Acción para la conciencia colectiva. Anderson Manuel Vargas Coronel
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la legislación de emergencia entre 1970 y 1991)20. Luego de ello, tras un periodo de tres meses de normalidad, con la expedición del Decreto presidencial 250 del 26 de febrero de 1971, nuevamente se declaró turbado el orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional; esta medida se extendió durante casi todo el mandato de Pastrana. Más que enfrentar las efectivas alteraciones al orden público, lo que se perseguía era concentrar el poder en el ejecutivo para actuar en un marco de legalidad flexible que permitía reprimir las manifestaciones de inconformidad social. Dicha concentración se manifestó en el fortalecimiento del gasto para defensa y seguridad y, paralelamente, en la disminución de las garantías de los acusados, sometidos a procedimientos sumarios de investigación y juicio (característicos de los CVG)21.
Lo que aquí ha sido denominado marco de legalidad flexible sirvió como catapulta para la política de seguridad de Pastrana, quien acto seguido a la instauración del estado de sitio, anunció la entrada en vigor del Decreto 254 del 27 de febrero de 1971. Esta norma develó que la intención detrás de la declaratoria de excepción era el fortalecimiento de las FF. AA. por medio del reconocimiento de atribuciones que de otra forma jamás se le hubiesen concedido, tales como el robustecimiento de la jurisdicción penal militar o la competencia para juzgar a los civiles por diferentes delitos22. Adicionalmente, tras la expedición del Decreto 1988 de 1971, que agravó las penas para el delito de secuestro, quedó de manifiesto que la limitación de las garantías procesales estuvo acompañada de un sucesivo aumento y endurecimiento de las penas como herramienta para intimidar a la población23.
En 1973 las normas adoptadas incluyeron la expedición del Decreto 133 del 26 de enero24, por medio del cual se dispuso el traslado de los condenados por los delitos de secuestro, extorsión y conexos a estos (todos de competencia de la justicia penal) a la isla prisión Gorgona, en donde pagarían la pena impuesta y se suspendieron las rebajas de pena para los condenados por los delitos señalados25. Incluso para la época, estas medidas ya representaban una abierta, pero silenciosa, y no muy advertida contradicción frente a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de DD. HH.; lo que alimentaba la tensión entre dos asuntos que se desarrollaban de forma paralela: primero, el derecho penal interno simplemente atendía al afán de hacer frente a los desórdenes sociales que podrían desembocar en una insurrección generalizada, ofreciendo límites legales flexibles dentro de los cuales la Fuerza Pública actuaba de forma holgada; y segundo, los compromisos cada vez más fuertes que adquirió el Estado colombiano, en cumplimiento de los dictados norteamericanos para promover los DD. HH. como modelo de acción moral durante la Guerra Fría.
Mantener el dominio del tercer mundo, con sus agitaciones y problemáticas sociales, era un reto que fue afrontado por vía de la represión, lo cual contrastaba con el interés por posicionar el discurso de los DD. HH. como imperativo moral. Pese a ello, los dos años y casi diez meses de desarrollo normativo del primer estado de sitio del periodo, terminan en el mes de diciembre de 1973, cuando el general del Ejército y ministro de la Defensa, Hernando Currea Cubides celebraba “…la operación contra guerrillera en el país que ha conducido prácticamente a la aniquilación de los grupos sediciosos y a la captura o muerte de sus principales cabecillas”26. El saldo de este estado de excepción dejó profundas huellas en la población civil, pero a la vez, razones para impulsar la acción colectiva hasta llevarla a nuevas orillas. La arbitrariedad y los continuos abusos de poder en que incurrieron los agentes del orden provocaron airadas reacciones en el sentir ciudadano y así, la oposición al uso permanente de los estados de excepción terminó por convertirse en materia que alimentó la movilización colectiva en el país.
