La derrota de lo épico. Ana Cabana Iglesia
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Cartillas de Abastecimientos y también tiene un estanco con vecinos inscritos en las Tarjetas de Fumador. El delegado local de Abastos de Xove ordenó que se repartiera el aceite que el establecimiento de José Rodríguez tuviera en existencia pero, como este era de buena calidad, el mencionado individuo compró género de borras y entregó este malo para el racionamiento de los vecinos, a los cuales no sirvió para nada dada su mala calidad (...) hombre conflictivo siempre metido en juicios (...) multa por escándalo público (...) en el año 1950 en forma caprichosa y vengativa elevó las cuotas de arbitrios y varios contribuyentes de la parroquia de Xove, bajando la suya en 30 pts. (...) ruegan no nombren alcalde a dicho individuo.39
En Trabada es la mala relación entre el secretario del ayuntamiento y el jefe local de Falange la que da cobijo a la actitud no colaboradora de la población en la entrega del cupo de cereal. El primero capitaliza el descontento arropando a la población que, manteniendo su negativa a la entrega varios años, provoca la intervención del gobernador civil, que ordena a las autoridades locales que consigan, por lo menos, el 60% del cupo impuesto. Los labradores mantuvieron su negativa amparados por la acción del secretario hasta que el jefe de Falange propone realizar una nueva recogida de cupo ya «sin su intervención». En ese momento los labradores cumplen con la obligación impuesta, si bien logran una rebaja considerable en el cupo.40 María Jesús Souto (1999: 42-43) también ha señalado cómo detrás del apoyo que los curas de varias parroquias del municipio de Castro de Rei dieron a los vecinos que demandaban un reparto de los comunales en una carta que elevan al gobernador civil, puede apreciarse que su postura es una pugna por el poder entre Falange y los «viejos políticos» de la derecha, más allá de evidenciarse que actúan movidos por el interés económico que los curatos tenían en los montes.
Los conflictos institucionales enfrentaron también a las hermandades con otros organismos estatales encargados de hacer efectiva la política económica de intervención de precios y mercados de productos agrarios y factores de producción vinculados a la agricultura (CGAT, SNT o Fiscalía General de Tasas). Se mantuvieron asimismo tiranteces entre las entidades sindicales agrarias y los ayuntamientos alrededor de la fiscalidad local y de la atribución de determinadas competencias. Estos conflictos y desave-nencias tienen su reflejo en la conflictividad de la población. El posicionamiento de las hermandades con respecto a medidas intervencionistas de la economía en ciertas ocasiones supuso una atenuación de las consecuencias negativas de esta y de las medidas sancionadoras que la resistencia ejercida por la población conllevaría sin su intermediación. Estamos hablando de peticiones de condonaciones de multas por atraso en la entrega de cupo e incluso por la negativa a su entrega y de mostrar desacuerdo con las propuestas de cupo para determinadas campañas. Todo ello provocó en alguna ocasión su significativa revisión a la baja, como ocurrió en 1949, cuando 16 hermandades de Pontevedra manifestaron su desacuerdo con el cupo y forzaron –con la ayuda de los dirigentes de COSA– al jefe provincial del SNT a reducirlo.
Coincidimos con Daniel Lanero (2011) cuando indica que esta conflictividad institucional controlada no planteó nunca un ataque directo al régimen político como tal, sino que muestra las discrepancias entre las diferentes instituciones por la lucha constante por el control de los recursos en un contexto de escasez y por gestionar parcelas de poder político. Pero, aun así, ayudaron a recubrir demandas sociales que consiguieron categoría de conflicto y resistencia civil. Quizá uno de los ejemplos más clarificadores sobre una toma de postura de las hermandades para favorecer las demandas sociales lo tenemos en los amillaramientos. Puntualicemos que estas instituciones sindicales participaron en el conflicto, aprovechando el descontento existente, para hacerse con espacios de poder que hasta ese momento les habían estado vetados y, además, defendían los intereses de muchos de sus cuadros que, en su condición de grandes propietarios y contribuyentes, resultaban perjudicados.
