Desde la capital de la República. AAVV
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su oposición armada, ahora forzosamente pasiva a la espera de una nueva oportunidad insurreccional, fueron objeto de represión gubernamental, que se tradujo más adelante en un trato judicial notablemente indulgente. No obstante, esos sectores que seguían contemplando el levantamiento y los que, simplemente, rechazaban la colaboración gubernamental presionaron sobre el conjunto de la CNT catalana, consiguiendo lo que no había producido su exoneración de hecho: que tras poner dificultades al mantenimiento de la CNT en el Gobierno de la Generalitat, acabaran rechazando seguir en él, con el pretexto de que Companys se había extralimitado al incluir en el nuevo ejecutivo a una persona independiente, de su confianza personal –Bosch Gimpera– en contra del criterio anarquista. Esta vez la presión anarquista no fue capaz de seguir bloqueando la situación ni desestabilizando la solución institucional y solo tuvo un efecto boomerang, dejando fuera a la CNT del ejecutivo que había de perdurar hasta el fin de la guerra. De esa decisión, abiertamente criticada por el Comité Nacional de la CNT, se arrepintió muy pronto el Comité Regional de Cataluña, que a la vuelta del verano pasó a reclamar su reincorporación al Gobierno de la Generalitat, en vano ante la oposición a ello del PSUC y de una parte de los republicanos que desconfiaban de ese retorno, entre ellos el propio Companys.
La nueva situación política quedó determinada por la relación entre ERC y el PSUC, que después de mayo pasaron a confrontar, en el debate político y en la gestión gubernamental, sus propias posiciones. El PSUC mantuvo su propuesta de revolución popular y ahora pasó a estar en condiciones de desarrollarla de manera concreta en el ámbito de las transformaciones sociales, al pasar a ocupar Comorera la Consejería de Economía que desde septiembre de 1936 habían ocupado los anarquistas; a su frente, el PSUC se dedicó a desarrollar el espíritu y la letra del pacto del decreto de colectivizaciones, impulsando la parte de intervención institucional contemplado en él, que la CNT había obviado. Por otra parte, el PSUC propuso completar el panorama de transformaciones sociales mediante la municipalización general de la vivienda y una ley reguladora de la explotación campesina que defendía la explotación familiar, aunque con límites, para evitar el surgimiento de una nueva burguesía agraria, un nuevo sistema de explotación cooperativa entre propietarios y asalariados, el carácter voluntario de las colectivizaciones, y una redistribución de la posesión de las tierras para mejorar la situación del campesinado más pobre.
Por el contrario, ERC hizo una revisión crítica del proceso de transformaciones revolucionarias iniciado en julio de 1936, postulando una «rectificación liberal», la congelación de nuevas medidas de transformación social, e incluso una posible revisión de los decretos de colectivización para mejorar la situación de la minoritaria propiedad privada; «rectificación liberal» que había de acompañarse con la reorientación de las prioridades en la relaciones exteriores en beneficio de un mayor acercamiento al gobierno francés y británico. Ni uno ni otro consiguieron la mayor de sus premisas: ERC boicoteó la municipalización de la vivienda y las propuestas agrarias del PSUC, y éste no permitió, con el apoyo en esta cuestión de la CNT, ninguna rectificación sobre el decreto de colectivizaciones. La proyección de la «rectificación liberal» al ámbito de la política exterior, por otra parte, resultó una quimera como consecuencia de la naturaleza de las posiciones de los gobiernos francés y británico sobre la guerra y la evolución de ésta.
La restauración de la autoridad institucional y la recomposición política post-mayo se vieron acompañadas con la plena introducción de Cataluña, de la población catalana, en la dinámica de guerra. La movilización de las quintas hizo que la guerra dejara de ser cuestión de voluntarios y generalizó sus trágicas consecuencias por toda la geografía catalana. Además, como consecuencia de la dinámica general del conflicto, en el verano de 1937, se activó el frente de Aragón con sucesivas acciones republicanas que perseguían reducir la presión de los sublevados sobre el frente del norte. No pudo conseguirse y, por el contrario, el combate de ejércitos empezó a aproximarse a tierras catalanas. Además, Cataluña empezó a ser objeto recurrente de bombardeos por parte de la aviación de los sublevados, que generalizaron el terror entre sus ciudades, muy particularmente en Barcelona, que padeció los ensayos de castigo de la población civil por parte de la aviación italiana. La muerte llegó desde el frente y desde el aire, y se sumó un creciente deterioro del suministro de abastecimientos y su encarecimiento por el bloqueo impuesto contra la República por Hitler y Mussolini, ante la condescendencia franco-británica, que no solo afectaba a los transportes de equipo militar sino también a los de alimentos o material combustible.
