Por el derecho comprender. Henrik López Sterup
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lenguaje y atiende a cinco elementos centrales: ¿qué es el lenguaje claro?, ¿a qué se aplica?, ¿qué busca?, ¿qué lo caracteriza? y ¿a quién está dirigido? El texto se propone como una contribución del Instituto Caro y Cuervo para la consolidación de una definición propia del lenguaje claro que aporte a los propósitos de la Red de Lenguaje Claro – Colombia.
1. ANTECEDENTES SOBRE EL LENGUAJE CLARO
Las primeras remisiones al concepto de lenguaje claro (LC)
aparecieron en el siglo XIX en el Reino Unido. Para entonces, ya se consideraba la necesidad de contar con reglas o estrategias a seguir para la buena escritura en los entes oficiales, tomando ejemplos de mala redacción y concentrándose más en la precisión del lenguaje que en su simplicidad2.
Apenas en la década de los 40, el primer ministro inglés Winston Churchill volvió a abordar el tema cuando solicitó, en un memorando de gabinete de guerra, mayor brevedad en la documentación, pues alegaba que su trabajo requería la lectura de muchos documentos demasiado extensos y eso suponía un gasto de tiempo considerable3. Cerca de treinta años después y en el ámbito civil, iniciaron algunas movilizaciones sociales, generalmente de consumidores que solicitaban entender lo que el gobierno, los bancos e instituciones en general comunicaban. Un hecho trascendental para el nacimiento del LC como movimiento ocurrió en Inglaterra cuando Chrissie Maher, miembro del Consejo Nacional del Consumidor, se percató de la complejidad para diligenciar los formatos para acceder a beneficios sociales, se dedicó a reescribir algunos y a exponer el problema ante el gobierno. La falta de una respuesta pronta la motivó a crear la Plain English Campaign en 19794.
El LC apareció en 1975 en Estados Unidos por la iniciativa de Citibank de redactar claramente los documentos relacionados con créditos para sus clientes5. En 1978 y 1979, el presidente Jimmy Carter aprobó las órdenes ejecutivas 12.044 y 12.174 que invitaban a la claridad en el lenguaje y estableció que los reglamentos y órdenes elaboradas por las instituciones públicas debían ser tan sencillas como fuera posible6. Un año más tarde, se ratificó la New York Plain English Law, el primer caso de legislación en favor del LC en el país7. Casi 20 años después, en 1998, Bill Clinton hizo público un memorando en donde sugirió el uso de LC en textos provenientes del gobierno8 y, ese mismo año, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos lanzó un documento guía para la redacción en LC con grandes repercusiones en los ámbitos comercial y legal: A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents9. Finalmente, en el año 2010, Barack Obama aprobó el Plain Writing Act, un acta que busca oficializar la necesidad de redactar en LC en las agencias federales; aunque aún no se reglamenta ni ejecuta10.
En otros países de habla inglesa como Australia y Nueva Zelanda también se ha trabajado en favor del LC. En el primero, se cuenta con un documento del gobierno que ofrece consejos y orientaciones para la redacción en LC: el Plain English Manual11; mientras el segundo organiza premiaciones como los Plain English Awards12 y dispone de organizaciones de consultoría que ofrecen servicios de capacitación, redacción y acreditación en LC como Write13 y Write Mark14. Por otra parte, la Unión Europea tiene una publicación en distintas lenguas sobre pautas para escribir en LC, denominada How to Write Clearly15 y se encuentra disponible en línea a través de la página web de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
Un caso importante es el de Suecia donde, desde las décadas de los 60 y 70, se trabaja en LC. Este país posee una política para que toda la legislación nacional sea escrita paulatina y sistemáticamente en un código simple y comprensible para los ciudadanos. Según Strandvik16 la comunicación efectiva, clara y comprensible con las personas por parte del Estado es fundamental para la consolidación de la democracia y en este país el LC se considera un medio para que los sujetos puedan ejercer sus derechos y acaten sus deberes, en tanto comprenderán lo que el Estado desea comunicarles. El organismo encargado del control del LC en Suecia es la Secretaría General del Gobierno, un grupo integrado por juristas y lingüistas que, desde 1976, se encargan de revisar las leyes y determinar su calidad de redacción. Como apoyo a su labor, en 2009, fue aprobada y adoptada la Ley Lingüística que propone lograr que el lenguaje administrativo proferido por las instituciones sea cuidado, sencillo y se pueda comprender17.
