Distancia social. Daniel Matamala
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límites del sistema actual” y que es necesario crear un “tercer pilar” (junto al ahorro individual y las pensiones solidarias) que “incluya elementos colectivos para mitigar riesgos entre generaciones”. Un modelo de pensiones mixto y sustentable. De eso estamos hablando.
El 97,4% de los votantes en la consulta apoya sanciones más duras para la corrupción. Un informe de la Comisión para el Mercado Financiero recomienda lo mismo: la pena máxima para el uso de información privilegiada hoy es una multa de hasta $ 420 millones, sin cárcel efectiva. En Estados Unidos o Corea del Sur, esos delitos suponen hasta 20 años de prisión. Un modelo que se tome la libre competencia en serio y, por lo tanto, castigue a quienes hacen trampa. De eso estamos hablando.
La crítica al sistema extractivista se da por igual en cabildos, organizaciones sociales y en la academia. “Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales. La economía sigue siendo muy dependiente del cobre (…) los bajos niveles de inversión en innovación e investigación y desarrollo (I+D) frenan la productividad”, dice la OCDE.
Un modelo que no se base en extraer piedras sino en generar conocimiento e innovación, lo que nos haría salir de nuestro vergonzoso puesto de colistas de la OCDE en I+D. De eso estamos hablando.
Quien mejor resume el desafío de Chile es el físico César Hidalgo, cocreador del Índice de Complejidad Económica, un ranking en el que llevamos 40 años estancados (en 1980 éramos 61º; hoy somos 60º). Los datos del índice demuestran que crecimiento e igualdad no son metas contradictorias: ambas dependen de que Chile se vuelva más complejo y deje atrás “una economía primitiva y estática”, dice Hidalgo. Ya lo hicieron en su momento países que eran más pobres que nosotros, como Corea o Singapur: pasaron de un modelo básico, extractivista y vertical, que ya dio todo lo que podía dar, a uno basado en la innovación y el conocimiento.
Presidente: de eso estamos hablando.
Diciembre de 2019
No fue boicot
En la Irlanda de 1880, la propiedad de la tierra se concentraba en unos pocos terratenientes ingleses, cuyos administradores cobraban elevadas rentas a los agricultores locales. Ese año, las cosechas habían sido pobres y los arriendos resultaban impagables. El nombre de uno de esos administradores pasaría al diccionario. El capitán Charles Boycott amenazó con expulsar de sus tierras a los agricultores que no podían pagar. Entonces, la comunidad local decidió que resistiría de manera pacífica y se organizó para aislar a Boycott. Sus jornaleros dejaron de trabajar, el cartero no le llevó el correo, los comerciantes se negaron a venderle comida.
Las expulsiones no se concretaron. Al revés, fue Boycott quien debió dejar Irlanda. Un nuevo verbo había nacido: boicotear.
En 1955, una secretaria negra, Rosa Parks, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco, como exigían las leyes racistas de Alabama. Parks fue arrestada y Martin Luther King organizó un boicot: la comunidad negra no volvió a usar los buses hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos acabó con la segregación en el transporte público.
Cuando India buscaba la independencia del Imperio Británico, Mahatma Gandhi lideró el movimiento de protesta por el cual los indios no comprarían ropa ni alimentos importados, ni pagarían el impuesto a la sal ordenado por los británicos. Eso es un boicot. La resistencia civil pacífica contra leyes o acciones abusivas. Y es precisamente lo que no pasó en el sabotaje de la PSU esta semana en Chile. Un boicot hubiera existido si, como en Irlanda, Alabama e India, una gran parte de la comunidad se hubiera organizado para dejar de colaborar con el sistema. Si decenas de miles de estudiantes se unieran en una “huelga de lápices caídos”, negándose voluntariamente a rendir la PSU, ese boicot derribaría la prueba de modo legítimo e incuestionable. En cambio, una ínfima fracción de los 298.000 inscritos decidió impedir que los demás pudieran rendir el examen. Atacaron los locales y desalojaron a sus compañeros de las salas, incluso quemaron facsímiles a medio contestar y celebraron la filtración de la prueba de Historia.
