La democracia a prueba. Ciro Murayama
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B. Elección presidencial 2006
C. Elección presidencial 2012
D. Elección presidencial 2018
Fuente: Elaboración propia con base en cómputos distritales del INE.
Los resultados electorales, en buena medida, pueden leerse como un juego de suma cero: ahí donde gana una opción necesariamente pierde otra. En 2018 el PRI perdió las 20 entidades que había conseguido en 2012 y el PAN perdió tres de los cuatro estados donde había salido victorioso seis años antes. En cambio, Morena ganó las ocho entidades que había obtenido la coalición del PRD en 2012 y las 16 que fueron para la coalición del PRD en 2006. Los electores, así, más que fieles a unas siglas partidistas, siguieron en la elección presidencial de 2018 a la figura de López Obrador.
Desde el año 2000 sólo hay una entidad que no ha variado su preferencia a lo largo de cuatro elecciones presidenciales –Guanajuato, que sistemáticamente respalda las candidaturas de Acción Nacional–, lo que muestra con claridad que las simpatías electorales no están dadas de una vez y para siempre, que los humores públicos y el respaldo a las fuerzas políticas son cambiantes. Y para que esos cambios se expresen de manera pacífica existen, precisamente, las elecciones.
EL CONGRESO: VEINTE AÑOS SIN UN PARTIDO DOMINANTE
Mientras que la división de poderes está contemplada desde el origen del texto constitucional, no fue sino hasta finales del siglo XX cuando se hizo una realidad que el Congreso fungiera como contrapeso al Ejecutivo, una vez que el presidente y su partido no tuvieron la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados. Fue a partir de la elección intermedia de 1997, la primera celebrada tras la reforma de 1996 –que dio plena autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE) y que introdujo condiciones de equidad en la competencia política–, cuando en la Cámara de Diputados la oposición tuvo por vez primera más asientos que el partido del gobierno.26
La representación política de la sociedad que se renueva cada tres años en la Cámara de Diputados –a diferencia del Senado, que se elige cada sexenio y que expresa el pacto federal– ha reflejado durante dos décadas una vasta pluralidad (cuadro 3). A lo largo de ocho elecciones la ciudadanía ha sido reacia a entregar la facultad de aprobar leyes a un partido político en solitario.
A la vez, se aprecian altos índices de alternancia en los triunfos distritales de diputados (cuadro 4), lo que confirma que el sistema de partidos y la representación política no son una fotografía inmutable, sino que, por el contrario, los ciudadanos de manera continua cambian el sentido de su sufragio, dan oportunidades a fuerzas políticas distintas y emiten un creciente voto de castigo.
El triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, con más de la mitad de los votos, no se tradujo en un apoyo de igual magnitud en la elección del Congreso. El cuadro 5 muestra que Morena recibió 37.25% de los votos para la Cámara de Diputados y 37.50% para el Senado, y que sumando al PT y al Partido Encuentro Social (PES), la coalición Juntos Haremos Historia alcanzó el 43.58 y el 43.65% de los votos en las cámaras baja y alta, respectivamente. Así, hubo 5 575 212 ciudadanos que votaron por López Obrador pero no por su coalición a la Cámara de Diputados, y lo mismo ocurrió con 5 366 906 electores del candidato presidencial que no votaron por los candidatos al Senado. Mientras el presidente obtuvo el 53% de los votos, su coalición no superó el 44% de los sufragios para el Congreso, lo que muestra un electorado que sabe votar diferenciadamente y crear contrapesos, incluso para el presidente de su preferencia.
Un comentario particular merece la conformación de una mayoría unipartidista en la LXIV legislatura (2018-2021) de la Cámara de Diputados, pues el voto ciudadano no dio a ningún partido el respaldo necesario para hacerse con el control de ese cuerpo legislativo. Los diputados que surgieron de los partidos que formaron la coalición Juntos Haremos Historia sumaron 308 –191 fueron electos para Morena, 61 para el PT y 56 para el PES–, lo que les otorgó en conjunto una holgada mayoría, aunque no calificada, en la Cámara baja (cuadro 6).
Sin embargo, una votación de 43.58% se tradujo en 61.6% de la representación en la Cámara de Diputados: una diferencia de 18%. Veamos por qué.
Desde hace más de 30 años, con la legislatura que inició en 1988, la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores, de los que 300 son electos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Este modelo mixto permite atemperar las distorsiones a la expresión de la pluralidad que se producen en la mayoría relativa, donde el ganador de cada distrito se lleva el 100% de la representación uninominal.
Además de contemplar la integración mixta de la Cámara de Diputados, la Constitución señala que ningún partido puede tener más de 300 legisladores (el 60% del total) y que «En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida» (artículo 54, párrafo V).
Así que, de entrada, que el porcentaje del voto popular no se traduzca con nitidez en las curules asignadas a cada partido político en la Cámara de Diputados se explica por la regla constitucional que valida una sobrerrepresentación de hasta 8%. Pero además de este margen autorizado para la sobrerrepresentación, lo cierto es que dicho límite puede ser vulnerado a través de los convenios de coalición electoral que permite la legislación.
Para la elección de la Cámara de Diputados la ley contempla tres tipos de coalición: total (en los 300 distritos electorales de mayoría relativa se presentan candidatos de la coalición), parcial (en al menos el 50% de los distritos) o flexible (en al menos 25% de los distritos). La Ley General de Partidos Políticos (artículo 91, inciso e) establece que cuando se firma un convenio de coalición éste debe contener el señalamiento «del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarán comprendidos en el caso de resultar electos».
Cada partido aparece por sí mismo en la boleta electoral y así es posible saber a ciencia cierta cuántos votos se depositaron para cada opción política en lo individual, aunque dos o más partidos estén coaligados.27 Hasta aquí, todo es claro.
El problema surge cuando candidatos de una coalición que pertenecen al partido A se registran formalmente como candidatos por el partido B o C de la misma. Si esos candidatos resultan ganadores, se tomarán como de B o C y no contarán para verificar que no se exceda el límite de la sobrerrepresentación de A. Este problema se detectó por vez primera en 2015,28 pero se exacerbó en la siguiente integración de la Cámara de Diputados.
En 2018 los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia presentaron las mismas candidaturas a diputados de mayoría relativa en 292 de los 300 distritos –de los cuales 142 fueron registrados como candidatos adscritos a Morena, 75 al PT y 75 más al PES– y en los ocho distritos electorales restantes cada partido registró a sus respectivos candidatos. La coalición obtuvo el triunfo en 212 distritos, de los que 98 fueron registrados por Morena, 58 por el PT y 56 por el PES. Además, Morena ganó los ocho distritos donde se presentó en solitario, así que