La total implicación de Cataluña en la guerra quedó subrayada y potenciada por el traslado del Gobierno de la República a Barcelona, al acabar el mes de octubre de 1937; traslado que, por otra parte, incrementó las tensiones entre ambos gobiernos por cuestiones de competencias y entre los partidos catalanes por su grado de identificación con la política de resistencia de Negrín, compartida por el PSUC, pero no por ERC, inclinada a perseguir soluciones de mediación internacional y alto al fuego, en la línea de las deseadas por Azaña. Paulatinamente, a partir de finales del otoño de 1937, las divisiones sobre el desarrollo de la guerra y la política militar y exterior que había de seguirse se fueron imponiendo sobre las que se habían producido en el pasado acerca de las transformaciones revolucionarias.
Por otra parte, la recuperación de competencias por parte del Gobierno de la República y la centralización de las políticas de guerra, también las del abastecimiento de la población, reforzadas por su instalación en Barcelona, generó un nuevo frente de conflicto sobre la gestión de la producción de guerra y, sobre todo, de los precios y el consumo urbano de subsistencias, que enfrentó parcialmente al PSUC con el Gobierno Negrín –en esos ámbitos sobre todo, no de una manera general–, abriendo una brecha en el seno del frentepopulismo. La política de tasa de precios impulsada por el Gobierno de la República, para proteger el consumo de las poblaciones urbanas castigadas por la carestía y el encarecimiento, repercutió negativamente en el productor campesino, que sintió que no se le remuneraba equitativamente, sumándose ese sentimiento de agravio al de que las levas desorganizaban sin paliativos el ciclo de explotación agraria; el campesinado, incluidos sus sectores populares (antiguos arrendatarios, pequeños propietarios), fue distanciándose de la defensa de la República y derivando su producción hacia un mercado negro favorecido por esa política de tasas, que la respuesta judicial y policial no pudo neutralizar.
El tobogán de la campaña republicana sobre Teruel, iniciada con euforia sobre las posibilidades del ejército republicano y acabada en el más absoluto desastre y decepción, marcaron el paso a una nueva etapa de la guerra, en la que los sublevados empezaron a poner pie sobre Cataluña, invadiendo hasta Lérida las comarcas orientales en marzo y abril de 1938 y dejando a todo el territorio sin el suministro de energía de las centrales hidroeléctricas pirenaicas. El apagón, paliado de manera insuficiente por las centrales térmicas de Barcelona y su comarca, fue la dramática imagen de una Cataluña cuyas energías frente a la sublevación iniciada dos años atrás fueron agotándose de manera irreversible.
DE MARZO DE 1938 A FEBRERO DE 1939. INVASIÓN Y DISYUNTIVAS FRENTE A LA CONTINUACIÓN DE LA GUERRA, AHORA EN TERRITORIO PROPIO
La derrota en Teruel abrió la opción del contrataque sublevado y generó una oleada de derrotismo en el campo republicano. En ERC cundió la idea de que no solo no se podía ganar la guerra, sino que era imposible la resistencia, y Tarradellas, elegido como su nuevo secretario general en febrero de 1938, se dispuso a impulsar una conspiración republicana contra el gobierno de Negrín en el que, cuestiones de competencias y agravios de gobierno aparte, la cuestión del desenlace de la guerra mediante la apelación a una intervención internacional había de ser el nudo central. Companys, por su parte, alentó o protegió otra opción, diferente a la de Tarradellas: la de perseguir por propia cuenta catalana –de los republicanos catalanes, se entiende, ya que ni el PSUC ni la CNT lo compartieron– una intervención franco-británica que o consiguiera el alto al fuego o sustrajera a Cataluña del conflicto bajo un estatuto de protección internacional.
En cualquier caso, una parte importante de la sociedad política catalana se dispuso a abandonar la política de resistencia, contra otra que la defendía –el PSUC–, y una tercera, la de los anarquistas, que se movía en un terreno intermedio, apoyando la resistencia y rechazando cualquier nuevo «abrazo de Vergara»,