Madrid cautivo. Alejandro Pérez-Olivares García
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y un conductor, un equipo que a través de su jefe debía contactar diariamente con el jefe del Servicio de Recuperación, al que tenía que enviar un informe semanal sobre el curso de las actividades. Las oficinas de clasificación quedaban encargadas de centralizar la labor de los equipos y realizarían una primera labor de clasificación, que habrían de remitir a la Oficina Central. Los equipos de clasificación eran los encargados de recoger la documentación de los jefes de equipo, que debían entregársela en mano.13 Solo la disciplina era aval del éxito del Servicio de Recuperación, que debía entrar junto con las tropas de ocupación. Esto era crucial porque «el trabajo que no se realiza dentro de los cuatro primeros días, deja de tener eficacia», como se afirmaba en el primer párrafo de las «Normas para la entrada en una ciudad ocupada». Las experiencias en Santander y Gijón habían demostrado que era imposible registrar todos los locales en un plazo de tiempo tan exiguo, así que la primera y principal labor de los equipos debía ser la de precintar los domicilios que previamente habían sido seleccionados. Se hacía necesario, además, un servicio de guardia en la puerta de los edificios, con el Servicio de Recuperación de Documentos como el único autorizado para manejarla.14
También se concretaron los recintos que iban a ser registrados. Por supuesto, los edificios oficiales y de organizaciones políticas, los espacios ocupados por el Ejército Popular o sus asesores eran los principales objetivos, pero también se prestaba una cuidada atención a centros culturales, cines, casas de fotografía, editoriales o librerías, así como a redacciones de periódicos o a las casas particulares de líderes políticos.15 Cualquier información sobre los frentes militares, el estado de la retaguardia, la movilización de la población o su compromiso político era de sumo interés para la búsqueda de responsabilidades, como ya había expresado Franco meses atrás. La identificación de los futuros retos y del volumen de trabajo confirmaba la importancia de gestionar la información capturada al enemigo, lo que condujo a Ulibarri a pensar en la necesaria coordinación con otros organismos. En otro documento reservado, titulado únicamente «Recuperación de Documentos», el delegado explicaba que el servicio estaba encargado de proporcionar todos aquellos datos que pudieran ser de interés a todos los organismos del nuevo Estado; en particular para aprovecharlos en relación con la función privativa, es decir, la policía. Por eso el mayor interés estaba puesto en la coordinación con la Auditoría del Ejército de Ocupación, el principal organismo que iba a impartir justicia en los territorios conquistados, «como quiera que la citada Auditoría prepara su sección de información con vistas a actuaciones futuras, es útil el servicio de recuperación ensanchando sus medios de adquisición de datos interesantes».16
El momento de ocupar las grandes ciudades que todavía permanecían en poder de la República había llegado. En el caso particular de Madrid, los dos últimos meses de 1937 son un buen ejemplo de la complejidad de la ocupación que proyectaban en relación con los proyectos anteriores. Fue un momento de máxima complicidad entre la labor reglamentista de Ulibarri y la presión de Ungría por reorganizar los servicios de inteligencia. Había que centralizar, en su opinión, la labor de los diferentes organismos y otorgar al SIM una dimensión política y militar, lo que aumentaría su nivel de trabajo. Para coordinarse mejor con el Cuartel General de Franco, la oficina debía trasladarse a Burgos. Después de los intentos de Ungría durante el verano por convencerle, el Generalísimo aceptó en octubre su propuesta y le dio instrucciones para promulgar toda una serie de medidas secretas que culminaron en la creación, el 30 de noviembre de 1937, del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM).17 Entre los 17 artículos de la orden de creación, destacan por encima del resto los que llamaban la atención sobre la necesidad de homogeneizar todas las secciones de contrainteligencia, de mantener separadas las funciones de los servicios secretos respecto de las que llevaban a cabo las grandes unidades militares, y de proveer de mejores medios económicos y humanos el servicio «para la consecución de los objetivos de sus funciones especiales». Este último punto coincidía plenamente con los temores de Ulibarri como delegado de Recuperación de Documentos, como ya se ha visto. Además, para asegurar el dominio sobre el territorio enemigo, dentro del SIPM existía un Servicio de Vigilancia, Seguridad y Orden Público, que debía controlar la zona de la retaguardia enemiga con unos 30 kilómetros de profundidad. Ocupación y orden público aparecían más estrechamente unidos que nunca, lo que se reafirmaba a través de la responsabilidad exclusiva del SIPM de la retaguardia del enemigo (Heiberg y Ros Agudo, 2006: 93-96).
