La administración pública del futuro. Juan Carlos Guerrero Fausto
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iniciadas. Es a finales del siglo pasado cuando este modelo logra establecerse en una parte importante del mundo, coincidiendo por una parte la liberalización del mercado y por otra la promoción de la democracia. Tanto el ámbito político como el económico se convirtieron en dos elementos indisolubles cuya coexistencia se consideraba necesaria siempre que el Estado respectivo quisiera formar parte de una realidad globalizadora en que los procesos de integración estarían cada vez más presentes.
A pesar de lo anterior, las desigualdades sociales siguieron presentes y en muchos casos se profundizaron, con lo cual el modelo neoliberal se ha visto severamente cuestionado en los últimos años y ha encontrado alrededor del mundo frentes abiertos que sustentan su posición en el hecho de que las viejas discusiones que supuestamente se verían superadas con el establecimiento de un nuevo modelo no lo estuvieron y los problemas persistieron.
Importantes líderes políticos como Margaret Thatcher o Ronald Reagan y teóricos de la economía como Friedman, Von Hayek y Von Mises fueron defensores y promotores de un modelo en el que la intervención del Estado y de sus instituciones en el mercado sufriría una nueva reducción otra vez, bajo la idea de un “dejar hacer”. También, frente al incremento gradual de los impuestos que era necesario en el modelo del Estado de bienestar para mantener un ritmo de gasto importante, bajo el neoliberalismo se comenzó a propugnar por una reducción de los impuestos, una prestación de servicios públicos a la baja y una participación cada vez más activa de los agentes económicos en la vida cotidiana de la sociedad.
Para el doctor Jaime Cárdenas Gracia, las características jurídicas del modelo neoliberal son las siguientes:
1 Poderes fácticos nacionales y trasnacionales sin límites y controles jurídicos suficientes;
2 Derechos fundamentales sin garantías plenas de realización, principalmente respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;
3 Débil democratización, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia de las instituciones del Estado y de las trasnacionales;
4 Supremacía de los tratados internacionales, principalmente los relacionados con el comercio, las inversiones y la propiedad, por encima de las constituciones nacionales;
5 Mecanismos débiles de derecho procesal constitucional para no proteger con suficiencia los derechos fundamentales de carácter social ni los derechos colectivos;
6 Instrumentos anticorrupción compatibles con los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales;
7 Reducción de la democracia participativa, deliberativa y comunitaria, y con ello, impulso de una democracia electoral manipuladora de los derechos políticos de los ciudadanos;
8 Entrega del patrimonio de las naciones —sus recursos naturales— y de su explotación a los intereses foráneos;
9 Inadecuada defensa de la soberanía nacional, y
10 Implantación del modelo económico neoliberal globalizador para someter al derecho y al Estado nacional en su provecho (Cárdenas Gracia, 2017: 193-194).
Relación de la administración pública con el mercado
Con lo estudiado líneas arriba se puede dejar patente la relación permanente que existe entre la administración pública y el mercado, relación en algunos momentos colaborativa, en otros momentos asumiendo la primera un papel de competidora y también siendo reguladora en otros tantos.
El poder público como aquella parte del Estado que tiene entre sus funciones el diseño de las normas, su aplicación y la resolución de las controversias que puedan surgir en estas relaciones, encuentra precisamente en la aplicación de los preceptos normativos la función administrativa. Esta función es desempeñada por la administración pública, que se encuentra presente, en el caso mexicano, en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos, no solamente en el orden federal sino también en los demás órdenes.
De aquí que se confirme que efectivamente hay una relación de veras muy intensa entre la administración púbica y el mercado, y que seguramente lo seguirá siendo. A continuación se abordarán algunos aspectos de esta relación, en donde la versatilidad y adaptabilidad de ambos debe hacerse presente.
La administración pública como reguladora del mercado
Como parte de un nuevo paradigma en el modelo de Estado, se encuentra que luego de los vaivenes existentes en la relación entre este y el mercado, actualmente se ha dado una explosión en la creación de instituciones públicas que tienen como fin primordial llevar a cabo lo que se conoce como una función regulatoria, para de esta manera promover la libre competencia y la libre concurrencia.
Luego de una etapa en la que se dotó de amplias libertades a los agentes económicos, se tuvo como resultado que, lejos de lograr la creación y el crecimiento de muchos jugadores en los diversos sectores de la economía, se presentó un fenómeno en el que la concentración de la riqueza en algunos agentes económicos los convirtió en factores reales de poder capaces de manipular la oferta y la demanda, logrando imponer condiciones para el intercambio de bienes y servicios, acabando o reduciendo a sus competidores y estableciendo las condiciones a los compradores. Del anterior fenómeno surgió la necesidad de repensar el modelo de Estado, creando instituciones que subsanaran las fallas existentes, a través del ejercicio de importantes facultades que les fueron atribuidas en las constituciones y en la legislación emanada de estas.
En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al Estado regulador como:
[…] el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes —de los órganos políticos y de los entes regulados— para depositar en estas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas (SCJN, 2016).
Las agencias independientes a las que hace alusión el presente criterio han surgido en México bajo distintas naturalezas jurídicas, siendo ejercidas directamente, por ejemplo, por dependencias de la Administración Pública Federal, por órganos desconcentrados de alguna dependencia o incluso por organismos constitucionales autónomos; teniendo que sin duda todos ellos forman parte del grupo de instituciones que llevan a cabo una función administrativa.
Como se puede observar, el Estado regulador es un ejemplo de cómo es que el mercado y la administración pública tienen una estrecha relación. En este caso, ésta última interviene en los casos en que se torna necesario el ejercicio de importantes potestades públicas para brindar cierta equidad a los agentes económicos que participan en algún sector.
La administración pública como empresa versus otros agentes económicos del mercado
A pesar de que durante la etapa en que el neoliberalismo logró su cénit el Estado privatizó buena parte de las empresas de la que era propietario, debe decirse que en algunos sectores de la economía sigue siendo dueño de diversas empresas que han alcanzado una participación en el mercado muy importante y hasta en algunos casos preponderante, pues como sucede en varios países, en México el Estado aún se reserva para él mismo y de forma exclusiva el desempeño de alguna actividad económica.
Sin embargo, desde hace algunos años se ha vivido una marcada tendencia que ha generado que aquellos sectores en los que se permitía constitucional o legalmente la existencia de monopolios se hayan abierto a la competencia de manera gradual.
Por ejemplo, como parte de las reformas estructurales vividas en México en tiempos recientes, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que se conoce como la Reforma Energética.5 En esta reforma se establecieron nuevas reglas del juego respecto del sector energético, especialmente dentro del sector hidrocarburos y del sector eléctrico. Ante la necesidad creciente de energía en un país que aún crece demográficamente y con un cambio en los hábitos de la población, el sector energético requería de cada vez una mayor inversión de recursos que mejoraran la infraestructura