Distancia social. Daniel Matamala
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aleatorio de postulación a los colegios, respaldado mayoritariamente por los expertos, pero contrario a la costumbre de postular por separado a cada colegio. El sistema aleatorio acababa con la práctica de los colegios particulares subvencionados de discriminar a sus alumnos seleccionando familias según su conveniencia. Esa práctica discriminatoria de los colegios se presentó como un “derecho de los padres a elegir”, y el nuevo sistema fue bautizado como la “tómbola”, apoyándose en una infame portada de Las Últimas Noticiasen que un escolar aparecía amarrado de pies y manos y con la vista vendada, girando en una ruleta con símbolos de colegios.
“La tómbola es el peor de los sistemas”, dijo en su campaña Piñera, y su franja presentaba a niños sometidos a una ruleta para conocer su colegio. Su propio exministro de Educación, Harald Beyer, calificó el spot como una chambonada.
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y miembro del equipo de campaña de Piñera, explicaba el punto. “Resulta curioso que quienes dicen querer defender la libertad de elección de los padres defiendan al mismo tiempo la posibilidad de seleccionar de los colegios. Es evidente que la selección de los colegios se opone a la libertad de elección de los padres y que la maldita tómbola, como algunos la llaman, en los hechos es su mejor aliada”. Pero, usando el libreto de Trump, Cubillos decidió que si los expertos estaban en contra, lástima por ellos, serían el enemigo. Definió “Admisión Justa” como el lema de su gestión y proclamó que “esta vez se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los ‘expertos’”.
Por cierto, escucharía solo a algunos padres. Aunque el 59% de los estudiantes había quedado en su primera preferencia con el sistema aleatorio, y el 82% en alguna de las restantes, Cubillos lanzó una gira nacional en que se reunió exclusivamente con padres descontentos. Recorrió 26 comunas en dos semanas, de Antofagasta a Puerto Montt, contando siempre la misma historia a través de su cuenta de Twitter. En La Serena, “apoderados reclaman que les quitaron derecho a elegir”. En Antofagasta, “quieren recuperar derecho a elegir educación de sus hijos”. En Coquimbo, una madre “reclama, y con razón, que le quitaron el derecho a elegir el colegio de su hija”.
Parlamentarios oficialistas se sumaron al show paseando una ruleta de casino por el Congreso y lanzando un sitio web: “Víctimas de la tómbola”. La ministra incluso validó que los padres no enviaran a sus hijos a la escuela: “Se niegan a matricularlos en el colegio que el Estado les está asignando, y con razón”, dijo. El discurso era el mismo: el gobierno se pondría del lado de los padres, contra una élite de expertos que despreciaba sus padecimientos.
Las mentiras fueron creciendo. “El sistema creado bajo el gobierno de Bachelet prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó”, tuiteó Cubillos más de una vez. Las afirmaciones eran falsas. Lo que la ley hacía era prohibir a los colegios que exigieran una entrevista para aceptar la postulación.
Y cuando, en octubre de 2019, se dieron a conocer los resultados del nuevo proceso de admisión (el 54% quedó en primera preferencia y el 80%, en una de las tres primeras), las cifras oficiales sonaban demasiado bien, así que la ministra optó por ignorarlas. Presentó en cambio una submuestra, considerando solo aquellos colegios en que había más postulantes que cupos, como si fuera el total. Así, los números lucían peor de lo que el mismo Estado informaba: solo 36% en primera preferencia y 62% en alguna de las tres primeras.
A esas alturas, sin embargo, Cubillos ya enfocaba sus esfuerzos en otro tema. Ante los preocupantes casos de violencia, especialmente en colegios emblemáticos del centro de Santiago, lanzó el proyecto de ley “Aula Segura”, que permitía la expulsión inmediata de estudiantes acusados de protagonizar actos de violencia, sin esperar el resultado de una investigación interna. El gobierno “va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror”, aseguró Piñera. La ley fue rápidamente aprobada en el Congreso, con algunas modificaciones para establecer un sumario exprés de quince días antes de concretar la expulsión.
Pero el clima de violencia, tensión, represión y soplonaje solo aumentó en los liceos emblemáticos. Desde junio de 2019, Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpieron periódicamente en el Instituto Nacional, instalándose como una especie de fuerza de ocupación en sus techos. En la primera quincena de octubre, los casos de estudiantes golpeados y detenidos en los pasillos del colegio ya eran rutinarios.
La violencia en los colegios, con periódicos enfrentamientos entre carabineros y “overoles blancos”, con gaseo de estudiantes en sus salas de un lado y lanzamiento de mólotovs del otro, fue un factor fundamental para encender la chispa de los torniquetes. El nivel de virulencia que se había incubado quedó claro en los primeros días del estallido, cuando carabineros entraron disparando balines contra las alumnas del Liceo 7.
Distancia social
Sabemos lo que pasó después: el alza de 30 pesos, los torniquetes, el fuego, la pizza, la declaración de guerra, los alienígenas, las marchas, la esperanza y la violencia. El acuerdo constitucional, la pandemia y un término que adquirió el doble significado que bautiza este libro.
Distancia social.
La epidemia del Covid nos hizo hablar de la distancia social como medida sanitaria, al tiempo que los acontecimientos políticos mostraban una cara distinta de la distancia social, esa que, como escribí en octubre de 2019, da cuenta de una clase dirigente atrincherada, en oposición a la cual irrumpe “un momento populista, en la correcta definición del término: la percepción de una división de la sociedad entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso (…) un colectivo que se define por oposición a todo lo que representa la clase dirigente”.
Esa distancia social tuvo su expresión masiva en la marcha del 25 de octubre de 2019, cuando un mar sin orillas de chilenos desbordó Santiago y otras ciudades. Y su traducción electoral exactamente un año después, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando el Apruebo al proceso constituyente ganó con el 78% de los votos y se impuso en todas las comunas del país, con solo tres excepciones significativas: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.*
Esa fractura y sus consecuencias son el núcleo de las siguientes páginas, que reflejan a una sociedad enfrentada a una paradoja: la de intentar restañar ese profundo quiebre social al tiempo que debe confinarse y guardar distancia, un retiro físico que impide el diálogo directo entre sus miembros. Una sociedad en medio de una pandemia que está produciendo una crisis de salud, económica y de empleo devastadora, y que ha puesto de relieve lo más profundo del quiebre social: que en esta tormenta no vamos todos en el mismo barco.
Las heridas ya están tan expuestas que son imposibles de disimular. Ese verano de autocomplacencia en Cachagua ha quedado atrás.
Y este reconocimiento del problema, esta evidencia inocultable de la distancia social que nos separa, es un primer paso –doloroso, pero necesario– para remediarla.
La violencia
En 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán generó el Bogotazo, uno de los estallidos paradigmáticos de las ciudades de la furia de América Latina: el Cordobazo argentino en 1969, el Caracazo venezolano de 1989, el Santiagazo chileno de 2019.
Con el Bogotazo comenzó un período histórico que los colombianos bautizaron con un nombre que lo dice todo: La Violencia. En estos días en que Colombia imita la protesta chilena, en su arista pacífica cantando «El baile de los que sobran» y también en su reguero de vandalismo contra el transporte público, conviene dar vuelta la mirada y sacar lecciones de La Violencia.
De la rabia pura del Bogotazo se pasó al enfrentamiento entre milicias liberales y conservadoras. Luego, la violencia mutó a agentes de terrorismo del Estado, guerrillas marxistas como las FARC, bandoleros rurales, delincuentes comunes, carteles de narcotráfico como los de Cali y Medellín, paramilitares de derecha como las AUC, facciones irregulares