Ciudadanos, electores, representantes. Marta Fernández Peña
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por los políticos ecuatorianos del momento, era una zona en gran parte desconocida. Como ya se ha comentado, en este territorio residía una población mayoritariamente indígena y analfabeta. Una de las soluciones que se plantearon desde el Estado para paliar estos inconvenientes pasaba por educar a la población iletrada, una tarea que en gran medida ejercieron las organizaciones católicas, en concreto los jesuitas. El diputado José Ignacio Ordóñez –el cual fue además obispo de Riobamba y arzobispo de Quito– exponía así la situación y la solución: «existiendo vastos lugares en estado de barbarie en la banda oriental de la cordillera, lugares en que se aumentaría la población y saldría esta de la barbarie mediante la predicación del evangelio por las misiones que iban a establecerse».107 Igualmente, el representante y también sacerdote Vicente Cuesta afirmaba la necesidad de que la Compañía de Jesús se encargara de «civilizar» a las poblaciones que quedaban fuera de la nación (aunque teóricamente formaban parte de ella):
En balde decimos que los límites de nuestra República son desde el Océano hasta Tabatinga; estos límites solo existen en el mapa, puesto que la verdadera población ecuatoriana está circunscrita a las regiones andinas y a la costa del Pacífico. Las ricas regiones orientales, los grandiosos ríos que las atraviesan en todas direcciones, son aún vírgenes para nosotros. Desengañémonos pues, el interés particular no civilizará el Oriente, como no lo ha hecho hasta ahora, y preciso es dejar esta obra a la caridad cristiana [...]. La Compañía de Jesús en el Oriente sería, además, la salvaguardia de la integridad territorial de la República.108
El debate sobre la permisión de la entrada en el país a los jesuitas, con el objetivo fundamental de educar y civilizar a una gran cantidad de población que vivía en los márgenes de la alfabetización y, por tanto, del sistema político que se estaba construyendo, fue un tema bastante recurrente en Ecuador a lo largo de todo el siglo XIX. Por ello, en los capítulos 6 y 7 se profundizará en la relevancia que tenía el requisito de la alfabetización para obtener el derecho a la ciudadanía en Ecuador, así como en las medidas implementadas en la época garciana para extender la educación en la nación. En la misma línea que Cuesta, el representante Ramón Borrero aseguraba que la llegada de la Compañía de Jesús podía ayudar a que «se civilicen las hordas salvajes que habitan nuestras extensas regiones».109 Los discursos que hablaban de «civilizar» a las «hordas salvajes» tenían sentido en un momento en el que en todo el mundo occidental existía una idealización de la idea de progreso, un progreso tanto moral como tecnológico y material. La educación, por tanto, jugaba un papel esencial en el objetivo de aumentar el progreso de la civilización, un elemento que quedaba patente en el discurso de la comisión encargada de dirimir la idoneidad de la entrada de los jesuitas en Ecuador:
Las misiones y la instrucción pública son las primeras y las más premiosas necesidades de nuestra República ecuatoriana [...] para salir del estado de postración en que se halla sumergida; lo que nuestros pueblos piden para ensanchar sus relaciones comerciales, dar vida a su industria y ponerse en la senda del progreso, lo que la humanidad exige en bien de nuestros infelices compatriotas que viven sumidos en las tinieblas de la ignorancia y del error, y lo que la santa religión predica en favor de los infieles que pueblan nuestros desiertos, insultas y foraces selvas a fin de que salgan de su ignorancia y de sus errores.110
Evidentemente, esta parte de la población considerada ignorante y atrasada, a menudo asociada con la población indígena que vivía alejada de los principales núcleos urbanos, quedaría también al margen de la vida política. Los mismos legisladores blancos, burgueses e ilustrados se encargaron de establecer mediante constituciones y leyes una serie de restricciones a la participación política de aquel gran sector de población. Por tanto, las diferencias territoriales repercutían en el modelo de sistema representativo que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX. Así, por ejemplo, el diputado Toribio Baltazar Mora proponía que el distrito de Quito, «que tiene una Universidad y más establecimientos literarios que los otros, debe naturalmente poseer mayor número de ciudadanos ilustrados, aptos para ejercer los derechos de la soberanía», y por tanto debía tener una mayor representación en el Parlamento.111
También en Perú las diferencias territoriales, étnicas y socioeconómicas estaban relacionadas con la construcción de un determinado modelo político de representación parlamentaria. En este caso, existían profundas diferencias entre las grandes ciudades de la costa –entre las que cabe destacar la capital, Lima– y las zonas rurales del interior. De hecho, la diferenciación entre la costa y la sierra había sido una constante a lo largo de la historia de Perú e influía en la diversidad de su población, como puso de manifiesto el viajero Ephraim George Squier en 1877:
Las características geográficas y topográficas de esta vasta región son singularmente marcadas y notables, y actuaron poderosamente sobre sus habitantes antiguos, como lo hacen en el presente. [...] La antigua población de Perú podía ser dividida entre la gente de la costa y la de la sierra, las principales características de cada una son determinadas por las condiciones físicas de la región en la que habitan.112
Era fundamentalmente en la costa donde se situaba aquella burguesía dedicada a la explotación del guano y al comercio con Europa a través de los puertos. Además, en esta zona se situaban las principales escuelas y universidades, por lo que contaban con un mayor número de población ilustrada. Por otro lado, el interior era un territorio mucho más deprimido económicamente, con un mayor número de población indígena e iletrada, y con considerables problemas en la articulación del territorio debido a la carencia de infraestructuras. Al igual que sucedía en Ecuador, en ocasiones los representantes peruanos también se referían a la población que habitaba estos territorios como «bárbaros» o «salvajes». Así, por ejemplo, en medio de la discusión sobre el número de diputados que debían elegirse en cada departamento según la ley electoral de 1861, el senador Francisco Alvarado Ortiz, representante de la Amazonía, aseguraba que «la provincia de Loreto tiene más de cincuenta mil habitantes, sin contar con los innumerables salvajes que la pueblan».113
En la década de los sesenta, el proyecto nacionalizador se dirigió casi en exclusiva a las zonas urbanas, dejando de lado los núcleos rurales. Lima y otras ciudades costeras fueron las únicas beneficiadas de la explotación guanera, mientras que el mundo rural quedaba al margen del desarrollo económico. Así, el auge guanero produjo, entre otros graves efectos, una fragmentación de la conciencia nacional, pues las diferencias económicas, sociales y culturales entre unas y otras zonas del país eran palpables. En palabras de Ulrich Mücke, y partiendo de los planteamientos de la historia nueva, cuando comienza la guerra con Chile en 1879, Perú no era «una nación moderna y unificada», sino «un mosaico de muchos feudos precapitalistas con una clase burguesa en la capital».114 Además, desde este momento se produjo una fuerte emigración procedente de las zonas rurales del interior del país hacia las grandes ciudades, especialmente Lima. Esto repercutió en un crecimiento y consolidación de la capital peruana, que en los primeros años de la República «aún no había logrado consolidar su hegemonía sobre el resto del país».115 El proceso de emigración iniciado en la segunda mitad del siglo XIX y continuado a lo largo del siglo XX convertiría a Lima en una enorme ciudad inundada de suburbios marginales.
La diversidad socioeconómica y territorial ejerció una profunda influencia en el modo en que los legisladores peruanos imaginaron el sistema político, lo que a menudo se reflejaba en los discursos parlamentarios. Así, por ejemplo, muchos