CAPÍTULO IV

       La democracia argentina

      Breve historia antes de 1983

      Para quienes tienen menos de cuarenta años, el largo período democrático que transcurre sin interrupciones probablemente sea considerado como algo normal. Para quienes vivimos los gobiernos previos a 1983, ese año es casi fundacional, un antes y un después que sigue marcando no sólo los hechos objetivos del calendario nacional, sino también un cambio decisivo en la conciencia de todos nosotros.

      En 1862, con la reunión de todas las provincias bajo una misma autoridad nacional se inició una continuidad institucional que duró hasta 1930.- Obviamente, no había la democracia tal cual hoy la concebimos, un pequeño grupo de dirigentes controlaba el sistema, había una baja participación de votantes y el fraude no estaba ajeno si las condiciones ameritaban28.-

      En 1916 se eligió por primera vez un presidente mediante el voto secreto y obligatorio, y en 1930 fue interrumpido el más largo proceso institucional a través del primer golpe de estado moderno.

      En rigor de verdad, el sufragio universal –definido como ausencia de restricciones de tipo censitario, étnico o educativo- existe en nuestro país desde las elecciones nacionales de 1857, estando en clara ventaja respecto a las democracias del primer mundo. Obviamente, se entiende como universalidad del voto, el derecho de hacerlo de todos los adultos (en un primer largo período, sólo varones)29.

      La historia argentina moderna muestra los efectos que las secuencias cívico-militares a partir de 1930 produjeron en la nación, y particularmente en el desarrollo de los relacionamientos vitales y políticos del pueblo argentino.

      Desde entonces, entre los golpes militares y la proscripción del peronismo (1955-1973), sólo existen dos períodos en que el sufragio sin condicionamientos pudo subsistir, la década que va desde 1946 a 1955 y el convulsionado tiempo de 1973-1976.

      El relato subsistente hasta nuestros días se esfuerza en determinar por repetición, la concepción maniquea que ha campeado generalmente en el análisis histórico.

      De un lado, los militares que además de hacerse del poder por fuera del ordenamiento jurídico y de los mecanismos electorales, instalaron la violencia material y/o institucional en la gestión gubernativa.

      Del otro, las administraciones civiles nacidas del sufragio, que en los últimos setenta años estuvieron signadas por la presencia inmanente de una concepción política de neto corte criollo, el peronismo, ya sea que éste estuviera en el gobierno o fuera de él.

      Resultaría finalmente paradójico que un movimiento político nacido a partir de los cuarteles, con un líder de alto rango militar y con una práctica de disciplina partidaria castrense, se victimizara ante los golpes de estado y se atribuyera permanentemente la titularidad del espíritu democrático.

      La arraigada conducta de no hacerse cargo de las consecuencias de sus propios actos políticos, el reciclaje permanente de su dirigencia y una notable habilidad para la mutación camaleónica conforme las circunstancias, hicieron del peronismo un actor permanente de la vida institucional argentina, un verdadero “cajón de sastre” que albergara las derechas y las izquierdas, los nacionalistas y los globalizadores, los civiles y los militares.

      Hay que decir, sin embargo, que la violencia política que imperó en la década del setenta y la sangrienta dictadura militar que gobernara el país en el período 1976-1983, marcó de tal modo la convivencia política nacional, que se generó el más largo período de gobiernos elegidos por sufragio desde 1930 y la internalización social de descreer en las soluciones mágicas que vinieran de la mano de los golpes verde oliva.

La reinstauración democrática con Raúl Alfonsín

      “La democracia no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía, que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre, al que hay que darle libertad y justicia social”

       Raúl Ricardo Alfonsin

      El 28 de febrero de 1983, el último presidente militar Reynaldo Bignone, anunciaba al país la convocatoria a elecciones para el 30 de octubre de ese año, y la entrega del poder para el 30 de enero de 1984.

      Muchos fueron escépticos ante el anuncio, pero los partidos políticos comenzaron a reorganizarse y a poner en marcha el aparato electoral interno para elegir sus candidatos.

      El 23 de abril, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral, constituido por 17.892.797 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales el 30% estaba afiliado a algún partido político. El Partido Justicialista era la expresión política con más afiliados, 3.005.355, le seguía la Unión Cívica Radical con 1.410.123.

      Finalmente, luego de dudas y rumores, el 13 de julio se publicó la ley de convocatoria a elecciones para el 30 de octubre.

      La competencia interna en el radicalismo se suscitó entre Raúl Alfonsín –de Renovación y Cambio- y Víctor Martínez –del poderoso y más conservador radicalismo cordobés-, por un lado, y Fernando De la Rúa –de Línea Nacional- y Luis León –Movimiento de Afirmación Irigoyenista.

      Poco a poco, la figura de Raúl Alfonsín fue copando el escenario nacional, y De la Rúa terminó renunciando a su candidatura, lo que posibilitó, en la convención radical del 29 de julio, se oficializara la fórmula Alfonsín-Martínez.

      Mientras Alfonsín denunciaba un pacto sindical-militar para el caso que el peronismo llegara al poder, el Partido Justicialista no acertaba en las preferencias hacia un candidato. Raúl Matera, Antonio Cafiero e Ítalo Luder, competían en medio de una