Seguimos siendo culpables. Mélanie Ibáñez Domingo
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Sus atribuciones son acordes con su carácter de instancia superior: dirimir posibles conflictos de competencias o resolver dudas y dictar instrucciones para la unidad de criterios. En este sentido, debía también cumplir una función de control y de castigo: dirigir e inspeccionar la actuación del resto de organismos competentes y «corregir disciplinariamente». En tercer lugar, podía proponer la creación de nuevos tribunales regionales y/o juzgados instructores provinciales. Y, finalmente, cuando el fallo de las causas por los tribunales regionales no se hiciese por unanimidad o el inculpado –o herederos– interpusiese recurso de alzada, la resolución definitiva sería dictada por el Tribunal Nacional.42
La cúspide a nivel territorial eran los tribunales regionales.43 Se crearon en total dieciocho: uno por cada capital de provincia en que hubiese Audiencia Territorial, a los que se sumaban otros tres radicados en Bilbao, Ceuta y Melilla. Estaban compuestos, además de por los suplentes, por un presidente –militar– y dos vocales: un funcionario de la carrera judicial y un militante de FET JONS44 que fuese abogado. Todos ellos eran nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno según las propuestas realizadas respectivamente por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Secretariado de FET JONS. Cada tribunal regional contaría también con un secretario y su suplente, nombrados nuevamente por la Vicepresidencia del Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.
En los tribunales regionales comenzaban y se resolvían los procedimientos por responsabilidad política. Les competía ordenar la formación de expedientes, así como remitir los testimonios recibidos de la jurisdicción militar en el caso de las sentencias condenatorias por delitos de rebelión militar. Tras concluir la instrucción de las causas debían dictar «sentencia motivada», bien absolviendo o bien condenando; en este último caso, estipulando las correspondientes sanciones. Una vez emitido el fallo, debían velar por la ejecución de la sentencia. Como vértice a nivel territorial, atendían también las consultas y cumplían con funciones de vigilancia y control para la correcta y rápida aplicación de la ley.
Bajo la autoridad de los tribunales regionales se encontraban los juzgados instructores provinciales.45 Eran los encargados de instruir los expedientes. De entrada, debía haber uno por cada capital de provincia, más otros tres en Bilbao, Ceuta y Melilla. No obstante, pronto fueron un número insuficiente y, tras peticiones de varios tribunales regionales, se crearon nueve juzgados más que se sumaron a los 52 ya existentes.46 Cada uno estaba formado por un juez instructor y su secretario, ambos militares propuestos por el Ministerio de Defensa y nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno. Los jueces debían ser militares con titulación de abogados, aunque posteriormente y de forma transitoria se rebajaron los requisitos ante la escasez de personal.47
La ley de febrero de 1939 creó otro tipo de órganos, distintos pero complementarios a los anteriores, que se ocupaban de todo lo relacionado con la ejecución y efectividad de las sanciones económicas. La conformación de un entramado encargado únicamente de la parte económica de la ley puede dar idea de la importancia conferida al expolio y la recaudación.
El órgano superior de esta vertiente es la Jefatura Superior Administrativa.48 El responsable era el mismo presidente del Tribunal Nacional y el resto del personal era designado por el Gobierno o por la Vicepresidencia del Gobierno. Se explicita que su elección se realizará «libremente» o no se indica que fuese propuesto por mediación de ningún otro ministerio o institución. En definitiva, el vértice administrativo –y de control de los beneficios– estaba bien atado desde el propio Gobierno y la Vicepresidencia. Sus funciones tienen que ver con el inventariado, ocupación, administración –enajenar, embargar, vender–, etc., de los bienes. Organizaba un Registro Central de Responsables Políticos y se ocupaba de la «cuenta especial», donde se ingresaban los diferentes réditos que se obtenían. Como órgano superior, se encargaba también de evacuar las consultas.
A cada uno de los tribunales regionales le correspondía un juzgado civil especial.49 Tras la orden del correspondiente tribunal regional se ocupaban de incoar la pieza separada para hacer efectivas las sanciones económicas que no se hubiesen pagado en plazo. Debían formar inventario, practicar las medidas precautorias y embargos necesarios, sustanciarlas y fallarlas, y realizar las ventas de los bienes que les ordenase enajenar la Jefatura Superior Administrativa. Finalmente, se crearon salas especiales en las audiencias territoriales.50 Les correspondía estudiar y valorar las apelaciones que se pudieran presentar en el proceso de resolución de las piezas separadas por parte de los juzgados civiles especiales.
Es evidente el marcado perfil excepcional y político de todo este entramado creado ex profeso. Por ejemplo, las nuevas instancias no dependían del Ministerio de Justicia, sino de Vicepresidencia del Gobierno. El resultado es previsible: una estructura controlada y dependiente cuyos miembros eran escogidos entre los más adictos y afines. Cualquier veleidad de independencia e imparcialidad en la práctica judicial encajan difícilmente con este modus operandi en las designaciones. A este respecto, Nacho Moreno indica que
Los nombramientos de dichas autoridades no fueron casuales, sino que en la mayor parte de ellas habían dado muestras de adhesión a la causa de los militares sublevados, pertenecían a las élites locales o provinciales, o a las redes de clientelismo consolidadas desde hacía años que ni siquiera la República había conseguido alterar. Junto a ellos, encontramos a militares, derechistas y algunos falangistas, a la vez que a hombres de la carrera judicial que tuvieron ocasión de labrarse un futuro político y profesional que de otra forma quizá hubiera sido imposible.51
Este autor ha estudiado los perfiles profesionales, políticos y socioeconómicos de quienes ocuparon las altas instancias de la represión económica en Aragón entre 1936 y 1942 –Incautación de Bienes y Responsabilidades Políticas–. Concluye que el desempeño de estos cargos puede verse como «una recompensa a los servicios prestados a favor del bando sublevado»: habían tomado partido y habían sido parte activa durante la Guerra Civil y por ello fueron recompensados. Además, estos puestos sirvieron de «palanca para el ascenso profesional», así como para tejer, si no existían previamente, relaciones de amistad y clientelismo entre ellos y/o con otras personas influyentes.52
Además, a estos tribunales nítidamente políticos les correspondía aplicar una ley que les dejaba un amplio arbitrio judicial a la hora, por ejemplo, de calificar los hechos y determinar las penas.53
Pero no todas las élites estuvieron igualmente representadas. Es cierto que se optó por una composición mixta de los tribunales en la que estuvieran representados los sectores o «familias» que, desde antes de la aprobación de la ley, pugnaban por el control de la jurisdicción –la composición de los tribunales fue un núcleo duro del debate previo–. Sin embargo, el peso que la ley atribuye a cada facción no es el mismo, ya que la preeminencia de los militares es evidente en la aplicación de esta.54 Como se incidirá en páginas posteriores, son los más representados proporcionalmente y ocupan los puestos clave del entramado represivo a nivel territorial. De esta forma, la Ley de Responsabilidades Políticas implicaba que los militares iban a juzgar y condenar