La preocupación por el orden público se concretó en la delegación de Madrid del Servicio de Recuperación de Documentos, que a la altura de noviembre estaba ya preparada para actuar. Es decir, en el imaginario de los militares, la ocupación de Madrid era un horizonte que alcanzar, si no en 1937, sí para el año siguiente. Con siete equipos de clasificación, parece que las presiones de Ulibarri por aumentar los efectivos dieron sus frutos. La delegación estaba compuesta por cinco secciones, con sus responsables nombrados, más los jefes de Clasificación y de Servicios, encargados del conjunto (tabla 1.3). Y hay que añadir una cuestión importante: el servicio se denominaba «Delegación de Servicios Especiales y Recuperación de Documentos».18
TABLA 1.3
| NOMBRE | CARGO | EMPLEO MILITAR |
| Javier Dusmet | Jefe de Servicios | Coronel auditor |
| Sr. Íñiguez | Jefe de Clasificación | |
| Sr. González de Andía | Jefe 1.ª sección: Políticosocial | |
| Sr. Carrillo de Albornoz | Jefe 2.ª sección: Prensa y Propaganda | Alferez castrense |
| José Gómez | Jefe 3.ª sección: Sectas Secretas | Capitán de la Guardia Civil |
| Jesús Muñoz | Jefe 4.ª sección: Justicia | Alférez del Cuerpo Jurídico |
| Manuel Sanchíz | Jefe 5.ª sección: Militar |
Fuente: CDMH, DNSD, Recuperación, Secretaría, Delegación de Madrid, Caja 11, Expediente 7. Elaboración propia.
La colaboración entre los servicios de recuperación e inteligencia con la justicia militar dio lugar a una reflexión original sobre el orden público que debía imponerse tras la ocupación. El jefe de los servicios era un auditor militar, por lo que la recuperación de documentos se encaminaba definitivamente a la búsqueda de antecedentes y la impartición de justicia en los territorios «liberados». El material recuperado debía ser clasificado en cinco secciones independientes: Político-social, Prensa y Propaganda, Sectas Secretas, Justicia y Militar. De las cinco, tres se destinaban a la creación de un fichero de antecedentes políticos, otra se encaminaba a la puesta en funcionamiento de la justicia de ocupación y tan solo la última estaba en consonancia con las operaciones militares. No fue casual, por tanto, que a mediados de noviembre se elaborase también el «Plan de Orden y Policía para Madrid, Barcelona y Valencia», donde las tres capitales de la República recibían el mismo trato, aunque estaba firmado por los Servicios de Orden y Policía de Madrid (Ejército del Centro). Es un documento importante porque adelanta ocho meses la fecha que se conocía hasta ahora para esta planificación (Gómez Bravo y Marco, 2011: 165-169). En este caso la consigna estaba clara: nadie podía salir o entrar de la ciudad ocupada a menos que dispusiera de un salvoconducto expedido por Franco, el general jefe del Ejército de Ocupación o el jefe de la propia Columna de Orden y Policía. Así la ciudad iba a ser convertida en un espacio cerrado y prácticamente inaccesible, de cara a facilitar la labor de la Auditoría de Guerra y del Servicio de Recuperación, ya que el objetivo principal era la elaboración de un censo provisional de la ciudad. Para ello, todos los ocupantes de pisos, habitaciones y locales estaban obligados a presentarse en las comisarías de distrito y ofrecer una relación jurada de los habitantes, en un plazo máximo de 24 horas. Dentro del mismo plazo había que ofrecer otra relación, esta vez con los bienes muebles existentes en cada casa. Los cambios de residencia y los traslados