El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz. Fernando Vargas Valencia
Читать онлайн книгу.
Colombia, Corte Constitucional. Auto 5 de 2009 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 (26 de enero, M. P.: Manuel José Cepeda).
Colombia, Corte Constitucional. Auto 8 de 2009 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 (26 de enero, M. P.: Manuel José Cepeda).
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-253A de 2012 (29 de marzo, M. P.: Gabriel Eduardo Mendoza).
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-781 de 2012 (10 de octubre, M. P.: María Victoria Calle).
Notas de prensa
(2015). Proceso de paz: 15 % de la población en Colombia ha sido víctima de la guerra. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/15-de-lapoblacion-en-colombia-ha-sido-victima-de-la-guerra.html
* Abogado especialista y profesor de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Sociología Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente se desempeña como consultor independiente en derechos humanos y justicia transicional y como asesor jurídico de varios pueblos y comunidades étnicas en procesos de defensa territorial. El autor agradece a Valentina Gómez Salgado y Enrique Alberto Prieto Ríos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario por su valiosa colaboración en la transcripción de la conferencia que sirvió de base para el presente texto.
1 La perspectiva de justicia distributiva tiene cierto reconocimiento en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz de noviembre de 2016, el cual hace explícita la necesidad de fortalecer acciones de reforma rural integral en Colombia, y en favor de sujetos rurales subalternos, entre los cuales se reconoce a las víctimas de desplazamiento forzado de origen rural.
2 También en cierta medida esta perspectiva es recogida por el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, particularmente en el punto 5, en el que se hace referencia a la necesidad de una justicia restaurativa que centre los esfuerzos de la paz negociada en buena medida en acciones encaminadas a corregir los daños ocasionados por los actores del conflicto a través de medidas de contribución a la reparación de sus víctimas.
Capítulo 2 Feminidades productivas, reformas agrarias y restitución de tierras*
María Fernanda Sañudo Pazos**
Introducción
En los años setenta, el neoliberalismo emerge como un modelo económico y político que apunta a la recomposición del patrón de acumulación capitalista, y, en específico, a solventar la crisis de sobreacumulación del centro capitalista. Dicha recomposición se llevó a cabo a través de la instauración de un ‘sistema global neoliberal’, al que Fair (2008) define como “un drástico proceso de cambio en el modo de producción que caracterizaba al modelo fordista-keynesiano”. Este cambio condujo a un “nuevo régimen o patrón de acumulación vinculado a reformas estructurales de mercado” (Harvey, 2007).
En este escenario, uno de los sectores prioritarios para la intervención fue el rural. Dávalos (2011) refiere cómo en la primera etapa las reformas fueron esencialmente de rediseño y cambio en las políticas de comercio exterior, con miras a establecer la liberalización del mercado. En la segunda (1990-2007), a la par del debilitamiento de los mecanismos de apoyo a los productores rurales, se rediseñaron las políticas rurales con el objetivo de favorecer y fortalecer al sector agroexportador. Y, en los últimos años, con el ‘boom de los commodities’ la orientación de las políticas ha sido hacia la ‘privatización de los territorios’.
La serie de reformas neoliberales aplicadas al sector rural en Colombia apuntaron a “la reorganización territorial de lo rural, de sus procesos socioeconómicos y de sus habitantes” (Tobasura, 2009, p. 65). Su implementación coadyuvó a la consolidación, por un lado, de territorialidades productivas específicas (siembra de cereales, palma africana, caña de azúcar, entre otras); y, por otro, a reorientar las actividades de los sectores campesinos (quienes se habían especializado en la producción de alimentos).
Existe una estrecha conexión entre los reacomodamientos de los patrones productivos en varias regiones del país a través de la implementación de las políticas neoliberales y el escalonamiento de la guerra. En los territorios con mayores índices de desplazamiento forzado y despojos, es donde generalmente se han implementado modelos de producción a gran escala. En Antioquia, Bolívar, Magdalena, Meta, entre otros, la expansión de cultivos agroindustriales se dio en paralelo a la expansión del paramilitarismo y a su consecuencia directa: el desplazamiento forzado.
En este sentido, el CNRR (2009) explica que el despojo masivo y violento de tierras, al tener como telón de fondo la implementación de las reformas neoliberales, apuntó a la consolidación de un modelo de desarrollo rural en el que se reduce significativamente el papel de las economías campesinas en la producción de alimentos, privilegiándose actividades económicas a gran escala, como las plantaciones agroindustriales, los megaproyectos, la ganadería extensiva y las explotaciones de recursos naturales y mineros.
En este contexto, el campesinado fue reconocido como sujeto de política pública en la medida en que potencialmente o puede ser articulado mediante alianzas estratégicas al sector agroempresarial, lo que resulta clave para la dinamización del modelo económico rural (Mondragón, 2002) —el caso de la participación en la producción de palma africana—; o es incorporado en la producción de bienes para nichos especiales de consumo: cafés especiales, cacao, flores, productos orgánicos, artesanías, entre otros. En uno y otro el acceso a los medios de producción continúa siendo precario.
En escenarios en los que perviven formaciones sociales no capitalistas o que no han sido integradas del todo al modo de producción mercantil, el capital, para imponer su hegemonía, debe transformarlas; estas transformaciones, desde la perspectiva de este artículo, se han logrado a través del entronque entre neoliberalismo y conflicto armado. Estos procesos convergentes introdujeron nuevos modos de producción y de control social. Por medio del despliegue de discursos y prácticas (violentos y no violentos), se crearon y fueron modelando a los sujetos rurales, es decir, se fueron ajustando cuerpos y subjetividades “en categorías coherentes con las relaciones capitalistas” (Escobar, 2007, p. 225). El despliegue de violencias (simbólicas —políticas neoliberales— y directas —acciones violentas asociadas al conflicto armado—) incidió “en el campo de los significados sociales” (De Lauretis, 1989, p. 45), produciendo, normalizando y reforzando prácticas y subjetividades productivas. La articulación de hombres y mujeres en estos procesos es marcadamente diferente. Este proceso, bajo la perspectiva de esta investigación, presenta particularidades en relación con el género.
Mies (1998), León y Deere (2000) y Eisenstein (1998) han llamado la atención sobre la incidencia de la recomposición económica y productiva jalonada por las reformas neoliberales en la división sexual del trabajo en los países de la periferia capitalista. Las autoras coinciden en afirmar que el género está siendo construido y reconstruido por las dinámicas económicas globales. La globalización requiere de mano de obra barata y las mujeres se constituyen en la población ideal para acceder a fuerza laboral óptima y a bajo costo. Así la cooptación del trabajo de las mujeres es uno de los pilares de la globalización (Piña, 2017).
En cuanto a las mujeres rurales, Mies (1998) señala que, en un contexto de reorganización de la economía a nivel mundial, han sido descubiertas por el capital internacional como factor clave para la dinamización de las economías de exportación, constituyéndose en sujetos de intervención estatal y de la cooperación al desarrollo. Desde esta lógica, este grupo poblacional (altamente heterogéneo), a través de políticas desarrollistas, ha sido incorporado