Colombia. El terror nunca fue romántico. Eduardo Mackenzie
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glorificada por la clique que inspira a quienes pretendían seguir controlando el CNMH tras el fin del periodo del presidente JM Santos.
Son ellos los que insisten en que las Farc, como lo escribe con gran cinismo Francisco Toloza, acudieron a la violencia en calidad de «actor político» y que esa violencia masiva era impartida en defensa de «los intereses de unas clases» y, sobre todo, siendo «fiel a la tradición extra-parlamentaria propia del acervo de los partidos comunistas».
Si retiramos ese maquillaje retórico, esto quiere decir, en lenguaje corriente, que el empleo de la violencia por parte de las Farc fue, en realidad, un gesto político «tradicional» de justicia de clase, plenamente conforme al derecho, y no solo al derecho colombiano sino a un derecho más vasto y superior: el de «los partidos comunistas».
Con tales adulteraciones quieren imponerle al país la falsa visión apocalíptica de que, en Colombia, unas clases sociales, dirigidas por el partido comunista, se levantaron en armas contra otras clases sociales. Y que en ese supuesto levantamiento masivo jamás hubo participación del bloque comunista internacional.
Tal es la razón de la lucha desesperada de ellos para aplicar a rajatabla la fórmula «conflicto armado interno» y descarar el concepto de agresión terrorista de largo alcance.
Adoptar una u otra terminología tiene consecuencias. Si aceptamos la del «conflicto armado interno» tendremos que tragar otro mito: que la actual violencia narco-comunista (de las Farc-Segunda Marquetalia, del Eln, etc.), debe seguir su curso pues todo lo que ocurre en materia de lucha social, política y cultural es el reflejo de una guerra de clase contra clase en el que el comunismo dirige «la pugna por el poder del Estado». Conclusión: no habrá paz hasta que el comunismo tome el poder.
Eso es lo que está en juego y lo que explica las intrigas contra la dirección actual del CNMH.
Los fanáticos que exigen que un marxista regrese a la dirección del CNMH no hacen más que cumplir el legado de Luis Morantes, mejor conocido como «Jacobo Arenas», un sanguinario que pretendía ser el mayor «ideólogo» de las Farc hasta su muerte en 1990. Él decía eso mismo aunque en el lenguaje brutal propio de su rango.
Es evidente que la Historia fue proscrita en la etapa inicial del CNMH. Si quieren sacar al profesor Darío Acevedo es porque quieren expulsar de nuevo la Historia del CNMH. El objetivo mamerto es hundir la Historia del país bajo una capa de memoria arreglada.
Incluso acudieron a una secta internacional rarísima que vive gracias al dinero de George Soros. Esta gesticula desde Nueva York y pide la cabeza de Darío Acevedo. Otra reciente muestra de esa ofensiva es el iracundo comentario de un columnista del diario antioqueño El Colombiano que acusa al presidente Iván Duque de «torpedear los acuerdos» Farc/Santos y le exige, al mismo tiempo, destituir al profesor Acevedo(10).
Es verdad que los leninistas prefieren la Memoria y desconfían de la Historia. Saben bien que la Memoria reposa sobre el recuerdo, la imaginación, la divagación, la conjetura, y hasta en el falso rumor. Por eso ella es el mejor aliado de la propaganda. La Historia, en cambio, es un instrumento exigente. Basado en el examen detallado y contradictorio de archivos, documentos, periódicos, testimonios y otras pruebas incontestables, el trabajo del historiador es un mejor instrumento para conocer el pasado y comprender el presente.
Los comunistas no aceptan que un historiador ocupe ese cargo y no un marxólogo disciplinado dispuesto a «recoger la memoria» (como dicen ellos) para engordar una leyenda.
¿Por qué ahora? Porque quieren que el Museo de la Memoria también sirva ese plato.
La Historia es, pues, evacuada para que reine la Memoria. Pero hay otros cambalaches. Un grupo pretende que «hay conflicto armado interno» porque lo dice la ley 1448 de 2011(11). ¿Desde cuándo una evaluación político-social es decidida por una ley? La ley no puede dictarle conclusiones al historiador, ni al sociólogo, ni al economista, ni al demógrafo.
