Entre el pesimismo y la esperanza: Los derechos humanos en América Latina. Sandra Serrano
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índice ciri (Cingranelli-Richards). El aspecto central es que, junto con las políticas públicas (analizadas a partir de los actos legislativos que se desarrollan en cada derecho), los derechos políticos son las variables que más impacto tienen en la explicación del ejercicio de derechos. Dicha cuádrupla de autores explican que, a medida que los regímenes políticos son más autoritarios, se reduce el disfrute de los derechos civiles —como cabría esperar—, pero también es menor el disfrute del derecho a la salud, a la vez que aumentan la población en pobreza extrema, el empleo vulnerable y el desempleo.
Por su parte, Valdés-Ugalde y Flores-Ivich examinan la relación entre la democracia y los dh. A la primera la observan por medio del índice de institucionalización democrática del Polity Project, junto con el índice de derechos políticos de Freedom House. En cambio, a los dh los escrutan esencialmente a través del activismo legislativo, mediante los cambios legislativos en leyes relacionadas con dh. La relación esperada es que, a mayor democracia, más modificaciones en materia de derechos. De ser así, los gobiernos más democráticos estarían más interesados en los dh, por lo que sería esperable que fueran también más representativos.
Valdés-Ugalde y Flores-Ivich encuentran que el número de modificaciones legislativas en materia de dh es mayor en los años noventa, en comparación con los ochenta. Además, que el activismo legislativo de América Latina no es muy distinto del resto de países en el mundo, 4.29 y 4.02 actos legislativos por año, respectivamente. Sin embargo, lo más relevante es que sí hay una correlación entre el nivel de democratización de un país y el número de actos legislativos en materia de dh: a mayor democracia, más activismo legislativo. La mala noticia es que el aumento tanto en la democracia como en el activismo legislativo no necesariamente inciden en un mayor ejercicio de derechos, como los estudiosos observan cuando verifican que no hay correlación entre el activismo legislativo y el ejercicio del derecho a la integridad personal, medido con el índice Cingranelli y Richards.
Organización de la obra
Las preocupaciones que atraviesan este libro se organizan en cuatro partes: la primera, titulada “Metodología para la medición de los derechos humanos”, está integrada por seis capítulos. En la medida en que queremos dar cuenta del ejercicio efectivo de los derechos y, en particular, tanto de las trayectorias existentes entre la institucionalización y el ejercicio de los derechos, como de las relaciones entre dicho disfrute y algunos otros aspectos económicos y políticos, es necesario conocer si nos encontramos en mejores o peores condiciones con el paso del tiempo. Esto supone una medición del ejercicio de derechos, pero ¿cuál es la mejor forma para medirlos? El texto de Todd Landman nos habla de un esfuerzo por medir tanto la protección como el disfrute de dh en el mundo, a partir de la recopilación de información existente, el atlas de dh, que resulta una herramienta de consulta bastante útil para académicos y para el público en general.
La segunda parte, dedicada a “La institucionalización y el ejercicio de los derechos humanos: panorama general”, está integrada por tres textos. Aquí se ofrece una primera aproximación a las relaciones entre la institucionalización de varios dh, la economía, la política y el ejercicio efectivo de esos derechos. En esta parte, el análisis es más agregado.
La tercera parte, “La institucionalización y el ejercicio de los derechos humanos: las brechas existentes”, está compuesta por tres capítulos dedicados al análisis de la relación entre la institucionalización y un derecho en particular: el derecho a la alimentación, desarrollado por Karina Ansolabehere y Ruth Navarrete; los dhl, estudiados por Vázquez, Coutiño y Navarrete, y el derecho a la integridad personal, expuesto por Serrano y Valderrama.
Finalmente, en la cuarta parte, se analizan “Los sistemas de protección: algunos dilemas”. Este acápite también consta de tres capítulos, en los cuales se reflexiona sobre los procesos específicos de la institucionalización de los derechos humanos.
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