Ayotzinapa y la crisis política de México. Jorge Rendón Alarcón
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a una política fundada en la Constitución. Con esa pretensión reformista se consolidó entonces no solamente la centralización administrativa, sino además la personalización del poder para dar lugar a ese ejercicio discrecional del mismo que ha propiciado tanto el atraso social como la violencia política en Guerrero, hechos mismos que nos hablan del fracaso del régimen de la Revolución en cuanto a su propósito de promover la justicia social en el país.
Es esa doble herencia del pasado (el fortalecimiento de la centralización administrativa y, con el reformismo de la Revolución, la personalización y discrecionalidad del poder), lo que terminó por afirmar el carácter autoritario y despótico del régimen político mexicano con las consecuencias de las que el estado de Guerrero es hoy ejemplo paradigmático. La política del país se definió y se puso en práctica no desde el pacto constitucional y las instituciones que de él emanan, sino desde la sola voluntad de quien ejerce el poder. Discrecionalidad y corrupción habrían de correr así de manera paralela. Ello violentó y desgastó el orden político impidiendo el ejercicio de los derechos del ciudadano de participar como tal, es decir como ciudadano, en la vida pública. Es ese reformismo que dio origen a los privilegios de la burocracia el que hoy en día parecen disputarse los partidos políticos en México, distanciándose así de una política constitucional en favor de la transformación social del país conforme a los derechos ciudadanos y la soberanía popular.
Son, en resumen, esos viejos hábitos de un ejercicio del poder autoritario, despótico y fuera de la Constitución lo que ha prevalecido en Guerrero con las trágicas consecuencias que hoy conmueven, incluso, más allá de nuestras fronteras. A ello se suma la supremacía histórica del poder central y la discrecionalidad con que se ejerce y que, como decimos, no solamente no se debilitó con el régimen de la Revolución, sino que se potenció a través de un régimen corporativo y jerárquico que descansaba en la voluntad última del Presidente. Para desmontar todo ello ha resultado completamente insuficiente una “transición política” circunscrita, como ya había ocurrido con Madero, a sus contenidos electorales y en última instancia a la distribución de cuotas de poder entre los partidos, pues el problema como vemos se encuentra en una idea de México como nación que no ha sido postulada ni decidida por los mexicanos, sino desde un ejercicio del poder no subordinado a la normatividad constitucional.
El problema de la legitimidad en el ejercicio del poder no sólo no es una cuestión de orden formal, sino la sustancia misma del problema del poder político y su desempeño social, por cuanto da lugar al despliegue efectivo de las potencialidades ciudadanas en la vida social. Es la inexistencia de esa legitimidad lo que ha dado lugar al trastocamiento de la vida pública y al deterioro social en el estado de Guerrero como hoy ocurre, por cierto, en otros muchos lugares del país. En ese sentido, conviene destacar que Guerrero no es una excepción sino solamente la situación más extrema. Ya desde la presidencia de Miguel Alemán los gobiernos de la Revolución se limitaron a propiciar la especulación inmobiliaria en Acapulco en detrimento del desarrollo social y económico del estado en su conjunto. Frente al interés público, el ejercicio de poderes ajenos a la Constitución no ha hecho sino acrecentar los negocios y las fortunas privadas hasta un grado tal que la exclusión y la desigualdad social es hoy, en el siglo XXI, el mayor de nuestros problemas.
Bajo esas condiciones, lo que se gestó en el estado fue una concentración de la riqueza —que hoy nos equipara con las regiones más atrasadas del planeta— y es que las estructuras del régimen de la Revolución no hicieron sino inmovilizar el atraso social y económico del estado al imponer controles corporativos a la demanda campesina y afianzar así el centralismo del régimen. En este caso, el corporativismo resultó eficaz no para resolver las demandas sociales, sino para contenerlas y bloquear la acción organizada y autónoma de los propios ciudadanos, como se manifestó abiertamente en los años sesenta que aquí reseñamos.