Otros dicen que «hay conflicto armado interno» porque una universidad sueca lo dijo. El defensor de esa cursilería agrega que una universidad americana fijó un criterio: hay «conflicto armado interno» si la violencia es «intensa», «organizada» y genera «combates». Dudo que una universidad americana maneje hipótesis tan simplistas. Habría entonces que clasificar de esa manera una cantidad de ofensivas terroristas donde esos criterios aparecieron: en Estados Unidos contra los Weathermen, el SLA y Al Qaida; en Israel contra las facciones terroristas palestinas; en España contra ETA; en Italia contra las Brigadas Rojas; en Francia contra Acción Directa y el terrorismo islámico; en Alemania contra la Banda Baader; en Uruguay contra los Tupamaros; en Argentina contra los Montoneros y el ERP; en Perú contra Sendero Luminoso; en Turquía contra el PKK. La lista es larguísima. Ninguno de esos desafíos es clasificado de esa manera.
Otro grupo cree ver en Colombia un «conflicto armado interno» porque el Derecho Internacional Humanitario lo dice. Estos últimos quieren preservar un curioso arsenal normativo que, en ciertos casos, crea más problemas que soluciones. Esa legislación dificulta, e impide en algunos momentos, la defensa del Estado democrático contra la agresión terrorista, con el pretexto de la preservación de los derechos humanos. ¿Preservación para quién? ¿Se imagina lo que habría sido la lucha contra Al Qaida y contra el Estado Islámico si Estados Unidos se hubiera sometido a esas reglas? Ben Laden estaría de primer ministro en Pakistán y Abu Bakr al-Baghdadi sería el presidente de Irak.
Atornillar esa teoría en el CNMH le conviene a muchos, sobre todo al principal logro de los pactos Santos/Farc: la JEP. La justicia «especial» consiste en disculpar los crímenes de las Farc pues estos son, según el PCC, «actores políticos» que participan en una «pugna por el poder del Estado».
Luego la impunidad para los miembros del Secretariado y los otros verdugos de esa organización es un efecto lógico. Sin memoria amañada no hay justicia «especial». George Orwell escribió: «Quien controla el pasado controlará el futuro». En consecuencia, el Museo de la Memoria terminaría también siendo desviado y convertido en un monumento pro Farc.
Quien agita lo del «conflicto armado interno» trabaja, quiéralo o no, para implementar el pacto Santos/Farc, rechazado por los colombianos en el referendo de 2016, y para desmovilizar a Colombia ante la violencia de las Farc Segunda Marquetalia, y de su cómplice el Eln.
LA JEP Y SUS PESCAS MILAGROSAS
17 de febrero de 2020
EL ESPECTADOR Y OTROS MEDIOS HAN tratado de arreglar una historia de lo que ocurrió, según ellos, la semana pasada, durante las dos audiencias en las que el general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército de Colombia, habló en «versión voluntaria» ante la JEP.
Las «fuentes consultadas» que mencionan esos diarios no son creíbles: son los abogados de tres oficiales involucrados en el caso de falsos positivos de Soacha, ya juzgado, y en el que nunca estuvo involucrado el general Montoya. Es decir, son actores interesados. Luego ellos no pueden ser objetivos.
Peor: las «fuentes» de El Espectador pueden ser los mismos magistrados de la JEP que condujeron las audiencias del miércoles y jueves. ¿Violaron ellos el secreto judicial? No lo sabemos por el momento. Pero la investigación sigue.
Por ahora hay un hecho: ningún medio tuvo un periodista en esa audiencia, pues ésta era «reservada». Luego lo que dicen algunos matutinos bogotanos hay que tomarlo con cautela: es la interpretación de personas que pueden haber tratado de hacer pasar sus opiniones por hechos.
Hasta la televisión chavista trató de enredar las cosas. Hernán Tovar, de Telesur, a pesar de que no estuvo en la audiencia, gesticuló que el general Montoya «calló (pero pronunció cayó) sobre los falsos positivos». Y llegó al extremo de decir que si él no está dispuesto a auto inculparse «no debería estar asumiendo esta justicia especial para la paz». Increíble. Ese es el «periodismo» madurista que está tratando de implantarse en Colombia.
La JEP hizo su propia grabación de las audiencias.