Colombia. El terror nunca fue romántico. Eduardo Mackenzie
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principalísimos: por ejemplo, el derecho a la vida, a nacer libres e iguales en derechos; a no ser torturados; a la libertad de conciencia, de cultos. Ese título consagra, entre otros, la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, de circular por todo el territorio nacional. El artículo 56 garantiza el «derecho de huelga salvo en los servicios públicos». El artículo 258 dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano.
El social-liberalismo y los marxistas tratan de hacer creer que la Constitución garantiza un «derecho a la protesta». Empero, el artículo 37, que algunos citan como el fundamento de ese derecho, habla explícitamente de otra cosa: del derecho a «reunirse y a manifestarse públicamente y pacíficamente». La subversión cree ver en esa frase el «derecho a la protesta». Incluso creen ver allí el «derecho a la protesta social». Pero como es imposible hacerle decir eso a la Constitución acuden a un experimento culinario: echan en una licuadora el artículo 56 de la CN, que garantiza el derecho de huelga, y le agregan el artículo 37, ya visto, ponen en marcha la licuadora y de eso sale un jugo maravilloso: el derecho «a la protesta social».
Que bella impostura.
Un derecho fundamental, que no requiere un desarrollo legislativo ulterior, o una reglamentación, debe ser mencionado exacta y explícitamente por la Constitución. La Constitución no habla en ningún momento de «derecho a la protesta».
Es imposible hacer creer que «protestar» es igual a «reunirse» y a «manifestarse públicamente y pacíficamente». Protestar es «mostrar con fuerza su desacuerdo o descontento». La palabra castellana protestar viene del latín proteste, que significa «afirmar con fuerza y públicamente». El constituyente supo que en el término «protesta» hay siempre el elemento de la fuerza. Por eso evitó utilizar esa palabra. En cambio, creó el derecho a «manifestarse públicamente» y agregó inmediatamente el adverbio «pacíficamente» para no crear un vacío por donde pudiera deslizarse la idea de que la manifestación violenta es un derecho.
Ese desplazamiento de sentido del artículo 37 de la CN es lo que tratan de implantar oficinas como el CINEP, FECODE y algunas fuerzas para impedir toda discusión sobre sus métodos «de lucha» y sus ideales políticos. Para ellos la protesta, incluso la protesta violenta, es un derecho, algo que la ley permite. Incluso pretenden que es un derecho que el Estado no debe reprimir ni castigar. Esa creencia es inaceptable por ser antisocial.
¿La Constitución colombiana no es democrática, ni republicana, ni garantista, ni «social» por no haber incluido ese «derecho»? Claro que no. La Constitución colombiana no deja de lado ningún derecho propio de la sociedad democrática. Los defectos de la Constitución de 1991 no están en la enumeración de libertades y derechos. Sus problemas son de arquitectura y de la relación entre los tres poderes y sus controles mutuos.
¿CÓMO LUCHAR POR LA ABOLICIÓN DE LA JEP?
8 de marzo de 2020
NO BASTA CON QUEJARNOS POR LO que hace la JEP. No basta escribir artículos y cortos mensajes iracundos en las redes sociales cada vez que ese organismo creado por las Farc comete fechorías. Los bonzos de la JEP se ríen bajo capa de nuestra indignación. Saben que la irritación espontánea de la sociedad no dura y no genera consecuencias negativas para ellos, si esa indignación no es canalizada y reforzada políticamente.
Saben muy bien que el cinismo de sus decisiones, como el que acaban de ejecutar al declarar «amnistiable» el atentado contra la Escuela Superior de Guerra, donde fueron heridos 23 estudiantes el 19 de octubre de 2006, en Bogotá, no pone en peligro la existencia de ese aparato subversivo creado por las Farc. La JEP seguirá ayudando a consolidar la subversión pues sabe que ni el gobierno ni la clase política se sienten capaces de encarar el problema. Saben que la línea es gerenciar el asunto y dejar que, pese a todo, el monstruo siga vivo.
Pero es posible que los electores saquen sus propias consecuencias.
