Camino al colapso. Julián Zícari
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en el Senado donde tenía mayoría y sin el cual no se podría hacer aprobar. De igual modo, cuando se quiso tratar el proyecto en el Senado, el primer intento de sesión debió levantarse y atrasar una semana dado los fuertes incidentes que se produjeron entre la CGT moyanista y la policía, los cuales dejaron casi 40 heridos, algunos con fracturas por la violenta represión –el líder del sindicato de judiciales, Julio Piumato, terminó con una bala de goma en los genitales–, que terminó desembocando luego en la detención de una veintena de policías acusados de abusos. Tanto el ministro de Interior Storani como el jefe de la policía federal –Rubén Santos– debieron reconocer que el uso de la fuerza fue “brutal y salvaje” (La Nación 20/04/2000). Sin embargo, el gobierno finalmente logró que el proyecto se aprobara, con lo cual pudo respirar aliviado. Como dijo Flamarique: “El Presidente está muy contento por el esfuerzo realizado para la aprobación de la ley. Pero, además, porque por fin se quebró el síndrome de la ley Mucci” (La Nación 28/04/2000), haciendo alusión al contraste entre el fallido intento de reforma sindical de Alfonsín en 1984 y el triunfo logrado por la Alianza. De esta manera, el ministro de Trabajo –principal operador a cargo del tratamiento de la ley– fue premiado por el presidente por su exitosa intervención y absorbió áreas de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, con lo que ganó poder e influencia dentro del gobierno.
Por último, debemos decir que aún a pesar del sacrificio y los costos políticos que se pudiera asumir frente a estas medidas, ellas no fueron suficientes para que el gobierno estuviera tranquilo con los números, puesto que estos continuaron sin repuntar. Así, en mayo se optó por aplicar un tercer paquete de ajuste, el cual fue el más duro de todos. Esta vez el recorte de gastos abarcó a todos los empleados estatales con sueldos superiores a los 1.000 pesos (con un descuento que iría entre el 8 y el 20%) y a lo que se sumaría la cesantía de 10.000 contratados más (los que se agregarían a los ya reducidos en febrero). Por su parte, también se instrumentaba con este nuevo recorte el fin de los subsidios para algunas economías regionales –sobre todo para el tabaco y combustibles–, una rebaja en las próximas jubilaciones y una poda en el presupuesto de las universidades públicas (Clarín 28/05/2000). Todo lo cual se completaría con un decreto que permitiría desregular las obras sociales y “alentar la competencia” de ellas con el sector privado, aunque solapadamente también se buscaba debilitar todavía más las bases del poder de los gremios.
Las reacciones por todas estas medidas fueron desparejas. Desde el sector financiero, las acciones del gobierno fueron celebradas apenas se hicieron los primeros anuncios al respecto, con lo que subió la Bolsa un 7,5% y disminuyó el riesgo país. El presidente del Banco Río, Enrique Cristofani, declaró: “El ajuste es una muy buena señal, porque indica que el gobierno va a cumplir con las metas fiscales y a diferencia del impuestazo, esta vez el ajuste va a caer sobre el Estado y no sobre el sector privado” (Clarín 31/05/2000). Como también recibió otro respaldo por parte del Fondo. Sin embargo, este ajuste fue muy costoso en términos políticos para el gobierno, puesto que permitió concretar el primer paro de total unidad sindical contra él, no solo entre ambos sectores de la CGT sino que también sumó a ellos a la CTA. Dicho paro de conjunto fue anunciado en una marcha convocada por Moyano contra la visita del FMI al país y en la que llamó “a la desobediencia fiscal” y a la que concurrieron –para sorpresa del gobierno– varios diputados oficialistas rebeldes (Elisa Carrió –UCR–, Alicia Castro –Frepaso–, Alfredo Bravo –Socialismo– entre otros), lo que tensó mucho las relaciones del gobierno no solo con la CTA sino con varios de sus legisladores (adhirieron también a la marcha un ecléctico conglomerado en el que estuvieron representantes de la Iglesia –y que hablaron desde el palco central–, Chiche Duhalde, Antonio Cafiero, Gustavo Belíz, Felipe Solá, Carlos “el perro” Santillán, exmenemistas y algunos diputados cavallistas) (La Nación 01/06/2000). La presencia de los legisladores aliancistas representó el malestar cada vez más profundo que venían acumulando contra su propio gobierno por varias de las medidas que este había tomado: el camino de haber realizado tres ajustes fiscales en apenas seis meses de gestión (diciembre, febrero y mayo), haber votado contra de Cuba en Naciones Unidas en abril y el haberles pedido que votaran una ley de flexibilización laboral imposible de digerir para muchos aliancistas era demasiado para ellos, sobre todo para los provenientes del ámbito gremial y para los socialistas. Es por ello que el presidente De la Rúa al lanzar el ajuste de mayo se mostró comprensivo y aclaró que “este es el último esfuerzo que se les pida a los argentinos” (Clarín 28/05/2000). Sin embargo, y a pesar de las promesas, en poco tiempo se sentirían los efectos de estas decisiones. El grupo de diputados díscolos primero fue llamado por la prensa como “el grupo de los ocho” de la Alianza, algo que irritó sensiblemente a Álvarez (ellos se presentaban a sí mismos como parte del “oficialismo crítico”) (Clarín 01/06/2000), aunque poco tiempo después varios de ellos terminaron por romper directamente con el gobierno y pasaron hacia las filas de la oposición47. Lo que dejaría al gobierno con cierto trago amargo sobre sus logros y lo haría lamentarse por la falta de comprensión de sus propios partidarios.
