Distancia social. Daniel Matamala
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El epitafio de los coroneles
Cuando los votos ya estaban listos, cuando la suerte de Andrés Chadwick ya estaba echada, hubo aún un último discurso. El senador Juan Antonio Coloma tomó la palabra para hacer una apasionada defensa de quien estaba a punto de ser condenado por el Senado.
El penúltimo de los coroneles era defendido por el último de sus pares.
Minutos después, la votación selló la condena de Chadwick por las graves violaciones a los derechos humanos bajo su gestión. Es el fin de una era. El histórico grupo de los coroneles de la UDI se formó bajo el alero de una dictadura que violaba los derechos humanos, y su simbólico funeral se produjo en un déjà vu de esa tragedia. Jovino Novoa, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma fueron los cuatro «coroneles» de Jaime Guzmán, el indiscutido general de ese regimiento de disciplina leninista que era la UDI. Tras su asesinato, fueron los herederos incuestionados: entre 1992 y 2012, salvo un breve período de Hernán Larraín, los coroneles se turnaron para ocupar la presidencia del partido.
Fueron ellos los encargados de continuar la improbable alianza que Jaime Guzmán selló con Miguel Kast y sus Chicago Boys durante la dictadura y que marcó a fuego, hasta hoy, a la derecha chilena. Esta alianza reemplazó la reflexión política por la ortodoxia económica, interpretada de acuerdo a un único evangelio: un neoliberalismo funcional a los intereses de los grandes grupos económicos. Las prioridades son claras. En palabras del propio Guzmán: “El derecho de propiedad encierra relieves más esenciales para el ser humano que el derecho a participar en los asuntos políticos nacionales”.
Esta neoliberalización de la política fue más allá de la UDI. También en RN las ideologías nacionalistas, socialcristianas y populistas fueron desplazadas y los herederos de los Chicago Boys tomaron el control. Un dato decidor: desde la vuelta a la democracia, salvo la anecdótica campaña de Alessandri Besa en 1993, todos los candidatos presidenciales de RN y la UDI han sido economistas: Hernán Büchi (1989), Joaquín Lavín (1999 y 2005), Sebastián Piñera (2005, 2009 y 2017) y Evelyn Matthei (2013).
Mientras, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), financiado por los grandes grupos económicos, tomaba el control ideológico de la derecha. Cristián Larroulet, gremialista y Chicago Boy, cerebro de LyD y de los gobiernos de Piñera, simboliza esa fusión. La misma senda seguiría luego la Fundación para el Progreso (FPP).
Al mismo tiempo, la política se subordinaba a la gran empresa. Ya en 1993, cuando el gobierno de Aylwin quiso negociar una reforma tributaria, optó por el camino más directo. “En lugar de dirigirse a la oposición, se inició una serie de contactos con el sector empresarial”, recuerda el entonces asesor de Hacienda y actual presidente del Banco Central, Mario Marcel. Con el empresariado “se logró un acuerdo básico que permitió poner en marcha las negociaciones políticas con la oposición”. La práctica se hizo habitual. Lagos negoció directamente con el presidente de los grandes empresarios una agenda de reformas, y el gobierno de Bachelet hizo lo propio en la “cumbre de las galletitas”, cuando el ministro de Hacienda concordó la ley tributaria con directores de empresas de los grandes grupos económicos.
Las actuaciones de los coroneles muestran qué tan íntimo llegó a ser este concubinato entre dinero y política. Jovino Novoa ocultó las donaciones ilegales de Penta mediante boletas falsas que pasaban a la contabilidad del grupo con un “JN” escrito al reverso. Pablo Longueira acogió las sugerencias de SQM que beneficiaban a la empresa en la ley del royaltyminero, y cercanos a él recibieron $ 730 millones de la minera. Novoa, confeso, fue condenado a pena remitida. Longueira, salvado del delito tributario gracias a la gentileza del Servicio de Impuestos Internos, aún espera juicio por cohecho.