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De lo anterior que tengamos que insistir que la democracia efectiva, incluso en sus contenidos más radicales, desde el punto de vista social solamente puede conseguirse cuando se organiza políticamente bajo los presupuestos de la idea misma de la ley que den lugar a la autodeterminación del ciudadano. Sólo entonces parece posible la configuración de una ciudadanía efectiva comprometida con las prácticas e instituciones en las que se reconoce en cuanto resultado de su libre y autónoma decisión para afrontar los pormenores, las disputas y el conflicto de la vida pública y social. Cuando los retos del orden social y político se afrontan desde una ciudadanía que se reconoce en la legitimidad de las instituciones políticas y del derecho, entonces la ciudadanía no solamente se afirma en su propia condición, sino que da lugar también al impulso y desarrollo de la vida social. Lo que ha pasado en el estado de Guerrero —y en todo el país— es exactamente lo contrario: tenemos una sociedad que no solamente no se reconoce en sus prácticas e instituciones, sino que frente a los excesos y la corrupción del poder asume que la normatividad en su conjunto se encuentra viciada por los intereses de esa burocracia política. Es una sociedad desorganizada políticamente la que hoy ha sido sometida por la violencia criminal.
La trasgresión de cualquier forma de legalidad se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, lo que explica la penuria y los desequilibrios de la sociedad guerrerense. De allí también la extrema fragilidad del orden público actual. Cuando se reconoce, por el contrario, que las prácticas e instituciones políticas y el derecho mismo tienen un carácter civilizador en tanto la normatividad constitucional asegura formas de relación social con las que no solamente se identifica el ciudadano, sino que se reconoce en los hechos políticos a los que dan lugar esas normas, entonces el ciudadano puede afirmarse también en un conjunto de libertades que son el resultado de la vinculación de todos a la ley (y desde luego en primer término la subordinación a la ley de los propios poderes políticos), por cuanto todo ello significa la autónoma adhesión a una ley que es el resultado, como dice Jean-Jacques Rousseau, de la voluntad general.
Lo anterior no constituye una simplificación de la realidad política de Guerrero y del país en su conjunto. Por el contrario, reivindicar hoy la legitimidad del orden político como condición misma para afrontarlo es, desde nuestro punto de vista, situar el problema en sus verdaderas dimensiones. Con ello lo que hacemos es reconocer la gravedad de nuestro actual estado de cosas: un sistema educativo en crisis y heredero del corporativismo afianzado hoy por los gobiernos que tendrían que haber llevado a cabo la transición; el agotamiento de los programas sociales del gobierno por la corrupción a que han dado lugar y la inexistencia de instituciones y de un proyecto cultural en gran escala. Todo ello da lugar a la exacerbación de la crisis que vive la sociedad mexicana y en la que ya sólo parece quedar margen para las iniciativas de la misma sociedad.
El resultado —hasta ahora— de una transición circunscrita a la distribución del poder ha sido a lo sumo una nueva repartición del mismo entre los grupos políticos. Estos grupos y partidos políticos, sin el sustento de la legalidad constitucional, no sólo no han propiciado la participación política ampliada de los ciudadanos, sino que han hecho imposible también una nueva práctica del poder donde tengan justificación y cabida las libertades y los derechos ciudadanos: las campañas políticas que hoy tienen lugar en Guerrero, completamente vacuas y ajenas a los problemas de los guerrerenses, son fiel testimonio de lo que decimos.
Para romper con las herencias del pasado es entonces ahora indispensable un gobierno de leyes e instituciones, pues solamente una política constitucional democrática puede dar pie y cabida a la participación ampliada de la ciudadanía conforme a sus libertades y derechos en el ámbito de la vida política del país. Lo que podemos sostener en suma a propósito de la violencia y de un desarrollo social y político fallido en Guerrero, en el último medio siglo, es que ha sido la ausencia de un orden político propiamente constitucional en cuanto al ejercicio legítimo del poder lo que ha dado lugar a la leyenda negra de ese estado. Se trataría ahora, por todo lo anterior, de dar lugar al redescubrimiento ciudadano en la política, condición indispensable de la vida política constitucional. Abrir la democracia a la participación del ciudadano para hacer valer así sus derechos frente a lo que ha sido un orden político cerrado y autoritario es pues, hoy, el reto de Guerrero y de México. El reclamo democrático consiste, por todo ello, en un orden social y político mediado por la legitimidad de la ley y por instituciones fundadas