No obstante esto último, pasada más de la mitad del año y realizando un balance, si bien el recorrido del gobierno no había tenido un brillo espectacular ni era una fiesta, tampoco tenía frente a sí un horizonte excesivamente complicado, crítico o negativo. Más bien había logrado llevar adelante objetivos difíciles de implementar como eran los recortes presupuestarios, aprobar la ley de flexibilización laboral, al mismo tiempo que mantener buenos niveles de aceptación en las encuestas, imponerse con comodidad en las elecciones de la Capital Federal y hacer crecer la recaudación gracias a la moratoria fiscal. El resultado limpio de su primer tramo de gestión parecía entonces positivo en más de un aspecto –sobre todo por el fuerte respaldo que le daba el FMI y los préstamos que obtuvo de este–. Además, si bien se habían despertado tensiones internas con algunos sectores y legisladores aliancistas –que consideraban que se había llegado al límite del apoyo que podía perdérseles–, la situación con estos no pareció haber llegado a un punto sin retorno. Por su parte, los partidos políticos y los grupos opositores al gobierno parecían empantanados y en su hora más difícil, lo que sentaba un resultado todavía mejor para la Alianza: Cavallo debió replegarse de la política nacional por un tiempo luego de su derrota electoral en la Capital, el peronismo no lograba definir un rumbo claro y estaba hundido en su propia crisis interna, sin un liderazgo que lo unificara, mientras que los sindicalistas no habían logrado ni siquiera asustar al gobierno a pesar de las sucesivas marchas y paros generales decretados, siendo incluso abandonados por algunos gobernadores del PJ que estaban también enfrentándose a los gremios –sobre todo a los estatales– en sus provincias y habían comenzado a descontar los días de huelgas48. Por lo que el gobierno parecía más armado que débil frente a la oposición. A su vez, cierto repunte de las exportaciones hacia Brasil, las cuentas fiscales con tendencia a equilibrarse y los apoyos del FMI brindaron la sensación de que lo peor ya había pasado y que hacia adelante se abriría indefectiblemente la hora de las “buenas noticias”: en agosto fueron anunciados el lanzamiento de nuevos planes sociales y también un demorado programa de obras públicas que alentarían el consumo y permitirían que por fin la reactivación se pusiera en marcha. Con todo ello, la distención arribaría de un momento a otro bajo un mar de tranquilidad económica. Es revelador al respecto que cuando Alfonsín fue consultado a mediados de julio sobre cómo calificaba la acción de gobierno hasta entonces, este dijo que se merecía “7 puntos por su gestión” y no más nota solo “por ser un poco lento” (Clarín 13/07/2000), mientras que Duhalde admiraba el invento electoral de aquel y se maravillaba de sus logros, augurando que algún día él podría convertirse en “el Alfonsín del justicialismo” para que este pueda volver al gobierno en 2003 (Clarín 08/07/2000). Solo algunos estallidos sociales en el interior del país habían despertado alarmas por el nivel de violencia y protesta que generaron, aunque rápidamente fueron minimizados por el gobierno al presentarlos como hechos aislados, asegurando De la Rúa que “no hay peligro de que haya nuevos estallidos sociales” (Clarín 16/05/2000) y que no habría entonces de qué preocuparse. En fin, durante los primeros tiempos de la Alianza su camino pareció estar despejado y sin grandes nubes sobre sí.
Sospechas de sobornos en el Senado y la renuncia