I. UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAL DE PERÚ Y ECUADOR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Mi análisis sobre la construcción de la representación parlamentaria en Perú y en Ecuador se emplaza en la década de 1860, un periodo en el que en ambos países tuvieron lugar una serie de transformaciones en el ámbito político, social y económico que repercutirían también en el marco legislativo que se empezaba a dibujar en esta época. El sistema representativo pasaba entonces por una etapa de consolidación y desarrollo. Desde el punto de vista político, nos situamos en el comienzo de un periodo de mayor estabilidad, donde los elementos civiles adquirieron protagonismo sobre los aspectos militares. Aunque algunos de los principales líderes políticos del momento –como el peruano Ramón Castilla– procedían del estamento militar, lo cierto es que gobernaron a través de sistemas representativos en los que la Constitución era el pilar fundamental, y no mediante juntas militares. Como afirma Irurozqui, «el hecho de que una trayectoria profesional armada favoreciese a inicios de la República el desempeño de cargos de autoridad o que hubiera militares ocupando cargos de gobierno no equivalía ni a dominación militar ni a gobierno militar».¹ A pesar de ello, en países como Perú el civilismo no se asentaría en el poder hasta la llegada a la presidencia de la república de Manuel Pardo en 1872.² Por otro lado, ambas naciones experimentaron un boom económico, al calor de la explotación de determinados productos –fundamentalmente, el guano en Perú y el cacao en Ecuador–, que ayudaría a colocar sus economías en el mercado internacional. Este auge estaba directamente relacionado con el surgimiento de unas élites comerciales y financieras que empezarían a ocupar un lugar preponderante en la estructura social, y que se irían diferenciando del resto de población en sus estilos de vida. Por último, la diversidad social y económica que caracterizaba a ambos países andinos tenía una estrecha relación con los aspectos geográficos. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX se fue acentuando también una separación entre la población de las grandes ciudades situadas fundamentalmente en la costa y aquella que habitaba las zonas rurales del interior.

      En este capítulo, por tanto, voy a realizar un repaso de los aspectos característicos de Perú y de Ecuador en materia política, económica, social y territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Para llevarlo a cabo, se ha utilizado principalmente un corpus bibliográfico especializado en la historia peruana y ecuatoriana del momento, presentando así un estado de la cuestión historiográfica sobre el tema. No obstante, también se incluyen algunas referencias documentales propias, como ciertos pasquines políticos que circularon en la época e informaban sobre la situación política, artículos de prensa contemporánea, ensayos decimonónicos, correspondencia privada o algunas intervenciones parlamentarias. En definitiva, en estas páginas se trata de presentar el marco general en el que se implantó y desarrolló el sistema político liberal representativo que pretendo analizar en capítulos posteriores.

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Como he comentado, en ambos países, hacia la fecha de 1860-1861 se inició un periodo político diferente al que se había desarrollado anteriormente. En este momento, el sistema liberal representativo implantado desde la independencia de las repúblicas se fue consolidando a través del desarrollo de una legislación que resultó ser la de mayor vigencia de la centuria –al menos, en el caso de Perú–, y que implantó los pilares básicos sobre los que se sustentaría el sistema político en la segunda mitad del siglo XIX. Medidas como la manumisión de los esclavos, la abolición del tributo indígena, la mejora de la educación pública o la amplitud de la libertad de prensa otorgaron el calificativo de «liberales» a los sistemas políticos instalados en estas fechas. No obstante, como se verá en las siguientes líneas, los elementos conservadores gozaron de un gran protagonismo en la mayor parte de la década de los sesenta tanto en Perú como en Ecuador.³

En lo que respecta a Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se dio paso a un sistema representativo liberal no democrático caracterizado por una mayor estabilidad política. Esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo, que se diferenciaba de la etapa anterior, definida por la preeminencia del caudillismo y por las frecuentes guerras civiles. En gran medida, esta nueva etapa estuvo protagonizada por un individuo, Ramón Castilla, que gobernó Perú entre 1844-1851 y 1854-1862. A pesar de su formación militar, Castilla poseía un profundo ideario republicano. Sus principios se basaban en el valor de la Constitución y de las leyes. Así, su deseo era acabar con las guerras civiles que asolaban el país en los años cuarenta, y conseguir la estabilidad política. De hecho, por primera vez desde la independencia, a partir de su mandato comenzaría un régimen político estable conocido como «Pax Andina».⁴ No obstante, también se trataba de un individuo pragmático, que pensaba que la consecución de dicho objetivo solo era posible mediante la creación de un ejército nacional fuerte y cohesionado. En su opinión, mientras se lograba la paz en Perú, el país debía ser regido por una junta de militares. En este sentido, confluían en la persona de Ramón Castilla su experiencia militar y sus principios republicanos y constitucionales.

Todo esto le llevó a participar el 20 de mayo de 1843 en la Revolución Constitucionalista que se desató contra Manuel Ignacio Vivanco, al lado de su amigo y también militar Domingo Nieto. Durante este conflicto Castilla pudo demostrar sus habilidades como estratega militar y como político. Finalmente, los constitucionalistas triunfarían en la batalla de San Antonio (Arequipa). Resulta significativo que la victoria llegase precisamente en este lugar, pues uno de los objetivos de Castilla era integrar las provincias periféricas en el Estado nacional. Procedente de Tarapacá, Castilla sentía una profunda desconfianza por las élites limeñas y su política. A su parecer, era precisamente en la capital donde nacía la desunión del país. Así, una vez que hubo triunfado en Arequipa, donde asumió el mando, su próximo objetivo era la ciudad de Lima. Finalmente, los constitucionalistas vencerían en Carmen Alto el 22 de junio de 1844. Vivanco huyó a Ecuador, mientras que Castilla asumía el cargo de presidente de la república.⁵ Se iniciaría así su primer gobierno, que duraría hasta 1851, y sería retomado posteriormente entre 1854 y 1862.

En 1854 Ramón Castilla sustituyó a José Rufino Echenique como presidente de la República peruana tras el triunfo de su «revolución liberal». Como ha señalado Víctor Peralta, habitualmente la historiografía ha considerado este suceso como liberal porque en él participaron intelectuales liberales como Manuel Toribio Ureta, Pedro y José Gálvez o Domingo Elías. Además, se ha puesto el acento en la consecución de medidas avanzadas como la abolición del tributo indígena o la supresión de la esclavitud, ambos acontecimientos fechados en 1854.⁶ De hecho, esta revolución liberal pretendía llevar a cabo las promesas que se venían realizando desde la independencia del país en 1821: «manumitir a los esclavos, abolir las “castas”, y “liberar” a los indios del tributo».⁷ No obstante, algunos historiadores, como el mencionado Peralta, cuestionan el liberalismo de Castilla y de sus seguidores, y consideran que la denominada «Revolución Liberal» se trató más bien de una «guerra civil»:

[...] el llamado ejército libertador liderado por el general Ramón Castilla apeló con éxito al principio