Orígenes sociales de los derechos humanos. Luis van Isschot

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Orígenes sociales de los derechos humanos - Luis van Isschot


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a Barranca a hacer parte de los movimientos de esa época.21 En 1927, un movimiento autodescrito como bolchevique, cuya sede estaba en una estación ferroviaria a pocos kilómetros de Barranca, participó en el primer levantamiento comunista en la historia de América Latina, cinco años antes de que Agustín Farabundo Martí tomara las armas en El Salvador. En 1948, barranqueños leales al candidato presidencial populista Jorge Eliécer Gaitán, tras el asesinato de su líder se tomaron el control de la ciudad en lo que se conoce como la Comuna de Barrancabermeja. Durante la guerra civil que se desencadenó, las guerrillas liberales de orientación de izquierda se convirtieron en una fuerza dominante en la región. El conflicto conocido como La Violencia, durante el cual 300 000 personas fueron asesinadas, duró de 1948 a 1958. En ese período, el sindicato de los trabajadores del petróleo fue prohibido y la política popular fue forzada a la clandestinidad. La suma de estos eventos inspiraría de manera directa a los grupos guerrilleros que se formaron en la región durante los años sesenta.

      Movimientos insurgentes armados, particularmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han desempeñado papeles fundamentales en la historia de Barrancabermeja. Durante los años ochenta, se establecieron en la ciudad milicias guerrilleras urbanas de ambos grupos. Previamente, en tanto las guerrillas proclamaban tener operativos en la ciudad, no comandaron ninguna unidad militar capaz de dominar los barrios, como sí lo harían durante los años noventa. El desarrollo de milicias urbanas representó un giro fundamental para lo que hasta aquí habían sido los movimientos en zonas rurales. El ELN en particular se asociaría estrechamente con sus milicias urbanas en Barrancabermeja.22 Tal como se verá, inicialmente las acciones militares de las guerrillas en los alrededores de Barranca en los años setenta incluyeron ataques a las fuerzas de la seguridad y a la infraestructura petrolera, así como secuestros políticos ocasionales. Las depuraciones letales en las guerrillas, de aquellos acusados de traición dentro de sus propias filas, resultarían un factor divisor, tal como lo serían los intentos oportunistas de participar en las protestas lideradas por la sociedad civil. Las guerrillas nunca fueron tan brutales como los paramilitares y los movimientos sociales locales tuvieron la posibilidad de mantener un alto grado de autonomía. No obstante, los grupos insurgentes fueron una presencia influyente. Los combatientes guerrilleros eran principalmente lugareños y gozaban de una amplia, mas no incondicional, simpatía. Pero las acciones de la guerrilla implicaban serios riesgos para los civiles en la ciudad. Cuando llegó la represión del Estado, los miembros de movimientos políticos legales asociados con las FARC (Unión Patriótica) y el ELN (¡A Luchar!) fueron entre los primeros en ser perseguidos. A medida que escalaban las operaciones paramilitares durante los años noventa, las guerrillas multiplicaban sus acciones armadas dentro de la ciudad, incluyendo ataques a puestos y patrullas de la Policía y el Ejército. En este decisivo período, en tanto los grupos paramilitares cerraban el círculo alrededor de Barrancabermeja, las guerrillas incidieron en que se desagregasen los movimientos sociales más antiguos de Colombia.