No fue un boicot, fue matonaje de unos pocos contra muchos.
Es que el camino del boicot no es fácil. Se requiere coordinar miles de voluntades, con una organización representativa y un liderazgo creíble. Nada de eso existe hoy en Chile, ni en los secundarios ni en ningún otro segmento de la sociedad. En vez de emular a King o Gandhi, los líderes de la ACES se proclamaron vanguardia iluminada, capaz de decidir por los demás qué es lo correcto y a imponerlo por la fuerza. Como suele pasar en Chile, hay en todo esto un nauseabundo tufillo clasista.
“Somos los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país, quienes no han podido ingresar a la educación superior”, dijo el vocero Víctor Chanfreau, quien en verdad es hijo de un doctor en Historia de la State University de Nueva York. El perfil de casi todos los voceros que ha tenido la ACES es similar: suelen ser estudiantes de colegios pagados o liceos emblemáticos de Providencia, Ñuñoa y Santiago. Nada nuevo bajo el sol. Los líderes del MIR y el MAPU eran hijos de connotados rectores, diputados y abogados, ansiosos por salvar al pueblo. Una vanguardia redentora que se vuelve impaciente cuando el pueblo se resiste a ser redimido.
Entonces, si ese adolescente de San Bernardo o La Granja pese a todo insiste en rendir la PSU, los redentores tendrán que enseñarle el camino correcto. Por la razón o la fuerza.
Lo más incomprensible es el entusiasmo de tantos adultos que parecen proyectar sus sueños revolucionarios frustrados en la generación de sus hijos. Una exaltación que llegó a lo patético cuando el director de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Austral ofreció arbitrariamente un cupo en su carrera al vocero de los estudiantes (el propio Chanfreau puso cordura y rechazó de plano la oferta).
Los efectos de la violencia desatada por este grupo de estudiantes son los obvios: fortalecer a los extremos. Los grandes ganadores fueron quienes, al calor de estos incidentes, ya hablan de derribar el acuerdo constituyente. “No están las condiciones para llevar adelante el plebiscito”, dijo este viernes la presidenta de la UDI. Ese sería un desenlace feliz para los redentores de la ACES, que trataron de “traidores” a los firmantes de ese acuerdo para poner fin a la Constitución de Pinochet. Ellos ya han mostrado antes su desprecio por la democracia, con campañas y tomas para obstaculizar las últimas elecciones municipales y presidenciales.
La democracia consiste en que la gente exprese libremente sus preferencias. Una aberración inaceptable para quienes suponen que la verdad ya está revelada y que sus únicos portadores, por cierto, son ellos mismos.
Enero de 2020
¡Traición!
El filósofo Francesc Torralba definió el fanatismo como una “miopía espiritual”, que confunde la propia percepción de la realidad con una verdad universal que debe ser aceptada por todos. En estos días abundan los miopes. Basta cualquier chispa para desatar la furia de los fanáticos.
Insultos. Hostigamientos. Amenazas de muerte. El blanco: la jueza de garantía Karen Atala. Su pecado: decretar prisión preventiva contra un imputado por lanzar bombas mólotov. En su contra opera una curiosa lógica. Sus acosadores la tratan de traidora por ser ella misma víctima de discriminación. “No puedo creer que una mujer que perdió injustamente a sus hijas por ser lesbiana y fue apoyada por organizaciones civiles para demandar al Estado hoy haya sido tan miserable (…). Traidora”, decía un tuit con más de 1.100 likes, jalonado con comentarios como “cómplice”, “facha encubierta”, “basura”, “malvada”, “mierda de mujer”. Los insultos, amenazas y acusaciones de traición también se extendieron a la Fundación Iguales, de la cual es directora.
Se inventó que Atala se había negado a ver el video de la detención y había prohibido el ingreso de familiares del detenido. Ambas acusaciones eran falsas, pero fueron difundidas sin evidencia alguna por miles de cuentas en redes sociales.
“Una vez que las personas se unen a un equipo político, quedan atrapadas en una matriz moral”, afirma el sicólogo social Jonathan Haidt.