Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México. Jorge Enrique Horbath Corredor
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relaciones con la iglesia y, por último, integración subordinada al proyecto hemisférico estadounidense.
Esta reestructuración cambió el país de manera radical, penetrando todos los ámbitos de la vida social; reconfiguró las relaciones sociales, reformó la legislación, reconfiguró códigos culturales y reorganizó la dominación; no solo modificó la pirámide social aumentando la desigualdad sino también destruyó las formas de sociabilidad y de organización colectiva (como el sindicato o el ejido) sustituyéndolas por formas individualizadas y fragmentadas.
“…la reorganización del capitalismo mexicano ha significado la disolución de los lazos protectores implicados en la comunidad estatal, la respuesta espontánea a esta orfandad es el resguardo de la otra comunidad: la de la identidad étnica, la de la rabia compartida ante un horizonte de certidumbres (como la de jóvenes y estudiantes racialmente excluidos y pobres); la del éxodo forzado, tejida en la vivencia del maltrato y humillación-también racial-compartida por los migrañitas (Roux 2005: 245)
Las políticas indigenistas en México
Dado el tipo de régimen político de México, en un primer momento las reformas alentaron la esperanza de un cambio profundo en el sentido de conformación de un nuevo pacto social; al mismo tiempo las movilizaciones se ampliaban las movilizaciones de los sectores de sociedad que buscaban afirmar sus nuevos derechos, entre ellos los pueblos indígenas.
En la historia de México hay distintos intentos de generar instancias de inclusión de los indígenas a la vida nacional. En términos muy esquemáticos se puede reconocer un primer momento signado por los anhelos de modernización y los deslizamientos de la lógica occidental que, al buscar la homogeneidad, tendieron a volver invisible la condición indígena; en un segundo momento, en cambio, la preocupación por la cuestión indígena se estableció a partir del reconocimiento y el respeto de las diferencias; sin embargo, como luego veremos, hay distintos aspectos de la política pública mexicana que permiten observar que dicho reconocimiento es más bien una cuestión formal que efectiva.
Entre estos dos momentos hay uno intermedio (cronológicamente hablando) que es la visión de la integración en el que desaparece prácticamente el concepto de raza y la definición de lo indígena se basa en la cultura y, de manera especial, en la lengua como su rasgo diagnóstico; desde esta concepción de integración, empieza a adquirir sentido la política de desarrollo de la comunidad para lograr hacer integral la acción indigenista.
Pese a las diferencias entre el primer momento y el intermedio, hasta finales de la década de los noventa del siglo pasado las perspectivas planteadas acerca del tema indígena se han caracterizado por responder a una política de Estado denominada como indigenismo que, bajo diferentes modalidades, ha configurado la acción gubernamental de forma unidireccional hacia la población indígena, en un intento por construir una única nación mexicana en la que “todos hablen el mismo idioma”.
Aguirre Beltrán identifica tres políticas indigenistas: una es la política indigenista de segregación que se da durante el régimen colonial en América y que establece una barrera étnica que estructura a la sociedad colonial como una sociedad dividida en castas. La política indigenista incorporativa que surge con la emergencia de los Estados nacionales independientes; tal política se desarrolló bajo el signo de las ideas liberales y la incorporación se sostuvo sobre la base de la libre competencia, la ganancia y la propiedad privada. El objetivo de esta política era “convertir al indio en ciudadano de la nación emergente, concebida ésta como una nación occidental”. Finalmente la política de integración que pretende introducir, desde la diferencia, un elemento de justicia social en la política indigenista (Díaz Polanco, 1979: 18-19). El papel de los tratados internacionales ha cumplido un rol fundamental en esta tarea de la “inclusión” de los distintos grupos indígenas (Rouland, 1999).
