Mercedes Sanz-Bachiller. María Jesús Pérez Espí
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milicias, protagonizaba enfrentamientos violentos con los socialistas y el Gobierno había cerrado temporalmente los centros falangistas y sus órganos de prensa. Todos estos problemas y las discrepancias con la estrategia política de la formación estaban originando las primeras disensiones dentro del partido. Este fue el motivo por el que se convocó el I Consejo Nacional de FE-JONS para el 5 de octubre en el palacete de la madrileña calle Marqués de Riscal. Aquel día, además, Lerroux volvió a formar gobierno, incluyendo en él a tres ministros de la CEDA, se rebeló el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y estalló la huelga general revolucionaria en Asturias. El día 6, José Antonio fue proclamado jefe nacional de FE-JONS y, por la noche, el general Domingo Batet dominó la revuelta catalana y provocó la rendición de la Generalitat, al final de la cual hubo cuarenta y seis víctimas mortales. En Madrid, el día 7 los falangistas salieron del palacete del Marqués de Riscal y, con una pancarta y la bandera nacional tricolor, se fue formando una manifestación espontánea que desembocó en el Ministerio de la Gobernación. Allí José Antonio se reunió con Lerroux, le ofreció su apoyo y le pidió armamento, a lo que este último se negó. José Antonio se subió a unos andamios y pronunció unas palabras de agradecimiento al Gobierno por la actuación en Cataluña, una actuación que se prolongó con la detención de Manuel Azaña, el día 9 de octubre, en Barcelona. Azaña permaneció en un buque prisión hasta el 28 de diciembre, acusado del delito de rebelión, aunque fue liberado por el Tribunal Supremo en esa misma fecha. La cuestión catalana se zanjó, el 14 de diciembre de 1934, con la suspensión del Estatuto de Cataluña. La huelga general asturiana, que había empezado la noche del 5 al 6 de octubre, se desarrolló de manera muy diferente a como había acontecido en Cataluña. Para acabar con ella, el Gobierno recurrió a la Legión y a los Regulares de Marruecos, poniendo al frente de todas las operaciones al general Francisco Franco. El 18 de octubre se rindió el comité revolucionario. Hubo 34 víctimas de la violencia revolucionaria, unas 1.100 ejecuciones sumarias bajo la ley marcial y unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y del ejército.37
Dadas las circunstancias excepcionales por las que había pasado España recientemente, Ramiro Ledesma consideraba que había llegado el momento de tomar el poder por las armas, pero José Antonio se oponía. Al mismo tiempo, el programa político de FE-JONS tomó forma definitiva en los «27 puntos».38 En él se incluía la definición de España como una «unidad de destino en lo universal», se afirmaban los conceptos de patria e imperio y se fijaba como objetivo la anulación de la Constitución republicana y la lucha contra el «separatismo». En manos de un ejército fuerte y numeroso estaría la consecución del imperio español; el Estado sería totalitario, se abolirían los partidos políticos y el Parlamento y los órganos de representación de los españoles serían la familia, el municipio y el sindicato. El Estado sería, en lo económico, nacionalsindicalista, y se organizaría en sindicatos verticales, eliminando así la lucha de clases; el capitalismo y el marxismo serían los enemigos que combatir; se haría compatible la propiedad privada con la nacionalización de la banca y los servicios públicos; el trabajo tendría consideración de derecho y deber, y se buscaría la potenciación del sector económico primario. El Estado y la Iglesia estarían separados, aunque se respetaría la tradición religiosa de España. Finalmente, la aspiración máxima de FE-JONS sería la revolución nacional.
Con el programa clarificado, FE-JONS se negó a sumarse al Bloque Nacional, liderado por José Calvo Sotelo, perdiendo así parte de su militancia derechista y primorriverista, y la financiación de los alfonsinos, que sí se habían sumado a este. Además, Ramiro Ledesma Ramos, en claro desacuerdo con la estrategia del partido, planteó su salida junto a otros miembros como Javier Martínez de Bedoya, que se mostraba hastiado del servilismo y del señoritismo de la Falange madrileña. José Antonio acabó expulsándolos. Onésimo Redondo prefirió consultar a las JONS de Valladolid, avanzando que, fuera cual fuera la decisión del grupo vallisoletano, él la secundaría.39 El 15 de enero se dio publicidad a la escisión, pero Onésimo permaneció a las órdenes de José Antonio.