La caída de Longueira y Novoa comenzó los dolores de parto de lo que puede ser una nueva derecha y la condena de Chadwick los agudiza. “El experimento neoliberal está completamente muerto”, proclama el economista ex-Chicago Sebastián Edwards. Pero esa muerte no tiene por qué arrastrar a ese sector político. La hegemonía neoliberal es desafiada por una nueva camada de académicos de derecha que pretenden independizarla de la ortodoxia económica. Hugo Herrera acusa a LyD y la FPP de “oscuro financiamiento”, “extremismo” y “economicismo sin matices”. Pablo Ortúzar dice que la derecha “no tiene visión política” y sufre de una “tosquedad intelectual brutal”.
¿La derecha ha muerto, viva la derecha?
Mientras los coroneles desaparecen, RN se desembarca de la ortodoxia y empuja reformas sociales de gran calado. Hasta el ministro de Hacienda exhibe una flexibilidad inédita en esas oficinas.
La derecha chilena busca a tientas un nuevo camino desde las ruinas del matrimonio del gremialismo y los Chicago Boys y, por primera vez, los coroneles no estarán en posición de frenar ese debate. Nadie sabe para quién trabaja.
Diciembre de 2019
De qué estamos hablando
Bastó que, en una entrevista radial, la periodista Verónica Franco preguntara al presidente Piñera por un “cambio de modelo” para que se produjera este monólogo:
–Si usted cuando me habla de cambio de modelo está pensando en el modelo venezolano…
–No…
–… donde destruyeron la democracia…
–No…
–… donde atropellan los derechos humanos todos los santos días, donde tienen al pueblo entero condenado a la muerte por hambre o por falta de medicamentos…
–… Es que no es dicotómico, Presidente…
–Entonces cuando hablamos de cambio de modelo, yo quiero decir, ¿de qué estamos hablando?
Le dicen “cambio de modelo” y él escucha “Venezuela”. El abismo entre la burbuja presidencial y el resto del país es enorme. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Ni en las protestas abundan las banderas venezolanas, ni en la consulta de los municipios los ciudadanos votaron por un régimen chavista, ni en ninguna encuesta seria los chilenos piden convertirse en Chilezuela. Esa fantasía solo existe en las mentes de un puñado de extremistas de izquierda y derecha (algunos, lamentablemente, muy escuchados en La Moneda). Lo que los chilenos exigen se parece mucho más a cualquier informe de organismos internacionales capitalistas que a alguna asamblea revolucionaria.
La calle y la OCDE hablan a coro. Veamos.
Más del 94% de los 2 millones y medio de votantes de la consulta ciudadana está a favor de un IVA menor para productos de primera necesidad. Coinciden en ello con una de las principales críticas de la OCDE a nuestro país: que nuestro sistema tributario está patas arriba. Se basa en impuestos al consumo, que golpean a los más pobres, y no en los tributos a la riqueza. Chile recauda el 41% de sus impuestos a través del IVA, contra apenas el 20% de promedio en la OCDE. Por eso, el organismo nos recomienda “incrementar impuestos ambientales, sobre la propiedad y a la renta para aumentar la equidad y estimular el crecimiento”. Un modelo en que paguen más no los que compran pan o leche sino los que más contaminan, más ganan y más tienen. De eso estamos hablando.
La calle también exige frenar la destrucción del medio ambiente y los efectos de la privatización del agua. En la consulta municipal de Coquimbo, 90% apoyó que el agua sea pública. Pues bien, según la Cepal, somos el país OCDE que menos invierte en proteger el medio ambiente: 0,1% del PIB. Y la OCDE advierte que en Chile “la contaminación atmosférica de las zonas urbanas es permanentemente alta, el agua es escasa y está contaminada, se está perdiendo hábitat y existe gran vulnerabilidad al cambio climático”. Por eso, el club de los países desarrollados nos exige tipificar el delito ambiental, con penas de cárcel efectiva. Un modelo que cuide el medio ambiente y castigue a los que lo destruyen. De eso estamos hablando.
“Mejorar las pensiones” es la primera prioridad de los chilenos, según la consulta municipal. Nuestra tasa de reemplazo (la jubilación comparada con los últimos sueldos) es de 33,5% en