El indigenismo puede ser concebido como un “estilo de pensamiento” que forma parte central de una corriente cultural y política más amplia, identificable como el pensamiento nacionalista, pensamiento que orientó el discurso del Estado desde los años veinte a los ochenta del siglo pasado. Es así que se puede reconocer como “indigenista” no sólo a los intelectuales, a las instituciones, a las acciones y visiones de los funcionarios en torno a la política pública hacia los indígenas sino también a los discursos educativos estatales sobre estos temas. Es posible incluir arqueólogos y la producción artística que exalta a las culturas indígenas como origen de la nacionalidad mexicana (Zolla Márquez, 2004). A continuación expondremos las principales características de estos períodos.
Primera etapa de la política indigenista
El primer momento de la política hacia los pueblos indígenas tuvo sus inicios en la Revolución Mexicana de 1910 con un proyecto de construcción de una “nación” que se enfrentaba a la existencia de las comunidades indígenas como un problema, generando la necesidad de estructurar una política que se empeñara en resolverlo. Así surgió la política indigenista que intentó capacitar a los indígenas para que pudieran resolver los problemas que les presentaba su incorporación a una sociedad compleja y pluricultural. De acuerdo a Warman (2003:34), este momento sobre todo se extiende hasta 1939 y se caracterizó por medio de estrategias educativas como la castellanización, que buscaban reemplazar la cultura de las comunidades indígenas por aquella considerada como nacional y propia. En esta etapa lo indígena se definía con el concepto de raza.
Algunos autores entienden esta etapa como el momento preinstitucional del indigenismo, aunque con cierto margen más amplio en la temporalidad (Sámano, 2004). En este periodo destacan tres figuras claves: Manuel Gamio, José Vasconcelos y Manuel Saenz.
El antropólogo Manuel Gamio puede ser pensado como la figura central de la cual surge la raíz del indigenismo moderno en México. En su obra titulada “Forjando Patria” (1916) discute por primera vez la inexistencia de una nación mexicana y la importancia de construir un proyecto nacional para incorporar al indio –categoría usada por Gamio- al grupo social hegemónico a fin de construir una verdadera nación.
“El problema no está pues, en evitar una ilusoria agresividad conjunta de tales agrupaciones indígenas, sino en encauzar sus poderosas energías hoy dispersas, atrayendo a sus individuos hacia el otro grupo social que siempre han considerado como enemigo, incorporándolos, fundiéndolos con él, tendiendo, en fin, a hacer coherente y homogénea la raza nacional, unificando el idioma y convergente la cultura” (Gamio, 1916:10).
La importancia del pensamiento de Gamio no sólo reside en términos de su aporte académico, sino también en el hecho de que a partir de sus propuestas empezaron a materializarse una serie de instancias gubernamentales específicamente dirigidas a la población indígena (Portal-Ariosa y Ramírez- Sánchez, 2010). Tal fue el caso del Departamento de Arqueología y Etnografía de la Secretaría de Agricultura y Fomento creado en 1917. Dicho departamento posteriormente se convertiría en 1919 en la Dirección de Antropología (Gamio fue su director hasta 1924).
Otra figura importante en indigenismo posrevolucionario fue José Vasconcelos. Como Gamio, Vasconcelos consideró que la heterogeneidad étnica en México era un “problema” que debía atenderse para construir una nación homogénea; en su caso la vía para esto fue la educación. Vasconcelos fue nombrado Ministro de Educación en el año de 1920 por el general Alvaro Obregón; al año siguiente se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la que Vasconcelos estuvo a cargo desde octubre de 1921 hasta 1924 (cuando la dejó porque se exilió a Estados Unidos por problemas de índole político).
Entre 1921 y 1923, Vasconcelos procuró que la educación tuviera un sentido nacionalista y culturizante, sobre todo con miras a que la población indígena pudiera integrarse al desarrollo social; su principal meta fue transformar a los indígenas en mexicanos (Arreola Martínez, 2009). Para ello se crearon: la escuela rural, encargada de la campaña de alfabetización; la escuela de la comunidad, que cumplió con la tarea de organizar a las comunidades alrededor de las actividades económicas predominantes en cada región y las “misiones culturales” que buscaron el mejoramiento profesional del maestro