Documentar la atrocidad. Oriana Bernasconi
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entre 45 y 50 millones de muertes, según las estimaciones más conservadoras.
El caso
Este libro sigue el caso de los dos organismos de derechos humanos más importantes que existieron durante la dictadura militar chilena: la Vicaría de Solidaridad (1976-1992), una organización fundada en enero de 1976 por el papa Pablo VI a pedido del cardenal arzobispo de Santiago, y la institución que la precedió, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que existió entre 1973 y 1975 y fue una de las primeras organizaciones en ofrecer asistencia a las víctimas de la violencia estatal en el país (Cruz 2002; Groppo 2016). Ambas organizaciones se ubicaban en Santiago y la mayoría de los casos que atendieron eran de la zona central del país. Sin embargo, también realizaron trabajos en 24 provincias a través de las redes de la Iglesia católica (Bernasconi, Lira y Ruiz 2018). El Comité y la Vicaría trabajaron para denunciar ante los tribunales de justicia y el público nacional e internacional, las situaciones de aquellos que fueron despedidos de lugares de trabajo y estudio, encarcelados, ejecutados o desaparecidos por razones políticas, o desterrados a áreas remotas del país. Ambas organizaciones ayudaron en la búsqueda de los desaparecidos, y motivaron a los familiares de las víctimas a organizarse. También ayudaron a crear organizaciones de subsistencia (como bancos de trabajo, comedores populares y ollas comunes), y a capacitar a los pobres y desempleados. En los períodos más críticos hubo más de 300 trabajadores y trabajadoras involucrados en estas labores, incluyendo abogados, procuradores, médicos, psicólogos, religiosos, laicos y miembros de organizaciones sociales de todas las denominaciones. A través de este trabajo multidimensional e integral, el Comité y la Vicaría llegaron a proporcionar un modelo para otras organizaciones de derechos humanos que surgieron posteriormente en Chile.
Inmediatamente después del cierre de la Vicaría en 1992, se creó una fundación para preservar y difundir su documentación y la del Comité, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol). Este archivo fue el primero en ser sistemáticamente resguardado, catalogado y conservado. Hoy, esta fundación continúa administrando este archivo, disponiéndolo al acceso público mediante un centro de documentación. Luego de 25 años de funcionamiento, Funvisol cuenta con el principal archivo de derechos humanos del país, tanto por el volumen de casos y documentación como por su nivel de clasificación, accesibilidad y conservación. En mayo de 2017, mientras realizábamos la investigación que dio origen a este libro, el Estado chileno declaró a este archivo patrimonio histórico de la nación5.
El archivo Funvisol contiene más de 85.000 documentos únicos (Vergara 2009), creados por organizaciones de derechos humanos o por diferentes instituciones como las Fuerzas Armadas, agencias públicas nacionales, extranjeras e internacionales (embajadas, Naciones Unidas), medios de comunicación, entidades privadas e individuos. Su documentación incluye copias de registros judiciales, recursos de amparo, denuncias internacionales, declaraciones juradas, informes de encarcelamiento y tortura, monitoreo de casos de desapariciones forzadas, registros de allanamientos y otras medidas represivas territoriales. Parte importante de esta documentación está organizada en carpetas de recepción, creadas cada vez que un nuevo caso era abierto. Adicionalmente, nuestra investigación contó más de una centena de fichas y formularios usados para el registro y seguimiento de las denuncias. Además, el archivo conserva la serie de informes periódicos producidos por el Comité y la Vicaría para denunciar la represión ante la Corte Suprema y organismos internacionales (Naciones Unidas, OEA, Consejo Mundial de Iglesias). Funvisol también preserva los originales de la revista de la institución, Solidaridad; más de 400.000 recortes de prensa del período 1973-1991; una colección bibliográfica de más de 1.000 títulos; y un archivo fotográfico sobre el período. La diversidad, la sistematicidad y amplitud de la documentación dan fe de la intensidad y el alcance del trabajo realizado y de la confianza que las personas depositaron en la organización.
