Religión y política en la 4T. Raúl Méndez Yáñez

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Religión y política en la 4T - Raúl Méndez Yáñez


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en la arena pública y generaron estrategias digitales para contrarrestar el avance de las discusiones en torno a la despenalización del aborto en varios congresos locales. Durante 2020 las agendas legislativas no se interrumpieron, pues en varios estados del país, el aborto fue tema de discusión siendo rechazado en San Luis Potosí el 21 de mayo 2020,7 en Guanajuato el 26 de mayo de 2020,8 en Veracruz el 29 de julio 20209 y en Quintana Roo el 2 de marzo 2021.10 Sin embargo, el 30 de junio de 2021 Hidalgo se convirtió en el tercer estado en lograr la despenalización del aborto,11 sólo después de la Ciudad de México y Oaxaca. En otras legislaturas se construyó una política de protección “a la vida desde la concepción”, tal como sucedió en Aguascalientes (12 de febrero de 2021), y también se han formado comisiones de la familia al interior de los recintos legislativos, como es el caso de Querétaro.12 Desde luego, en el cabildeo y las sesiones los grupos antiderechos han hecho acto de presencia y han celebrado “la victoria” como propia.

      Pero la interrupción legal del embarazo (ILE) no ha sido el único blanco de ataque de los grupos llamados Pro-Vida; en este mismo tenor se puede situar la polémica generada con la propuesta denominada “Pin Parental”, una iniciativa trasplantada desde España —propuesta por VOX— y que en México fue impulsada por el entonces diputado local de Nuevo León, Carlos Leal y que ha sido replicada en algunos estados como Querétaro por la también en su momento diputada Elsa Méndez. El Pin Parental, en síntesis, pretendía condicionar el ejercicio del derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, a la autorización previa y expresa de madres, padres y personas que ejercen la tutela para que niños, niñas y adolescentes puedan recibir esos contenidos en las escuelas.

      La Comisión Nacional de Derechos Humanos el 11 de julio de 2020, emitió un comunicado13 que hacía un llamado a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas del denominado Pin Parental en sus leyes estatales, ya que este tipo de propuestas atentan contra las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley general de la materia y las leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derecho cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismos sus derechos. Sin embargo, y aun cuando el 1 de septiembre de 2020 un juez federal ordenó la suspensión definitiva del Pin Parental, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que al menos en 19 de los 32 estados de la república existían propuestas para establecerlo.14

      Para octubre de 2020 otro tema que prendió los focos rojos para las iglesias y sus líderes religiosos, fue cuando la diputada por Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó una iniciativa de ley para modificar el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, encaminada a sancionar a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas por motivo de su identidad sexual o expresión de género, con objeto de evitar ataques desde las organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual.15 Esta propuesta, para algunas iglesias y personas fue considerada como una limitación a su libertad de expresión.

      Con estos ejemplos, queda claro que la agenda de los derechos de la diversidad, así como aquellos que refieren a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la educación sexual integral, así como la garantía de los derechos de las mujeres, son parte de la agenda pendiente del proyecto de la Cuarta Transformación.