Entre la indecisión y la excepción
Lejos de la derrota anunciada por el ministro de Defensa, la movilización social y el ambiente sedicioso continuaron siendo el rasgo distintivo que alteró el orden público. Sin embargo, durante el cambio de Gobierno entre Pastrana y López, dos fenómenos contrarios tendrían lugar, las promesas del presidente electo sobre el respeto a la opinión política y la necesidad manifiesta de los Gobiernos locales de recurrir a medidas represivas, aunque, al menos por unos meses, sin el amparo del estado de sitio. Así, ante las manifestaciones estudiantiles y sindicales que no cesaban, los Gobiernos locales no dudaron en declarar el reforzamiento de las medidas de seguridad para reprimirlas, llegando incluso a su prohibición27, lo que acontecía mientras el ejecutivo nacional emitía mensajes contradictorios que hablaban de descartar el estado de sitio y se manifestaba dispuesto a aplicar “…mano fuerte para garantizar los derechos legítimos de la ciudadanía”28.
La voluntad de López para proteger la opinión y el respeto de las garantías individuales estuvo cerca de durar un año; sin embargo, recurriendo a justificaciones similares a las de su antecesor, dictó el estado de sitio por vía del Decreto 1136 de 197529. Lapidaria resuena la frase de López justificando su decisión “…los gobiernos se caen por débiles y no por malos…”30. López amplió la posibilidad de ejecutar allanamientos sin previa orden judicial a altas horas de la noche, los términos para que las autoridades interrogaran a los procesados sin presentarlos ante un juez y limitó el derecho a la huelga y de reunión. Medidas que fueron objeto de álgidos debates entre quienes las apoyaban irrestrictamente (el expresidente Pastrana y el líder liberal Julio César Turbay, el gremio ganadero, la Central de Trabajadores de Colombia —CTC—) y las voces que advertían el peligro que estas medidas representaban para las libertades ciudadanas (como la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia —CSTC—, los líderes de los movimientos de oposición y algunos reconocidos juristas). La evidente cohesión de los altos mandos del Estado alrededor del estado de sitio se manifestaba incluso en la voz del procurador general Jaime Serrano Rueda, quien declaraba esperanzado ante los medios su expectativa de que las investigaciones penales avanzaran con mayor eficacia y celeridad que en la justicia ordinaria, ante lo que se preguntó su entrevistador: “¿acaso la justicia ordinaria es ineficaz?”31.
Más allá de los debates, los primeros meses de vigencia de las medidas avanzaban sin mayores efectos; de hecho, durante la instalación del Senado de la República el ministro de Gobierno anunció que en breve podría ser levantado el estado de sitio, pues de los 270 procesos adelantados ante la justicia penal militar —JPM— solo dos correspondían a delitos contra la seguridad del Estado y los demás a delitos comunes32. Pese a ello, la medida terminó por extenderse hasta el 23 de junio de 1976, cuando más de 1500 procesos tramitados ante la JPM fueron trasladados a la jurisdicción ordinaria. Determinación que fue el resultado de, por lo menos, dos situaciones: primero, la percepción negativa de la JPM en la opinión pública, que la consideraba como algo que solo beneficiaba a los militares, pues al prestar sus servicios allí podían llegar a doblar el tiempo de servicio a efectos prestacionales; y, segundo, las constantes quejas de los militares que consideraban al régimen de excepcionalidad como causa de la congestión que amenazaba a la JPM con su colapso33.
Tan solo cuatro meses después de que fuera levantada la excepción, el Gobierno recurrió nuevamente a esta figura en octubre de 1976. Las razones, el orden público alterado por la ola de secuestros y amenazas en contra del régimen constitucional, el sabotaje a las comunicaciones oficiales por parte de los trabajadores de Telecom, las inconformidades del gremio de los médicos que se encontraban en paro y, curiosamente, la visita de los reyes de España prevista para la segunda semana de octubre34. En menos de 15 días se dictaron alrededor de seis Decretos presidenciales (bajo los números 2132, 2133, 2189, 2193, 2194 y 2195) por medio de los cuales se reestablecían algunas medidas represivas que habían sido desechadas en junio y se adoptaron otras nuevas, todas dirigidas a reprimir la huelga de la salud y la inconformidad estudiantil que se encontraba en franco aumento.
La indecisión de López quedó definida a favor del estado de sitio, que se extendió desde 1976 hasta 1982, periodo durante el cual se registra un aumento en las denuncias referidas al impacto de su prolongación indefinida, considerando que el régimen de emergencia profundizaba las situaciones de violencia y de alteración del orden, en lugar de aliviarlas35. Lo que desde las toldas del Gobierno de López —por ejemplo— se presentaba como medida necesaria para la estabilidad, fue recibido por los sectores populares como una amenaza, pero también como