Madrid cautivo. Alejandro Pérez-Olivares García
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las labores de vigilancia con cédulas de policía, destinadas únicamente a los residentes en la ciudad con anterioridad al 18 de julio de 1936. De esta forma se reforzaba el celo sobre los atentados contra la propiedad acudiendo a las propias casas y los espacios mínimos de sociabilidad: los barrios.19
A finales de 1937, la experiencia de las ocupaciones de Málaga, Bilbao, Santander o Gijón modificó el sentido y la forma en que los sublevados pretendían emplear la violencia. El primer año de guerra había demostrado la importancia de la gestión de la información y documentación del enemigo para convertirse en un instrumento adecuado a un nuevo contexto: el de la ocupación de grandes ciudades. La inserción de algunos organismos como Recuperación de Documentos y Servicios Especiales en un esquema de orden público revelaba una preocupación muy diferente a la del comienzo de la guerra, cuando la limpieza política tras el paso de las columnas de legionarios y regulares tenía como efecto la paralización de la población a través del miedo. En el ecuador de la guerra, la maquinaria punitiva franquista se distanciaba de una serie de prácticas definidas únicamente como exterministas para abordar la compleja cuestión de la ocupación de grandes áreas.20 Ocurría también que las ciudades no permitían las mismas tácticas punitivas: el anonimato, el desconocimiento y la propia escala jugaban en contra de las formas represivas empleadas en 1936. Las últimas instrucciones sobre Madrid, Barcelona y Valencia confirmaban la identidad específica del espacio urbano. Por tanto, tanto el uso de la violencia como su intención se vieron influidos por la contingencia de los retos del ecuador de la guerra, que hicieron más complejas las lógicas de la violencia sublevada (Marco, 2015; Browning, 2004).
La gestión que el incipiente «Estado campamental» franquista desarrolló en las áreas conquistadas fue, asimismo, un campo de prueba para orientar la preocupación por el orden público en diferentes direcciones. Entre las opciones que se barajaron, una era volver los ojos hacia la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera y continuar su gestión del orden. Para ello, en octubre, poco después del derrumbamiento del frente de Gijón, nombró a Martínez Anido jefe de los servicios de Seguridad Interior, Orden Público y Fronteras, dependiente directamente de la Jefatura del Estado. Franco pensó que su perfil era el adecuado para «dar unidad a los servicios de Orden Público y vigilancia de fronteras, toda vez que los resortes de la tranquilidad del país atribuidos a los Gobernadores militares […] impiden en su actual funcionamiento su centralización en un organismo rector».21 Sin embargo, no hay que suponer que la gestión del antiguo gobernador de Barcelona en la década de 1920 fuera completamente plácida. El 20 de diciembre de 1937, la Jefatura de Seguridad Interior, dependiente del Ministerio de Orden Público, envió esta carta a Franco:
Excmo. Sr:
Viene observándose que los Comandantes Militares de las diferentes plazas entienden en los asuntos relacionados con el Orden Público, como una de las atribuciones que les están conferidas; y si ello es lógico en aquellas poblaciones guarnecidas por diferentes unidades militares sí, en cambio, pueden entorpecer la labor del Delegado Gubernativo correspondiente en aquellos puntos donde no haya guarnición.
Por ello, y atendiendo a evitar tales entorpecimientos, motivados por la dualidad de atribuciones, sería conveniente –y así me permito proponer-lo a VE – se dictase una disposición por la cual cesaran en su cometido, por lo que se refiere a los asuntos de Orden Público, los Comandantes Militares pertenecientes a lugares donde no haya guarnición22 (las cursivas son mías).
El «Generalísimo» respondió, lápiz en mano, de manera clara y contundente: «No lo considero conveniente, pues en estado de guerra el Orden Público lo tiene a cargo la Autoridad Militar». 1937, el año de la ocupación de las grandes ciudades del frente norte por el ejército franquista, el del estreno de la Auditoría de Guerra en Málaga, terminaba con la afirmación de un orden público militarizado. La entrada en contacto con el mundo urbano, con sus retos y exigencias, iba a promover nuevas reflexiones en el año siguiente. Madrid había formado parte importante del laboratorio del orden público franquista, pero la planificación de la ocupación debía adaptarse a los espacios de la ciudad.