      Los movimientos populares en Barrancabermeja por décadas se habían centrado en asuntos laborales y de justicia social interdependientes, tal como se pone de manifiesto en la refinería, los campos petroleros y los barrios más pobres de la ciudad. Así, el giro hacia los derechos humanos es una forma de resistencia a la violencia política por parte del movimiento popular de Barrancabermeja, que implicó un significativo cambio discursivo. El léxico de los derechos humanos era nuevo para muchos activistas veteranos aun cuando sus inquietudes a menudo eran articuladas en términos de los derechos laborales, sociales y económicos. De hecho, por generaciones, los barranqueños habían participado en el diálogo con el Estado central y se habían involucrado en regulares batallas legales con respecto a convenciones colectivas, despidos sin justa causa y demás. Los conceptos de detención arbitraria, tortura, asesinato extrajudicial, desaparición y desplazamiento forzado se convertirían cada vez más en parte del lenguaje de la protesta en la ciudad. Estos activistas se apropiaron del lenguaje de los derechos humanos para ayudar a describir la represión a la cual estaban siendo sometidos y así defender sus movimientos. Según la antropóloga Winifred Tate, “violación de derechos humanos” es en sí misma una categoría para hacer que la violencia sea legible socialmente y establecer la rendición de cuentas, además para ubicar actos específicos dentro de historias más amplias.23 Para los activistas de los movimientos sociales asediados en Barranca, la cuestión de los derechos humanos básicos fue inseparable de las cuestiones relativas a la justicia social y económica, la democracia y el desarrollo regional. Lo que unió a los activistas de los derechos humanos en Barranca no fue el estado de violencia como tal, fue el hecho de que la violencia hubiese sido dirigida contra los movimientos populares, así como en contra de ciudadanos comunes y corrientes, como Sandra Rondón. La legitimidad de los activistas de los derechos humanos en Barranca fue, por lo tanto, determinada por las experiencias compartidas por la gente en nombre de quienes ellos hablaban y las comunidades en las que ellos vivían.

      Barranca ha sido descrita como el “corazón del activismo” en Colombia.24 Aunque Colombia ha sido dominada por largo tiempo por los partidos Liberal y Conservador, así como por extensas redes clientelistas asociadas por dichos partidos, Barranca desarrolló una marca propia de inconformismo. La destacada longevidad y combatividad de los movimientos sociales de la ciudad se debe a su historia como un enclave de refinamiento de petróleo y a la generalizada identificación entre los barranqueños con la política nacionalista, obrera y antiestablecimiento.25 En las palabras de Irene Villamizar, quien ha trabajado por décadas como maestra y activista comunitaria en los barrios surorientales pobres: “Aquí este pueblo no es de los ricos”.26 Las entrevistas que llevé a cabo con líderes populares que experimentaron el cambio en dirección a los derechos humanos en Barranca durante los años ochenta revelan una relación directa entre la agitación social, la violencia política y la renovación de la protesta popular. En Barranca, los derechos humanos no fueron ni una utopía ni un simple instrumento, fueron acogidos por una diversidad de fuerzas sociales progresivas y fueron intensamente debatidos. Tampoco desplazaron la cultura de rebeldía que animaba el impulso para alcanzar el cambio.

      Mi investigación examina la intersección del activismo de derechos humanos con el paramilitarismo y los procesos de formación del Estado. El advenimiento de los derechos humanos en los años ochenta alteró el paisaje político de la violencia en el Magdalena Medio. Las protestas realizadas por los movimientos campesinos en la región arrojaron luz sobre los patrones de conducta abusiva de las fuerzas armadas colombianas. A medida que se multiplicaron los esfuerzos para documentar y exponer los asesinatos extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura, lo hicieron también las amenazas en su contra. Esta reacción tuvo lugar en el contexto de una oleada mayor de violencia de contrainsurgencia que arrasó con el campo y llegó a la ciudad para mediados de la década. En Barrancabermeja el uso de automóviles y motocicletas sin placas por asesinos que utilizaban vestimenta de civiles fue denunciado por los activistas de derechos humanos como evidencia de operaciones encubiertas que estaban siendo ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado. La creación de escuadrones de la muerte paramilitares durante este período empañó la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos. Esta fue una continuación de la política del estado de sitio y la exclusión por otros medios, mediante la cual los mandos militares justificaron la supresión de las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional, tal como fue el caso durante los grandes paros de los trabajadores del petróleo y los paros cívicos de los años setenta. El Ejército y la Policía se mantuvieron inquietos respecto al orden público en Barrancabermeja y sus zonas circundantes, pero la principal razón de los asesinatos fue la mayoría de las veces velada. Los activistas de derechos humanos denunciaron estas contradicciones. En su informe de 2005 sobre Barrancabermeja, el Banco de Datos de Violencia Política escribe: “La filosofía de la estrategia paramilitar es salvar las apariencias y confundir, es decir, pretender que el Estado no aparezca como autor de todos estos crímenes sino que los hechos sucios de violencia queden en la incertidumbre de si los hicieron agentes del Estado o lo que han dado en llamar


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