INTRODUCCIÓN

      Juan Romero

       Universitat de València

      Durante la última década ha aumentado de forma significativa la percepción ciudadana sobre los niveles de corrupción política en España, sin embargo, se ha prestado menos atención al despilfarro de recursos públicos. Pese a que distintos medios de comunicación también se han ocupado durante estos años de numerosos casos de despilfarro, la percepción sobre esta importante cuestión no es la misma que en el caso de la corrupción. Como mucho el despilfarro se asocia o se identifica en ocasiones con la corrupción cuando esta asociación no siempre es acertada. Tampoco merece el mismo tratamiento jurídico puesto que el despilfarro, como tal, no se considera delito en nuestro ordenamiento. Sin embargo, creemos que esta cuestión merece atención también desde la Geografía por su dimensión (geo)política, económica, social, territorial y medioambiental.

      A juicio de los expertos, los efectos de la grave recesión, seguida de una agenda de importantes recortes sociales, junto a la aparición de centenares de casos de corrupción desvelados o investigados, puestos a disposición de los tribunales de justicia y recogidos por los medios de comunicación, ha contribuido a que la mayoría de ciudadanos perciba la corrupción como nuestro segundo problema colectivo (CIS, Barómetro 2017). En este sentido hacemos nuestros los trabajos recientes de expertos que investigan si la percepción actual guarda relación directa con la importancia real de la corrupción política en la actualidad o si en realidad se trata de actividades delictivas que ocurrieron en el pasado reciente, en especial durante la etapa de mayor desarrollo de la burbuja asociada a los procesos de urbanización y construcción residencial, y sus implicaciones sociales y políticas (véase, por todos, Villoria, 2015; Villoria, Jimeno, Tejedor, 2016; Alcalá, Jiménez, 2017; Alcalá, Jiménez, 2018). Remitimos también a estudios que analizan los posibles efectos económicos y reputacionales que la corrupción política haya podido ocasionar, dentro y fuera de España, en especial en los aspectos considerados hard: calidad institucional, entorno institucional eficaz, uso eficiente de recursos públicos, ética y transparencia (Real Instituto Elcano, 2017).

      Este trabajo, fruto de la investigación de un amplio colectivo de geógrafos españoles de distintas universidades,¹ centra la atención en disponer de una primera aproximación a la dimensión del despilfarro de recursos públicos desde 1995 hasta la actualidad en aquellos ámbitos de las políticas públicas que han movilizado la mayor parte de la inversión pública en los distintos niveles de gobierno, incluyendo también la parte de cofinanciación de proyectos procedente de la Unión Europea.²

      Concretamente analizamos, de una parte, la inversión en infraestructuras impulsadas y ejecutadas por la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias (básicamente ferrocarriles, autopistas y autovías, puertos y aeropuertos y desaladoras), y de otra, infraestructuras, proyectos, eventos e inversiones fallidas, vacías o infrautilizadas acometidas por las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales, así como sobrecostes, rescates o asunción de deudas contraídas, en su caso, que muchos de esos proyectos hayan llevado aparejados. Hablamos de infraestructuras, equipamientos culturales o científicos, parques y ciudades temáticas o inversiones para acoger grandes eventos. En todos los casos a partir de cantidades comprometidas superiores a los 10 millones de euros.

      No se incluye por tanto la totalidad de las inversiones, salvo algún ejemplo muy significativo de sobrecoste en alguna inversión en hospitales o centros educativos por su desproporcionado volumen de gasto público, pero entendemos que puede ayudar a disponer de una primera idea de conjunto sobre el alcance del problema y una cierta perspectiva territorial. No obstante, el trabajo se ha concebido como una primera aproximación inicial, un texto abierto que invita a proseguir con futuras investigaciones dada la complejidad de su estudio, los problemas metodológicos que plantea y la escasez de información oficial actualmente disponible.

      Consideramos el despilfarro no solo muy relevante a la hora de analizar deficiencias institucionales en el proceso de toma de decisiones o en términos económicos, sino que ha probablemente comprometido mayor volumen de recursos públicos, ahora ociosos o infrautilizados, que la corrupción política. En determinados periodos, como el del boom económico 2000-2008, puede haber comprometido, de acuerdo con nuestras estimaciones iniciales, cantidades próximas al 20 % del PIB. Un extraordinario volumen de recursos públicos que, de haberse utilizado de acuerdo con otros criterios, prioridades y finalidad, además de haber contribuido a mejorar en algunos de nuestros mayores déficits, tales como calidad institucional, deficiente gobernanza territorial y bajos niveles de eficiencia y rentabilidad social de muchas inversiones públicas, hoy nos permitiría afrontar los grandes desafíos que nos aguardan mucho mejor equipados.

      En esta introducción, y a modo de síntesis general, abordamos, en primer lugar, algunas precisiones sobre los conceptos de despilfarro y corrupción; en segundo lugar, se hace un balance general de los proyectos impulsados por las diferentes administraciones que entendemos han significado un despilfarro de recursos públicos atendiendo tanto a su infrautilización como a los sobrecostes, y en tercer lugar, se analizan algunos problemas de gobernanza territorial y déficit institucionales que ayudan a entender un volumen de despilfarro que estimamos superior a los niveles de otros países de nuestro entorno, así como sus implicaciones. Tras esta introducción general, diferentes capítulos monográficos abordan ya de forma más extensa cuestiones resumidas en estas páginas introductorias. El capítulo primero, preparado por Juan Carlos Collado, analiza aspectos teóricos referidos a los problemas de medición del despilfarro y la corrupción y sus limitaciones; Joan Vicente Rufí (Universitat de Girona) estudia en el capítulo segundo la Red de Alta Velocidad en España; Dolores Brandis (Universidad Complutense de Madrid) analiza en el capítulo tercero la Red de Vías de Alta Capacidad; Jorge Olcina (Universidad de Alicante) centra la atención en el capítulo cuarto en el nivel de despilfarro y falta de transparencia en dos recursos territoriales básicos: agua y energía; la profesora Carmen Delgado (Universidad de Cantabria) ofrece en el capítulo quinto una aproximación a la geografía del despilfarro en las Comunidades Autónomas del norte de España; Dolores Brandis hace lo propio en el capítulo sexto centrado en este caso en la Comunidad de Madrid; la profesora María Luisa Gómez (Universidad de Málaga) ofrece una síntesis sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía en el capítulo siete; José-León García (Universidad de La Laguna) aborda aspectos referidos a la Comunidad Autónoma de Canarias; finalmente Juan Romero (Universitat de València) cierra este bloque centrado en el estudio de casos con