      Dentro de los temas electorales es de resaltar que con seis votos a favor y cinco en contra, en septiembre de 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) le regresó el registro al PES bajo un nuevo nombre, Partido Encuentro Solidario. Lo anterior pese a las denuncias que hiciera el consejero presidente, Lorenzo Córdova, por la evidente participación de ministros de culto en sus asambleas. De esta manera la puerta quedó abierta para que Flores Cervantes, quien hasta octubre de 2020 fungió como delegado del gobierno federal para los programas de la Secretaría de Bienestar en Morelos, articule y amplíe su base social proponiendo a figuras públicas como candidatos para contender en las elecciones intermedias: en la lista resalta el cantante Vicente Fernández Junior, el exfubolista del Guadalajara, Adolfo Bautista y el también exseleccionado nacional de futbol, Javier Cruz, por mencionar algunos (La Jornada, 2020; Campos, 2021). Con este perfil de candidatos, buscó construir una imagen amplia atrayendo a votantes más allá de la confesión evangélica, aunque siga manteniendo los principios conservadores que han caracterizado a este partido. Para las elecciones intermedias, en junio de 2021, los candidatos señalados, no obtuvieron el voto esperado, la plataforma política del PES que se declaró como el “partido de la vida y la familia” fue rechazada por la ciudadanía, incluidos los evangélicos quienes, como ya señalamos, desconfiaron del proyecto y le dieron la espalda, lo que Flores Cervantes consideró como traición (Gómez, 2021). Días después de este proceso electoral, en el marco de la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California y Sinaloa, las redes sociales del PES fueron “hackeadas” y se difundieron mensajes de aprobación de la diversidad sexual, de igual manera sus propios logotipos fueron intervenidos con los colores de la disidencia, provocando así las burlas y sátiras de los usuarios quienes no dejaron pasar la oportunidad de evidenciar su desacuerdo con las posturas conservadoras del partido. Finalmente, al momento de escribir esta introducción, el PES está en espera de una resolución para saber si conserva o no su registro, mismo que perderá si no llega al 3% de la votación emitida.

      LA COMPOSICIÓN DE LA OBRA

      Este libro colectivo se conforma de tres ejes temáticos. El primero, denominado “Política, religión y laicidad”, inicia con el texto de Mariana Molina, “Política y religión en la 4T. Cooperación iglesia(s)-Estado. Consecuencias en las políticas sociales”, quien hace una revisión del concepto de laicidad en la historia de México, señalando las necesarias actualizaciones frente a un escenario de cambio, para después problematizar el modo en que las actuaciones de López Obrador debilitan cualquier propuesta de la 4T referente al Estado laico, indicando así algunas problemáticas de la potencial cooperación entre el Estado y las iglesias.

      En el segundo texto, “Secularización y laicidad en la 4T: escenarios de su complejidad”, Ariel Corpus argumenta que la conceptualización de la laicidad, como proyecto político, no se desarticula de la construcción de la secularización como una narrativa que considera a la religión incapaz de tener presencia en lo público, ello en el marco de los acontecimientos que se han cuestionado de la 4T, como la presencia de la religión en lo público. Corpus señala la necesidad de repensar la laicidad a partir de un escenario cambiante, enfatiza por ello que los desfases existentes entre la laicidad como ideal político y argumento jurídico decimonónico no ha considerado el nuevo escenario de lo religioso, que no se limita ni se restringe a lo privado como lo señalaba el paradigma secularizador.

      Por su parte, Raúl Méndez, en “El monopolio moral como estrategia apologética-analógica de la 4T”, analiza cómo el discurso de AMLO parte de un pensamiento analógico donde la 4T representa una serie de atribuciones positivas que establecen una apologética de su gobierno y de todo aquel que se sume a su proyecto. A partir de la teoría antropológica, subraya que este pensamiento analógico no sólo legitima sus acciones, sino también se utiliza para construir adversarios: quienes no están con la 4T, están en contra de ella; los que están con la 4T son los buenos, los que la critican son de la “mafia del poder”; AMLO representa la honestidad, la oposición a la corrupción. Bajo tal pensamiento es que el presidente sostiene a la 4T no sólo como un proyecto político, sino también como un discurso de moralidad. Así, quien está con la 4T, inmediatamente queda absuelto del pasado por el sólo hecho de sumarse a ella; por su parte, quien se opone, carece de las virtudes morales del régimen.

      La primera parte del libro finaliza con el trabajo de Carlos Mondragón González, “Política y religión. Reflexiones sobre los complejos caminos de la laicidad”, donde se recupera la visión americana del concepto de laicidad, entendido como la separación de las iglesias y el gobierno, señalando que el modelo europeo no es el único. Posteriormente argumenta que la laicidad tiene muchas aristas que no se reducen a la intromisión de las iglesias en los asuntos de la vida


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