Bajo esta racionalidad se afirma que la reducción de impuestos a las empresas redunda directamente en reinversión de utilidades y, por ende, expansión económica. Sin embargo, lo anterior no necesariamente se cumple para las economías emergentes. Cuando el ámbito empresarial está invadido por empresas transnacionales, la repatriación de utilidades y expansión hacia nuevos destinos producen comúnmente que los sacrificios de ingresos públicos que representan las reducciones fiscales a las empresas terminen rindiendo frutos fuera de las fronteras. A su vez, las mermas en la captación fiscal reducen la capacidad de amortización de la deuda soberana. Cuando los países gozan de baja capacidad de pago, las variaciones de su déficit público implican, indefectiblemente, incrementos de las tasas de interés de su deuda. A consecuencia de la menor confianza, se afectan en cascada la inversión fija, el consumo interno, el tipo de cambio, el nivel de precios y el producto agregado. Dado que los acreedores financieros focalizan su atención en las variaciones de corto plazo de la relación (deuda/producción), la austeridad reduce al mínimo los grados de libertad para impulsar el crecimiento mediante expansión del gasto corriente e inversión públicos. Así, el propio régimen de austeridad tiende a constituirse como principal factor de desaceleración de la actividad económica. Krugman ha sido claro al enfatizar esta problemática: “en la medida en la que se les esté imponiendo a las economías emergentes, las políticas de austeridad estarán produciendo cada vez peores resultados” (Krugman, 17 de mayo de 2013).

      No obstante, los organismos financieros internacionales continúan promoviendo las “bondades” del régimen de austeridad. Entre éstas, se ha venido enfatizando en los últimos años la sustentabilidad fiscal. Desde la visión del FMI, la búsqueda de la sustentabilidad fiscal no va necesariamente en contra de otras acciones estatales a las que comúnmente se recurre para estimular la economía. A decir del Banco Mundial (BM), los gobiernos de países emergentes cuentan con márgenes de acción suficientes para impulsar la economía bajo esquemas de austeridad. “Grandes pasivos contingentes de largo plazo, como las pensiones con garantía estatal, podrían fácilmente liberarse a través de medidas como el incremento de la edad de jubilación” (Korpi, 2003:440).

      Sin mencionar la reacción social que inducen, planteamientos como el anterior soslayan cuestiones tan fundamentales como que la prolongación forzada de la vida laboral requiere previamente la resolución de las carencias de los servicios públicos de salud. Lo anterior constituye un peso adicional que gravita sobre el presupuesto estatal y que fácilmente puede superar el ahorro que se busca al elevar la edad de jubilación.

      Otros rasgos característicos de la austeridad se relacionan con la inequidad en la distribución de los costos económicos y sociales que implica. La reducción del gasto público no afecta simétricamente a los distintos estratos de la población. Mientras los estratos bajos dependen vitalmente de los servicios públicos y de la existencia de programas sociales, los estratos altos cuentan con alternativas para sortear los efectos de las reducciones al gasto social. Inclusive pueden verse beneficiados si saben aprovechar financieramente las fluctuaciones en los mercados financieros que se generan con los cambios de calificación del grado de inversión y riesgo soberano.

      A partir de que la austeridad comienza a generar sus primeros efectos adversos sobre el crecimiento, la reducción del grado de inversión se constituye como una amenaza adicional sobre las economías emergentes. Las primas adicionales de riesgo que se deben pagar para compensar a los acreedores financieros representan mayor carga sobre el presupuesto público. Ello estrecha aún más los márgenes de acción de la política fiscal.

      El prolongado sostenimiento de un régimen de austeridad en el mundo ha revelado que los supuestos que se aducen para sostenerlo no se cumplen en general. El supuesto de la confianza del consumidor es un ejemplo. Dicho supuesto parte de que los consumidores, al observar la adopción de medidas estatales de austeridad para sanear las finanzas públicas y aligerar el peso relativo de la deuda soberana, aumentarán su nivel de gasto. Lo anterior, bajo la expectativa de que, en un futuro cercano, el gobierno, saneado financieramente, tendrá menor necesidad de cobrar impuestos. La disminución de impuestos hará entonces que los créditos adquiridos no afecten la capacidad de consumo presente.

      No obstante, la realidad muestra que cuando un gobierno adopta un régimen de austeridad, la propensión del consumidor tiende a replicar la conducta austera del gobierno. “Si el gobierno se conduce de esta manera, seguramente es porque se avecinan tiempos más difíciles” (Beetsma, 2015). Así, los recursos financieros disponibles son reservados por los consumidores para cuando la situación económica se vislumbre mejor. Ello reduce el consumo total y por ende el crecimiento económico. Razones análogas hacen que tampoco se verifique el supuesto de la activación de la inversión empresarial. Inclusive las pequeñas y medianas empresas se pueden ver obligadas a contraerse como resultado del aumento de las tasas de interés vinculadas a las altas primas de riesgo que suelen acompañar a los regímenes de austeridad.

      El futuro de la austeridad

      Las grandes vulnerabilidades que ha mostrado el sistema económico se explican solamente por la existencia de fallas estructurales en el mismo. Los trabajos de Piketty han aportado amplia evidencia sobre la progresiva concentración de riqueza que el actual modelo económico genera. La consecuente desigualdad, extendida por todo el mundo, difícilmente podrá ser revertida en un plazo mediano. Lo anterior se acentúa en contextos de poscrisis. Los grandes capitales han encontrado eficaces fórmulas adaptativas que les permiten ir mucho más allá de su recuperación. Para tal efecto, las políticas de austeridad juegan un papel central.

      Alrededor del régimen de austeridad se ha construido un metadiscurso moralista que logró penetrar en prácticamente todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los progresistas. Ello ha contribuido a que dicho régimen adquiera paulatino arraigo. Paradójicamente, tal penetración parece darse también entre los estratos poblacionales con mayores carencias.

      No obstante, para los países caracterizados por altos niveles de pobreza y desigualdad resulta vital que el crecimiento de la economía responda al intenso ritmo de su dinámica demográfica. En estos países, la creciente demanda de servicios de salud y educación, así como las cifras de jóvenes que año con año se suman a la demanda de empleo, son factores que ejercen presiones extraordinarias sobre la economía.

      Pero tanto el crecimiento de la economía como el abatimiento de las desigualdades entre la población dependen fuertemente del nivel y orientación que se le dé al gasto público. La política fiscal pasiva que impone el régimen de austeridad restringe dicho gasto. Como consecuencia inmediata, el potencial de crecimiento económico se reduce.

      A pesar de todo lo anterior hay que decir que existen condiciones para poner límites a la austeridad. La intervención estatal mediante inversión pública sigue siendo la mejor política alternativa. En países como México, que pasan por un período de fuerte liderazgo democrático, existe una ventana de oportunidad para que el gobierno y la sociedad construyan conjuntamente una visión alternativa de futuro. Es fundamental que en dicha construcción prime conciencia sobre los escasos beneficiarios y verdaderos costos sociales que la austeridad trae consigo.

      Hasta ahora la estrategia de “austeridad propuesta para lograr los objetivos de bienestar de la 4T”, reivindicada como la óptima racionalidad en el uso de los ingresos públicos a fin de lograr los objetivos de