El sistema financiero a finales de la Edad Media: instrumentos y métodos. AAVV
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constaba como propietaria de un monte –llamado De la Cañuecla–, que rentaba anualmente entre 200 y 500 s. j.; un soto con su dehesa –situados en la aldea de Zaragoza la Vieja–, arrendados por 600-700 s. j. anuales; varias fincas rústicas situadas en las inmediaciones de la ciudad, cuya rentabilidad total rondaba los 700 s. j.; y, sobre todo, una prolija serie de edificios urbanos –locales comerciales y viviendas– que en conjunto podían proporcionar entre 4.000 y 5.500 s. j. anuales.40
Gastos ordinarios
Dado que la ciudad de Zaragoza se encontraba exenta de exacciones señoriales directas desde poco después de la conquista feudal, el destino prioritario de los recursos ordinarios del concejo venía definido por los costes de mantenimiento de las infraestructuras urbanas y por los gastos originados por la burocracia municipal.41 Dentro del primero de estos dos conceptos, destaca la notable absorción de recursos provocada por el mantenimiento del Puente Mayor, cuya conservación justificaba, de hecho, la acumulación de un patrimonio señorial y fundiario específico, tal y como hemos visto anteriormente. Asimismo, dentro de esta partida, debemos incluir también los gastos cotidianos provocados por el mantenimiento de puertas, muros, calles, canalizaciones de agua y otros elementos. El segundo de los conceptos citados, la burocracia municipal, contenía ante todo los salarios de los oficiales del concejo, junto a los gastos provocados por la actividad diplomática de los magistrados municipales, así como la adquisición de todo tipo de materiales y utensilios de uso administrativo. Aunque ambos capítulos eran ineludibles, lo cierto es que se vieron sometidos a importantes variaciones, ya que, como es lógico, tanto el plano logístico como el burocrático estaban fuertemente sujetos a factores coyunturales.
Los registros contabilizados por los mayordomos Domingo de Flores (1368-1369), Miguel de Azara (1372-1373) y Juan Jiménez de Sinués (1373-1374) nos permiten calibrar el nivel de inversión destinada al mantenimiento del Puente Mayor en tres ejercicios diferentes y, en principio, carentes de problemas específicos en torno a este importante elemento del entramado urbano. Así, sabemos que durante el tiempo de gestión del primero de ellos se gastaron poco más de 7.000 s. j. en la reparación del Puente, inversión que decayó sensiblemente en los dos siguientes ejercicios documentados, en los que el coste de este tipo de obras se movió entre los 1.900 y los 2.400 s. j. Teniendo en cuenta que el conjunto de los ingresos derivados del patrimonio fundiario y señorial del propio Puente rondaba, anualmente, los 10.000 s. j., resulta bastante obvio que en circunstancias normales aquel podía autofinanciarse e incluso reportar un margen de beneficios al concejo, con el que los magistrados podrían hacer frente a otras necesidades.42
El coste anual de las funciones burocráticas y administrativas constituye un aspecto más difícil de valorar, dado que los mayordomos de la ciudad, al menos hasta bien entrada la década de 1370, tan solo gestionaban los salarios de algunos oficiales y trabajadores asalariados por el municipio. Entre ellos, encontramos al encargado del puente, los guardas de varias puertas o el encargado de los muros, pero, sobre todo, a procuradores y abogados contratados para tareas concretas, así como a beneficiarios de retribuciones ordenadas por los jurados sin especificar el motivo y que, probablemente, se justificaban por el hecho de haber prestado este tipo de servicios durante el año. En función de la coyuntura, esta partida de gastos podía variar de forma notable, principalmente a causa de las necesidades diplomáticas del propio consistorio. Este aspecto exigió, por ejemplo, poco más de 1.000 s. j. en 1373-1374, si bien un año antes había absorbido más de 6.000.43
No obstante, aun contando con este tipo de fluctuaciones, el balance anual entre los ingresos y gastos ordinarios solía mantener siempre un cierto equilibrio, aunque ello no significa, evidentemente, que no pudieran producirse desajustes ocasionales entre ambas partidas. Cuando esto ocurría, la solución rutinaria adoptada por los jurados consistía en la obtención de créditos a corto plazo, que se saldaban bien con cargo al ejercicio siguiente o bien mediante la recaudación de un impuesto extraordinario por vía directa, siguiendo la fórmula del compartimento. De este modo, se buscaba que el saldo final siempre resultara positivo, lo que permitía iniciar cada ejercicio sobre el remanente del año anterior. Así, por ejemplo, el mayordomo Juan Jiménez de Valconchán, tras finalizar su gestión en 1367-1368 dejó un saldo de 877 sueldos y 6 dineros jaqueses, cantidad que recibió su sucesor, Domingo de Flores.44
OPERACIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIAS
Como acabamos de ver, los ingresos procedentes del patrimonio de la ciudad permitieron al concejo de Zaragoza tener resueltas, a priori, las necesidades económicas cotidianas. Desde un punto de vista cuantitativo, la suma de todos los conceptos que constituían dicho patrimonio fue, como hemos visto, muy limitada, aunque su rentabilidad en el plano institucional no deja lugar a dudas, al permitir que el consistorio pudiera tener cubiertos onerosos gastos ordinarios y, por tanto, atenuar la carga fiscal soportada anualmente por el municipio. Así, el despliegue fiscal dirigido por los magistrados urbanos solía orientarse, mayoritariamente, hacia operaciones de carácter extraordinario.
