Colombia. El terror nunca fue romántico. Eduardo Mackenzie
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Aeronáutica Civil, hasta hoy. En 2001, cuando una oficina fariana de propaganda, la Agencia de Prensa Nueva Colombia (Anncol), vió que la candidatura presidencial de Uribe era imparable, financió la redacción de una «biografía no autorizada» para matar políticamente a su víctima. Allí la técnica del «se dice que», «se murmura que» fue empleada a fondo. Todo fue en vano. La DEA y la prensa americana y colombiana investigaron a fondo durante años y no encontraron nada, salvo las iracundas amalgamas sin valor de los extremistas.
El senador Uribe —quien acaba de lanzar una frase clave: «el país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema»—, parece más combativo que nunca, tras 46 años de vida política. El actual contexto mundial y latinoamericano favorece un regreso a una forma de seguridad democrática. El derrumbe de bastiones castro-chavistas (Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina), la crisis de los regímenes venezolano y cubano, y la firme posición de Washington contra esas dictaduras, han generado ataques castristas brutales contra democracias como la chilena que, aunque prósperas, no saben cómo defenderse. Un derrumbe de las defensas de seguridad como en Chile podría ocurrir también en Colombia, si el Estado y la sociedad no se levantan contra eso. ¿Cómo impedir ese colapso? ¿Con gestos entreguistas como los de Sebastián Piñera? ¿Con reculadas ante los vándalos y los «comités del paro cívico»? ¿Asumiendo con valentía los valores que salvaron a Colombia en 2008?
La más que factible reelección de Donald Trump en noviembre de este año, por sus éxitos económicos en el frente interno y sus victorias ante China e Irán(5) impedirán que Colombia se sienta sola ante sus enormes desafíos. Proteger al expresidente Álvaro Uribe, consolidar la fuerza pública, castigar a los calumniadores profesionales y defenestrar a los magistrados corrompidos son tareas de primer plano para impedir que el país sea de nuevo víctima del Foro de Sao Paulo.
CLAUDIA LÓPEZ PRETENDE EXPONER GRUPOS DE CIVILES A LA VIOLENCIA DE LOS VÁNDALOS
21 de enero de 2020
LA ALCALDESA CLAUDIA LÓPEZ ES LA máxima autoridad y jefe de la policía en Bogotá. Ello es así pues en Colombia los alcaldes tienen, en principio, esa atribución. Deberíamos saber que darles ese enorme poder a los alcaldes no es una marca de democracia. Hay repúblicas muy civilizadas donde los alcaldes no tienen ese derecho. El orden público de las grandes ciudades es algo tan complicado hoy en día que no se puede dejar en manos de un solo funcionario pues entre los alcaldes, ungidos por el voto ciudadano, pueden haber politiqueros inexperimentados, cuando no demagogos irresponsables y hasta extremistas con agenda secreta.
Un ejemplo: el alcalde de París tiene muy pocos poderes de policía. Quien dispone de esos poderes es el Prefecto de París y su región. Este es nombrado por el gobierno y es el único representante del Estado. El alcalde se encarga de los servicios para los habitantes de la capital. En Francia hubo y hay tantas revueltas urbanas, que a veces se transforman en revoluciones, que la contención de multitudes agresivas no es dejada en manos del alcalde.
Lo que acaba de hacer Claudia López respecto del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antimotines de la Policía Nacional, es absurdo, irresponsable y peligroso. Ello debe ser objeto de reflexión. Una primera conclusión podría ser: en Colombia deberíamos modificar la Constitución para retirarle al alcalde de Bogotá esa enorme responsabilidad.
El estatuto de los alcaldes en Colombia es ambiguo. No se sabe bien hasta dónde van sus facultades en materia de orden público. La legislación es defectuosa pues la conservación y restablecimiento del orden público es asunto del presidente de la República pero en esa labor pueden intervenir también los gobernadores y los alcaldes (artículos 296, 303 y 315 de la CN) y eso se presta a malentendidos, abusos y errores.