Asombra ver, en todo caso, que algunos dirigentes del Centro Democrático, tras la explosión de furor nacional por la nueva resolución inicua de la JEP, quien amnistió, además, a Marilú Rodríguez Baquero, alias «Mata Hari» —la terrorista Farc condenada en 2015 a 25 años de prisión por haber infiltrado una institución universitaria y ayudado a preparar y ejecutar ese atentado—, solo proponen enmendar ese tumor maligno dejado por la administración Santos.
En lugar de pedir desde ya la abolición pura y simple de ese aparato, y de llamar a la movilización general contra la JEP, algunos regresaron a sus sillones a esperar que el recurso interpuesto por la Procuraduría contra la maligna decisión les saque las castañas del fuego.
Paloma Valencia pide, por ejemplo, dialogar para ver cómo se puede «reformar la JEP», lo que contraría lo que piden millones de ciudadanos que están hartos de ver cómo Colombia se ridiculiza al ser el único país del mundo que tiene un organismo de «justicia especial» que proclama, sin que sus jueces sean acusados de complicidad con el terrorismo, que un atentado con armas prohibidas (carro-bomba), contra un centro universitario lleno de jóvenes y de civiles, fue un «acto lícito de guerra a la luz del derecho internacional humanitario». Contra lo que estiman la JEP y los violentos, esa escuela no es un cuartel, ni un centro de mando militar.
Sorprende ver que algunos parlamentarios se limitan a decir que se debe invalidar ese mecanismo de «justicia transicional», sin tomar medidas concretas.
Los congresistas no son elegidos para que hagan declaraciones compasionales sino para que asuman sin tardar las acciones concretas de su rango: presentar proyectos de ley, o proyectos de reforma constitucional, para ayudar al país a salir de las trampas que urden sus enemigos.
Los senadores y representantes están para informar y movilizar a la ciudadanía en torno de la acción política, sin esperar que el humor de los jueces cambie sobre ciertos puntos, y para debatir y defender con energía los proyectos de ley benéficos para el país y para desmantelar los organismos que consideran nefastos.
¿No ha llegado acaso el momento de redactar un proyecto de ley que busque abolir ese adefesio que se hace llamar JEP? ¿No ha visto el CD que la opinión pública, tras la proclamación infame del 2 de marzo, quiere orientación y acción ya mismo? ¿No ven que ha llegado la hora de obrar como una bancada parlamentaria de combate?
Nada es más urgente en este momento que dar un paso concreto: redactar un proyecto de ley que proscriba la JEP, darlo a conocer a las mayorías nacionales, organizar campañas de educación cívica en todo el país, con conferencias y mítines públicos en torno de ese texto y luchar, al mismo tiempo en el Senado y en la Cámara de Representantes, teniendo o no la mayoría de esos colegios, para sacar adelante la proscripción y abolición definitiva de la JEP.
La JEP no es un detalle, no es un accidente ni un malentendido, no es un tropiezo que se resuelve con un simple recurso. Es un inmenso problema político que está minando el Estado de Derecho y que requiere una decisión política respaldada por la movilización ciudadana.
LOS MAMERTOS QUIEREN SEPULTAR LA VERDAD SOBRE LAS FARC
21 de marzo de 2020
EL ARTÍCULO INTITULADO «INVESTIGADORES LE HACEN el quite al Centro de Memoria Histórica», publicado hoy por el diario El Colombiano y firmado por Olga Patricia Rendón(14), merece un comentario. Lo que hacen los supuestos «investigadores universitarios» no es hacerle «el quite» sino sabotear de manera vergonzosa la discusión del CNMH sobre la violencia comunista en Colombia. El artículo de la señora Rendón es desequilibrado. No le da la oportunidad al director del CNMH, Darío Acevedo Carmona, de presentar su punto de vista sobre ese cobarde saboteo y sobre la propuesta misma del CNMH (salvo tres palabras «pluralizar los contenidos»). Ella parece aceptar el sofisma del «conflicto armado», aunque los inventores de ese embuchado nunca pudieron probar la tal suposición. Ellos carecen de argumentos. En lugar de debatir,