De entre todas las operaciones financieras afrontadas por el concejo de forma extraordinaria, aquellas que movilizaron las mayores cantidades de capital se enmarcan en las décadas de 1350 y 1360, y estuvieron justificadas por las guerras que enfrentaron a la monarquía aragonesa con el juez de Arborea en Cerdeña (1354-1355) y, sobre todo, con la monarquía castellana inmediatamente después (1356-1375). La movilización de recursos llevada a cabo, precisamente, en el segundo de los dos contextos citados, elevó sustancialmente los niveles de exacción fiscal, tanto en la capital como en el resto del reino de Aragón y de la Corona, lo que afectó especialmente a las villas y ciudades de realengo. En el caso de la ciudad de Zaragoza y ciñéndonos exclusivamente al periodo de la llamada guerra de los Dos Pedros (1356-1366), este fenómeno se tradujo, en términos cuantitativos, en la movilización de una cantidad global cercana a las 60.000 libras, repartidas entre catorce operaciones diferentes desarrolladas entre mediados de 1356 y finales de 1365. Los principios que justificaron esta ingente actividad fiscal pueden organizarse en torno a tres grandes objetivos: el pago de los servicios pactados en Cortes, la entrega de subsidios otorgados a la monarquía por el concejo (al margen de las asambleas) y la remuneración de las medidas adoptadas para defender la propia ciudad, ya fuese a través del reclutamiento de compañías, ya mediante el acondicionamiento de las murallas y la construcción de artefactos relacionados con la poliorcética. En consecuencia, todas estas operaciones financieras absorbieron una media anual cercana a las 6.000 libras para el conjunto de las unidades fiscales y de 2 libras por cada uno de los fuegos solventes de la ciudad, que podemos estimar, en cifras redondas, en 3.000, incluyendo tanto las parroquias urbanas como a las aldeas.45
El incremento de la presión fiscal soportado por la ciudad de Zaragoza durante los diez años de guerra con Castilla, entre 1356 y 1366, fue asumido a través del sistema de recaudación habitual, esto es, el compartimento entre las unidades fiscales de todas las entidades comprendidas en la ciudad –es decir, las parroquias, las aldeas, los lugares pertenecientes a su señorío y las aljamas– mediante la contribución directa de las unidades fiscales solventes en función de su riqueza (tallas). En efecto, de las catorce operaciones citadas anteriormente, doce fueron resueltas mediante compartimentos e impuestos directos exclusivamente, una de ellas se financió a través de impuestos indirectos y otra más implicó la adopción de un sistema mixto en el que se combinaron ambas soluciones. Resulta significativo que los dos únicos contextos en los que se adoptaron procedimientos de fiscalidad indirecta para obtener, total o parcialmente, la cantidad estipulada, fuesen consecuencia de una decisión adoptada en Cortes y la gestión del impuesto recayese, por lo tanto, en una comisión de diputados emanada de la asamblea. Se trata, en orden cronológico, de una parte del servicio otorgado en las Cortes generales de Monzón de 1362-1363, en el que se combinaron impuestos directos e indirectos, y del concedido en las Cortes de Zaragoza de 1364, donde se empleó preferentemente el impuesto indirecto.46 En cambio, en aquellos casos en los que la decisión pertenecía exclusivamente al concejo, como las cuatro operaciones destinadas a costear las obras de fortificación de la ciudad, o aquella encaminada a sostener una compañía de 160 hombres a caballo entre julio y septiembre de 1362, se canalizaron exclusivamente a través de impuestos directos, compartimentados por el concejo y repartidos entre las distintas entidades