Finlandia es otro de los países interesados en involucrar el LC en material legal. En 2011, el Instituto para las Lenguas de ese país adelantó una encuesta para conocer la opinión del pueblo sobre quiénes eran los responsables de implementar un lenguaje más sencillo en la administración pública. Los resultados reflejaron que, para la gran mayoría de ciudadanos, los servidores públicos son responsables de hacer de la comunicación pública y sus textos algo más comprensible18. De acuerdo con esto, se han intentado crear estatutos que obligan a las instituciones públicas a usar un lenguaje administrativo claro; pero estas iniciativas han encontrado dificultades para su ejecución, teniendo en cuenta que Finlandia es un país bilingüe y, por ende, se requeriría legislar en cada una de sus lenguas oficiales. No obstante, se dio un avance en 2017 con la publicación del Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli19, un extenso manual para la redacción en LC en sueco.
En los países de habla hispana, el trabajo con el LC ha sido relativamente reciente y se ha adelantado más en algunos países que en otros. El primer caso reconocido es el de España en donde se creó el Manual de estilo del lenguaje administrativo, desarrollado por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1990. El texto expone algunas orientaciones sobre redacción y presentación de la información. En 2009, el Ministerio de Justicia creó la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, encargada de coordinar trabajos de campo en distintas áreas como el discurso escrito para poder analizar documentos y proponer alternativas de mejora. Como producto de esta labor, se elaboró el Informe sobre el discurso jurídico escrito español, una serie de recomendaciones generales para la redacción de documentos judiciales en un lenguaje más sencillo. Posteriormente y sumando los trabajos adelantados en otras áreas, se publicó el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que ofrece recomendaciones para acercar la justicia a la ciudadanía20. Adicionalmente, en el país, existe una organización denominada Lectura Fácil cuyo fin consiste en promover el acceso a la información escrita por la oficialidad por parte de los ciudadanos, pero se concentra en poblaciones en riesgo como adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros.
Otro país con trabajo en el campo es México, donde se utiliza el concepto Lenguaje Ciudadano y se remite específicamente al área administrativa. En el año 2006, la Secretaría de la Función Pública adelantó una iniciativa para escribir toda la documentación de los organismos de la administración pública en un lenguaje sencillo. Gracias a esto, se publicó el Manual de Lenguaje Ciudadano21 como guía para la redacción y se iniciaron capacitaciones a servidores públicos con el fin de motivarlos a adelantar una redacción comprensible para las personas. Las preocupaciones en torno al lenguaje fueron impulsadas con la idea de que su simplificación y clarificación impactaría sobre la reducción de los índices de corrupción. No obstante, con el cambio de gobierno, estas iniciativas perdieron su lugar y fueron desapareciendo de la práctica de los funcionarios. Actualmente, algunas aún se mantienen en espacios como la academia o en organizaciones de carácter privado, tal es el caso del grupo Contexto, que se especializa en escritura y sigue algunas de las pautas dictadas por la Secretaría de la Función Pública. En 2007, se lanzó el Manual de redacción jurisdiccional para la primera sala22. Este no constituyó una guía de LC en sí mismo, pero recogió sus motivaciones en tanto buscó atender a la claridad y a la transparencia como características de un texto que podría ser leído por cualquier persona. Más adelante, en 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey publicó el Manual para la elaboración de sentencias23 con el ánimo de transformar este tipo de textos tradicionales en un código más sencillo para los interesados.
En Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió adelantar acciones para mejorar el conocimiento de las leyes, los derechos y las obligaciones