayectoria política anterior–, desde 1866 –y también en consonancia con los acontecimientos que estaba viviendo el país en aquel momento, en el que la independencia nacional estaba siendo cuestionada–, los grupos liberales se hicieron más fuertes, hasta llegar a tomar el poder en el Parlamento de 1867. No obstante, las medidas políticas emanadas de la asamblea de 1867 estarían vigentes por poco tiempo, pues pronto el conservadurismo representado por la Constitución de 1860 volvía a hacerse con el poder.
En cualquier caso, la mayor parte de los individuos que compusieron las asambleas constituyentes de Ecuador y de Perú durante la década de 1860 procedían de grupos sociales muy concretos, pertenecientes a las élites sociales y económicas. En muchos casos, provenían de familias cuyos diferentes componentes (padres, hermanos, primos o cuñados) se habían dedicado o se dedicaban también a la política. Entre las profesiones más comunes de los representantes se encontraban la de juristas y escritores, apareciendo también frecuentemente militares y religiosos –cuya presencia era más amplia en las asambleas de corte más conservador–. En definitiva, se trataba de hombres mayoritariamente blancos, burgueses, ilustrados y enriquecidos. Todos ellos se adscribían a las teorías intelectuales del liberalismo, si bien presentaron algunas diferencias de opinión a la hora de llevar a la práctica dichas ideas, lo cual dio lugar a fértiles debates parlamentarios, especialmente en los meses previos a la promulgación de los diferentes textos constitucionales. Sin embargo, había grupos sociales que no estaban representados en el Parlamento, como los campesinos o los artesanos, así como también se echaba en falta la presencia en el Congreso de los grupos étnicos mayoritarios. Esto se debía a que en la composición de la Asamblea entraba en juego el principio de distinción, por el cual se partía del convencimiento de la existencia de una diferencia fundamental y «natural» entre los representantes y el resto de la población.
EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS
Una vez que conocemos cómo se configuraron las diferentes asambleas que ejercieron el poder legislativo en Ecuador y en Perú durante la década de los sesenta, llega ahora el momento de atender también al modo de funcionamiento de las Cámaras. Para ello, resulta necesario acudir a los reglamentos de debates que regularon el modo de comportamiento de los representantes en las asambleas. Y es que, además de cumplir determinadas calidades personales como criterios de elegibilidad, los representantes debían seguir ciertas normas a la hora de ejercer su acción política en el Parlamento. En este sentido, el ecuatoriano Miguel Uquillas recordaba «la premiosa necesidad de formar o adoptar un reglamento que dirija los debates y organice el interior de las Cámaras».39 El correcto comportamiento de diputados y senadores quedaba fijado, para el caso de Perú, en el Reglamento interior de las Cámaras legislativas, que a pesar de que había sido promulgado en 1853, seguía vigente para el periodo que nos ocupa.40 Por su parte, en el caso de Ecuador, tanto la Asamblea de 1861 como la de 1869 tuvieron que atenerse a las normas establecidas en el reglamento que rigió en la Convención de 1850, si bien cada una de ellas presentó algunas modificaciones.41
Estos reglamentos, junto a otras disposiciones legislativas, establecían que los representantes debían concurrir obligatoriamente a las sesiones parlamentarias –que tendrían lugar diariamente, a excepción de los domingos y festivos–, pudiendo perder el derecho a dietas o incluso los derechos de ciudadanía si incumplían esta norma.42 De hecho, el reglamento peruano incluso imponía la necesidad de pasar lista al comienzo de cada sesión, anotándose el nombre de los representantes que no estuvieran presentes para publicarlo posteriormente en los periódicos. Además, se establecía que si la ausencia de un representante se prolongaba por más de ocho días sin causa justificada, podían ser reemplazados temporalmente: aquí recaía la importancia de elegir diputados y senadores suplentes. No obstante, los discursos parlamentarios ponen de manifiesto que, aunque estaba