1.3 ESPECIES DE ESPACIOS
Palacio de la Isla, Burgos. Cuartel General del «Generalísimo». Abril de 1938. Las tropas franquistas acababan de llegar al Mediterráneo, dividiendo el territorio republicano en dos. Entonces, el alto mando militar creyó llegado el momento de completar la ocupación más allá del río Ebro y también en el centro de la península. Para ello, desde este palacio se diseñaron las órdenes más depuradas hasta el momento para concretar la confluencia entre las grandes unidades militares, el servicio de Recuperación de Documentos y la Columna de Orden y Ocupación de Madrid. Y las reflexiones del año anterior, acerca de la necesidad de garantizar el mantenimiento del orden público, siguieron de alguna manera presentes en el Estado Mayor de Franco, que decidió reforzar los criterios de jerarquía. El mando de la Columna de Orden y Policía, dependiente directamente de la Jefatura de Servicios Especiales del Ministerio de Orden Público, pasó a depender de un coronel designado personalmente por Franco. Como había quedado patente en la campaña del frente norte, ahora las autoridades militares se anticipaban a los instantes posteriores a la conquista militar para
proyectar y preparar todos los trabajos de restablecimiento de la normalidad y funcionamiento de los servicios públicos y de investigación y vigilancia en todas las localidades de la Península, a medida que se vayan liberando de la dominación rojo-marxista e intervenir directamente con sus fuerzas, elementos y servicios23 (las cursivas son mías).
Las dudas expresadas en diciembre del año anterior también quedaban saldadas. Salvo para los enlaces, que podían ser paisanos militarizados, todas las demás funciones eran desempeñadas por el Ejército, protagonista absoluto en el control y la vigilancia de las ciudades que debían ser ocupadas. Para asegurar el éxito de las acciones, la Columna disponía de efectivos de la Guardia Civil, Carabineros, Milicias y Batallones de Orden Público, así como de los de Investigación y Vigilancia, Correos y Telégrafos, Abastecimiento, Beneficencia, Sanidad, Electricidad, Agua y Transportes. Asimismo, el casco urbano de las ciudades debía ser dividido en sectores en proporción al número de habitantes para favorecer la efectividad de la acción, coordinada a través de los jefes de sector. La complejidad de las grandes ciudades era, así, asumida por los ocupantes, de dos maneras. Por un lado, el control de las infraestructuras claves en las grandes ciudades pretendía asegurar el mantenimiento del orden en los instantes posteriores a la ocupación; por otro, se hacían con los resortes del control en el espacio urbano, donde el tamaño de las tres grandes capitales que quedaban por ocupar (Madrid, Barcelona, Valencia) favorecía la extensión del anonimato. Para dejarlo claro, se insistía en que «las fuerzas militares y de los servicios de Investigación y Vigilancia quedarán a las órdenes de los jefes de Sector, para ser empleadas en el mantenimiento del orden y los servicios propios de la profesión».
A nivel operativo, la Columna de Orden reproducía los dos frentes activos con grandes ciudades a ocupar y estaba dividida en dos agrupaciones: Centro y Levante. Los mandos de cada una debían designar y distribuir los jefes de sector y una vez decididos tener informado al jefe de la columna de orden y este a la Jefatura de Servicios Especiales, para su aprobación. En el caso de Madrid, y para no restar efectivos a otros cuerpos de Ejército, la intención era aprovechar los nombramientos efectuados para la antigua Columna de Orden y Policía del año 1936 para la agrupación Centro. Los cuadros de mando tenían orden de situarse próximos a los frentes para incorporarse a los puntos donde se necesitaran sus servicios. Una vez más, la rapidez en la adquisición de «datos y antecedentes» era la preocupación central de las autoridades militares, y tanto la jerarquía como la flexibilidad volvían a ser cualidades a valorar. El coronel de infantería Emilio Mayoral Fernández fue el designado para el mando en la agrupación Centro quien, a través