En paralelo, la situación política en España estaba condicionada por la estrategia de la CEDA40 de ir provocando crisis de gobierno para conseguir que Gil Robles ocupara la presidencia del Gobierno. Dichas crisis, desarrolladas entre noviembre de 1934 y abril de 1935, no consiguieron su objetivo. De hecho, a principios de abril de 1935, Alcalá Zamora nombró otro Gobierno presidido por Lerroux, pero sin la CEDA. Así estaban las cosas cuando la CEDA amenazó con disolver las Cortes, y el 23 de abril las JAP organizaron una concentración en Madrid con la finalidad de conseguir todo el poder para Gil Robles. El resultado se vio el 6 de mayo, cuando Lerroux formó un nuevo Gobierno en el que la CEDA ocupaba ya cinco carteras ministeriales; Gil Robles obtuvo el Ministerio de la Guerra y nombró inmediatamente al general Francisco Franco como jefe del Estado Mayor Central.
Dadas las circunstancias, Onésimo Redondo pensaba en la posibilidad de constituir un grupo político de apoyo al Ejército que estuviera liderado por Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera,41 aunque seguía preocupado porque el falangismo vallisoletano seguía a José Antonio y él se vio obligado a cerrar su semanario el día 20 de mayo de 1935 por una orden del jefe nacional.42 Los sinsabores que la política proporcionaba a Onésimo, que sin duda revertirían en la vida familiar, fueron compensados en el plano personal durante aquellos días. Mercedes dio a luz, en mayo de 1935, al pequeño Onésimo.43
Mientras tanto, en los primeros días de junio, Lluís Companys y los miembros de su Gobierno fueron condenados a 30 años de prisión por rebelión militar. FE-JONS consiguió, a mediados de 1935, la financiación del fascismo italiano y, con el incremento de los actos propagandísticos y mítines, pudo ampliar lentamente sus efectivos. A principios de julio, se aprobó la contrarreforma agraria. El 25 de septiembre Joaquín Chapaprieta44 formó gobierno y, un mes después, dimitieron los miembros del Gobierno del Partido Radical por la trama de corrupción Strauss-Perl. Días después dimitió Chapaprieta y Manuel Portela Valladares formó gobierno con independientes y liberal demócratas.
Para entonces, a principios de enero de 1936, el presidente Alcalá Zamora firmó el decreto de disolución de las Cortes y encargó a Manuel Portela Valladares la tarea de organizar nuevas elecciones. A mediados de enero se hizo oficial el pacto de izquierdas del Frente Popular.
El 16 de febrero de 1936 se celebraron las últimas elecciones generales de la República, en las que resultó ganadora la coalición del Frente Popular.
FE-JONS no alcanzó siquiera el 1 % de los sufragios. Manuel Azaña volvió a desempeñar la presidencia del Gobierno y formó un ejecutivo exclusivamente republicano, mayoritariamente con miembros de Izquierda Republicana. A los pocos días de las elecciones se aprobó una amnistía general para todos los presos políticos y sociales, entre los que estaban Lluís Companys y los miembros de su Gobierno, y se restituyeron el Estatuto y la Generalitat de Cataluña, que volvió a presidir Companys. Prácticamente desde el principio, la CNT y la UGT empezaron a reivindicar el aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral y el control sobre las contrataciones y los despidos, lo que originó no pocos conflictos en los lugares de trabajo. La cuestión del reparto de la tierra volvió a situarse en el primer plano político y, así, el Ministerio de Agricultura volvió a autorizar al Instituto de Reforma Agraria para que iniciase la ocupación de fincas para resolver el problema agrario, tal cual había sucedido durante el primer bienio republicano. Al tiempo que esto sucedía, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra organizó la ocupación de unas dos mil fincas en Badajoz desde mediados de marzo. Este fenómeno se repitió en Cáceres, Jaén, Córdoba, Sevilla y Toledo.