El archivo al que accedemos hoy está fundamentalmente organizado a partir de denuncias directas realizadas por los afectados y por la investigación que quienes los asistieron realizaron en cada caso. Esta investigación fue llevada a cabo, con gran riesgo personal, para conducir acciones legales en nombre de las personas perseguidas. Por lo tanto, el archivo no solo reúne documentos análogos a los hechos que registra, sino que sigue la trayectoria de muchos de estos casos por meses, años e incluso décadas, a partir de sucesivas entrevistas con las víctimas o sus familiares y las consiguientes acciones de defensa y asistencia que se les ofrecían6.
Este acervo documental ha resistido el paso del tiempo y la misma violencia que registra, la cual, en ocasiones, se volvió sobre él a través de órdenes de requisamiento, quema y desaparición, o directamente por medio de la prohibición de funcionamiento de los organismos que los crearon, alimentaron y resguardaron. El archivo que examinamos también se caracteriza por seguir el ordenamiento, clasificación y taxonomías definidos por los trabajadores y las trabajadoras que lo usaron en su labor cotidiana. Esto lo diferencia de fuentes documentales que se encuentran, años o décadas después de finalizado el conflicto, en estado de desorden y desclasificación y que son reorganizadas por profesionales que no participaron de su composición original. Tal fue el caso del archivo de la policía secreta de Guatemala, desenterrado casi diez años después del final de un largo y sangriento conflicto armado7.
Conceptos centrales
¿Cómo acercarse, más de cuarenta años después, a esta labor de registro de la violencia política, su organización, usos e implicancias?, ¿cómo hacerlo recreando la historia de una sociedad sometida a una dictadura que violó sistemáticamente los derechos de las personas?
En el proyecto que dio origen este libro, quisimos explorar las microprácticas documentales y los artefactos, procesos y procedimientos que condensan esta labor, de modo de acercarnos a este trabajo de documentación de severas violaciones a los derechos humanos como una forma de resistencia a la violencia estatal.
Basándonos en las obras de los pensadores franceses Michel Foucault (1970) y Jacques Derrida (s. f [1968]), del filósofo italiano Maurizio Ferraris (2013), en los escritos de la socióloga británica Vikki Bell (2014, 2016) y en nuestro propio trabajo (Bernasconi 2018; Bernasconi, Lira y Ruiz 2018, 2019), nos proponemos abordar el registro de las violaciones a los derechos humanos como un conjunto de prácticas complejas y diversas, que suelen incluir elementos sociales, políticos, morales, afectivos y técnicos (Trace 2002, 152). Siguiendo los planteamientos de Foucault (1970), entendemos que el registro es la actividad práctica o proceso mediante el cual un evento es transformado en un enunciado. De esta forma, el registro permite vincular lo visible, un evento, con lo enunciable, una narrativa. El registro es también el resultado o el producto material de esta labor: un documento, una imagen, un dibujo.
Sostenemos que la relación entre una declaración y un evento –descrita por Foucault en La arqueología del saber (1970, 28)– se hace evidente en el análisis de estas prácticas documentales. Cada declaración escrita por estas organizaciones de derechos humanos fue al mismo tiempo un acto de inscripción de los eventos represivos, un acto de revelamiento de los esfuerzos destinados a descifrar el horror a medida que se desplegaba y un acto por hacer de la violencia un objeto de conocimiento para la intervención.
A través de ese acto documental, los artefactos de registro permitieron que la situación de daño o violencia traspasara su contexto de ocurrencia para convertirse en una “inscripción”, es decir, un “registro idiomático del evento” (Ferraris 2013, 166). En este sentido, y como demuestra este libro, la inscripción es una acción de transferencia (Taylor 2003) y, potencialmente también, un acto de trascendencia de tiempo y espacio.
Utilizamos la noción de “transposición” para nombrar las operaciones mediante las cuales los actos documentales se transfieren en el tiempo y el espacio debido a su materialidad. El término transposición conserva la capacidad que también tiene la inscripción, de fijar una realidad y diferirla para usos futuros (Derrida s. f [1968]; Taylor 2003; Bell 2016). De esta manera, la idea de la transposición abre un espacio para examinar las inscripciones en relación con sus creadores y los propósitos que deben cumplir: ya sea previsto o no, en el presente o en el futuro. Finalmente, la consideración de los usos y capacidades de la transposición también conecta la reflexión sobre los actos