Claudia López con su injusta hostilidad contra el ESMAD está dispuesta a jugar con la vida de los bogotanos. El transporte urbano, los edificios públicos y privados, los comercios y viviendas de la capital también están en peligro si los prejuicios anti policía y anti represión de la alcaldesa llegan a imponerse. Ella decidió, por ejemplo, que su administración no admitirá el uso de las escopetas calibre 12 mm y que el ESMAD no «hará presencia en las calles» a menos de que sea necesario «por un disturbio de importancia» y que «en caso de ser necesario intervendrá la Fuerza Disponible de la Policía, no el ESMAD». Ella reitera que éste, «no volverá a salir como recurso de primera instancia durante movilizaciones». ¿Qué tiene que decir al respecto el presidente de la República? ¿Él está de acuerdo con eso?
El amateurismo de la alcaldesa es evidente: no intervenir, o intervenir mal y tarde o en «segunda instancia», como quiere ella, contra incursiones masivas, violentas y coordinadas, como las que vimos en 2019, es cooperar con los vándalos y llevar al sacrificio inútil a los miembros de la fuerza pública y a los civiles.
El ESMAD es injustamente acusado por la alcaldesa. Sin embargo, esa fuerza es la que ha impedido hasta ahora que los devastadores consigan destruir a Bogotá como lo hicieron sus émulos pro chavistas en Santiago de Chile. ¿Quiere alguien a estas alturas que haya un nuevo Bogotazo como el del 9 de abril de 1948?
Claudia López no admite que lo ocurrido en 2019 encierra un peligro para el país. Ella utiliza un lenguaje especial para disimular el potencial negativo de las acciones destructoras. No ve lo que está en juego. ¿Esa actitud de dónde viene? ¿Es signo de ineptitud o de obsesión ideológica? Por ahora lo que cuenta son sus increíbles planes para hacerle frente a los desmanes en la capital del país.
La alcaldesa está inventando una táctica de combate antidisturbios inédita y ridícula: contener a manifestantes violentos con grupos de civiles desarmados. Ella advirtió que la «primera línea de defensa» contra los desbordamientos populares serán «los gestores de paz de la alcaldía»; que, en segundo lugar, estará el grupo de las «madres gestoras de paz», y las «mamás de los estudiantes de universidades públicas». En última instancia, ella enviará «los policías de la Fuerza Disponible con casco y escudo, pero no el ESMAD».
Eso de constituir grupos de madres de familia para disolver o frenar las acciones de gente brutal y, en muchos casos, drogada, es totalmente inhumano e ilegal. Sería bueno saber qué otras ciudades utilizan grupos de madres de familia en tales circunstancias. ¿Qué tiene que decir de todo eso el presidente de la República? ¿Iván Duque está de acuerdo con ese invento? Y no solo el Presidente. El Procurador General que tiene por misión, entre otras, la defensa de los intereses de la sociedad y proteger los derechos humanos, no puede seguir silencioso ante ese proyecto de Claudia López.
¿Claudia López vive fuera de la realidad? Ella ve, en todo caso, esas cosas a través de un filtro extraño. Habla de simples «movilizaciones» y de «marchas» angelicales. López pretende que olvidemos lo que ocurrió, al decir: «Una marcha no es un problema de orden público. Hacer grafitis no atenta contra la vida». Lo que hubo en Bogotá y otras ciudades fue mucho más que eso. Hubo disturbios estructurados donde agresores políticamente motivados emplearon gasolina, explosivos y todo tipo de armas contra la fuerza pública y contra civiles, razón por la cual el ESMAD tuvo que intervenir. Ello dejó decenas de heridos, entre miembros de la fuerza pública y «manifestantes». Y hubo hasta muertos, y no solo por culpa del ESMAD. Contra esa cruzada de brutalidades que hubo, y que van a seguir, la alcaldesa pretende anteponer y sacrificar grupos de civiles desprotegidos y sin experiencia, sobre todo mujeres, contra vándalos y energúmenos. ¿No sabe acaso ella en qué consiste «la brisita» que el dúo Maduro-Cabello quieren reanudar en 2020? Todo eso es locura furiosa.
En lugar de pedirle a Iván Duque que se entienda y se mantenga «alineado con los gobiernos municipales» y viceversa, como sugería un columnista de El Tiempo en estos días(6), habría que pedirle al jefe de Estado que trace una orientación clara sobre la política destinada a desarticular a tiempo la ola de manifestaciones teledirigidas por dictaduras enemigas de Colombia.
Se equivocan quienes pretenden que las protestas que se avizoran no conciernen al país sino que «pertenecen a cada una de las ciudades» y que según eso «los alcaldes [son] los principales responsables de contener brotes de violencia