La realización de amillaramientos, registros en los que se establece el valor de las propiedades rústicas con la finalidad de repartir, en función de tal valor, el impuesto de la contribución, estuvo en la raíz de una de las resistencias más habituales que se constatan en Galicia a partir de la segunda mitad de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. La Reforma Tributaria de diciembre de 1940 y las disposiciones de la Ley de 26 de septiembre de 1941 habían dispuesto la revisión, conservación y rectificación de los amillaramientos establecidos con anterioridad. Esta legislación, junto a las circulares de mayo de 1943 de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, encomendaba esta tarea a ayuntamientos y diputaciones. Desde el inicio de esta labor la población rural se mostró contrariada por las formas y maneras como se realizaba y activó toda una variada gama de resistencias. Las primeras están relacionadas con la no cooperación con los encargados de confeccionar la información y con la negativa al pago que cada propietario debía realizar en concepto de gasto de la gestión de registrar las propiedades y valorarlas. El malestar se incrementó ante la ineficiencia mostrada en la recogida de datos sobre las propiedades y animales domésticos que debían figurar en el amillaramiento. Los agricultores denuncian dejadez por parte de los gestores, errores en el registro, relaciones de favor con determinadas personas, etc. Actitudes todas ellas que acaban convirtiendo el amillaramiento en un registro falaz que, por serlo, condenaba al pago de un impuesto que no se correspondía con la realidad.
Las muestras de descontento generadas por la confección de los amillaramientos se recogen por toda la geografía gallega y se mantienen estables en el tiempo a lo largo de las dos primeras décadas de franquismo. Sirva como botón de muestra un ejemplo referido a la provincia de Lugo. En 1947 tres labradores de Pobra de Brollón decidieron denunciar ante el Gobierno Civil las irregularidades cometidas por la corporación municipal en el amillaramiento y, en ese mismo año, la práctica totalidad de los vecinos de Abadín incoaron un pleito judicial por el mismo motivo. Tres años más tarde, en el Ayuntamiento de Baleira se presenta una carta en la que se denuncia ante dicha autoridad provincial que «hay gran malestar por lo poco equitativo del mismo [amillaramiento] y se cobraron recibos dos veces en el mismo año». En Guntín, en 1952, los problemas recriminados se refieren a que las autoridades locales reclamaban dinero «en gran cantidad» a aquellos labradores que iban a declarar sus posesiones. En 1955 también decidieron expresar su malestar los vecinos de la parroquia de Doncos (As Nogais), determinación que les resultó negativa, pues, según da cuenta el comisario de Lugo,
amillaramiento: hecho con poco escrúpulo, problemas en Doncos, por darse la circunstancia de que un vecino, siendo uno de los mayores propietarios resultó ser uno de los más favorecidos por el amillaramiento, al verse que este había sido designado como representante pericial, se alteraron un tanto los ánimos y con este motivo varios vecinos que se creían perjudicados, se reunieron algunas veces en As Nogais, en casa de Jesús Núñez Bermúdez (a) «Rucho», quien elevó reclamaciones que se dice no han tenido efecto alguno al ser desestimadas por la Delegación de Hacienda de Lugo, teniendo que abonar los participantes en estas reuniones en concepto de gastos y honorarios ocasionados 1.000 pts. cada uno...41
En la protesta contra las deficiencias de los amillaramientos los labradores contaron con apoyo de las hermandades. Entre 1945 y 1950 van a ser continuadas las alusiones en la prensa sindical y en las asambleas de hermandades provinciales al «carácter francamente abusivo» de aquellos, hasta el punto de crear, caso de la Hermandad Provincial de Pontevedra, una comisión o servicio encargado de preparar un plan de amillaramiento alternativo al de los ayuntamientos y de elevar una queja formal ante la Delegación de Hacienda. El ente sindical argumenta que su postura proclive a favorecer las demandas campesinas en el caso de los amillaramientos es una cuestión de «justicia». Según las conclusiones de la Asamblea Provincial de hermandades de Pontevedra,
No se nos oculta que el campesino de nuestra región ha sido siempre reacio a cualquier reforma tributaria, fenómeno que nada tiene de particular dada la pobreza en que normalmente ha vivido, pero es que en el presente caso no rehúye la aportación de recursos a la ingente tarea económico-social que está llevando a cabo el Estado sino que pide que el reparto de la contribución se haga con justicia y que cada uno pague por