La distancia del presente. Daniel Bernabé
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por Miguel Ángel Fernández Ordoñez, gobernador del Banco de España. Tras salir la correspondencia a la luz a finales de 2014 pudimos enterarnos de que el BCE exigía al Gobierno sustituir la negociación colectiva por los acuerdos de empresa, abolir las cláusulas de ajuste de los sueldos a la inflación y rebajar las indemnizaciones por despido. Asimismo, también se asumía que el Gobierno debía tomar medidas respecto a las finanzas públicas, entre las que se encontraba lo que contenía la reforma del 135.
¿Qué implicó reformar el artículo 135? En primer lugar, que todas las administraciones públicas se tenían que adecuar al principio de estabilidad presupuestaria, y, en segundo lugar, que el pago de los intereses de la deuda tenía prioridad absoluta. Dicho así quizá suena hasta razonable, sobre todo si compramos el argumento de que la crisis fue debida a que «gastamos más de lo que teníamos».
Como vimos en el anterior capítulo, la crisis no fue de un recorrido único desde 2008, sino que tuvo su onda sísmica en 2010 en algo que ya no eran las consecuencias de un crecimiento económico basado en el crédito, como una forma del sector bancario de multiplicar sus ganancias, incluso a costa de poner en riesgo su propia supervivencia, sino que tuvo más que ver con los movimientos de los fondos especulativos y las agencias de calificación, cabezas de la misma hidra, para aprovechar la debilidad de los Estados periféricos europeos y así hacer un negocio de magnitud incalculable con la especulación contra la solvencia de su deuda pública.
La ortodoxia neoliberal, asumida por las autoridades europeas, explicaba este latrocinio a gran escala con la asunción de que cuanto mayor gasto tenían los Estados, mayor necesidad de financiación externa requerirían, obviando la fiscalidad y las propias políticas económicas expansivas, pero sobre todo la certeza de un Estado para devolver esa propia deuda. Así se justificaba que los análisis de las agencias de calificación no eran parte de la espiral del pánico que hundía el valor de esa deuda y disparaba el de sus intereses, sino una forma de medir lo confiable que era un país para pagar los intereses de su deuda soberana.
Lo que se obviaba es que los Estados habían funcionado bajo escenarios de déficit, cuando podían compensar su balanza con política monetaria, ahora en manos del BCE. Se asimiló el modelo empresarial al estatal, como si los Estados se vieran obligados a tener beneficios, para que los que hacían negocio con su sistema de financiación de emisión de bonos no se preocuparan, cuando realmente esos especuladores eran los que habían acrecentado el problema. La primera pregunta es si servicios esenciales vinculados a los derechos sociales como la sanidad o la educación deben tener beneficios. La segunda es la superposición de las necesidades del mercado por encima de la propia democracia, ¿de qué valen las propuestas económicas de tal partido si, aun siendo consideradas óptimas por la ciudadanía en unas elecciones, no se pueden aplicar?
En el Congreso, la izquierda del PSOE era meramente testimonial, ya que IU tenía dos diputados, junto a los catalanes de ICV, y formaba grupo parlamentario con ERC, con tres parlamentarios. Gaspar Llamazares, líder de IU que ocupaba su único escaño en el Parlamento, bloqueó las enmiendas de CiU para que la votación fuera sobre el texto original y señalar así el carácter unívoco de la reforma por parte de los dos grandes partidos, en aquel momento absolutamente hegemónicos. «Ahora hay que estar en el Pleno. Luego denunciar y recurrir el golpe del PP-PSOE al Tribunal Constitucional. Y por la tarde marchar en manifestación»[14], expresó el líder de IU en referencia a la convocatoria que el 15M había planteado para ese viernes.
Al grito de «ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero», los indignados marcharon ayer entre Atocha y la plaza de Neptuno para protestar por lo que llaman «mercadocracia», que, como denuncian, habría suplantado a la democracia. En el extremo opuesto, la canciller alemana, Angela Merkel, de quien proviene la idea de incluir el principio de estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó ayer en persona en París al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo también a distancia el miércoles, y se unieron a ella la OCDE, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y agencias de calificación como Moody’s[15].
Este párrafo quizá resuma a la perfección los actores y la contradicción que estaba encima de la mesa. De un lado, un sujeto político en formación, los indignados, tan plural como abstracto, tan dinámico en su respuesta como difuso en su propuesta, incapaz en todo caso aún de marcar la agenda. Del otro, unos partidos mayoritarios que habían confirmado de forma brutal la acusación bicéfala de las plazas. Más allá lo que era un tsunami de presión entre los líderes de las potencias europeas, las instituciones económicas mundiales y el propio entramado financiero. Obviamente un bando lo tenía todo de su parte.
Quizá lo que debería escribir ahora, lo que se podría esperar de este libro, sería un párrafo heroico apelando a que el Gobierno debería haberse resistido a esta legalización del chantaje, que un pueblo movilizado debería haber defendido la democracia en un referéndum. Solo quizá, porque unos años después una coalición de izquierdas llamada Syriza llegó al Gobierno de Grecia y enfrentó esa épica popular a los mercados, dando como resultado una derrota estrepitosa. Comportarse como adultos, la película de Costa Gavras sobre aquel pulso entre el país heleno y la Unión Europea, dejó testimonio en 2019 de cómo sucedió todo aquello, de cómo existe un abismo de proporciones bíblicas entre lo que debe ser y lo que es, entre la razón y la posibilidad para defenderla.
Juan Torres, economista de la Universidad de Sevilla, explicaba unos años después que la reforma del 135 «ha forzado a contener gastos que hubieran sido necesarios para impulsar la actividad económica […] obligando a las administraciones públicas que tenían superávit a destinarlo a la deuda y no a impulsar la economía»[16], mientras que Rodolfo Rieznik, miembro del patronato de Economistas Sin Fronteras, opinaba que «Hicieron la modificación para poder obtener el rescate financiero. Fue una garantía para que los capitales no asumieran ningún riesgo, ya que pasaron a estar amparados por la Constitución […] Nosotros pensamos que los políticos tienen que gobernar para la gente y no para los inversores».
Unos meses antes de estos decisivos días finales de agosto, Alfredo Pérez Rubalcaba, un histórico dirigente del aparato del PSOE, una de las personas que mejor conocían en este país los resortes del Estado y la política, fue elegido candidato del PSOE a las elecciones de noviembre, en una maniobra que daba por finalizado el zapaterismo y que volvía a situar al PSOE en manos de aquellos que formaron parte de los años de poder de Felipe González.
José Bono, presidente del Congreso en ese momento, recogió en su libro de memorias, Se levanta la sesión, la tensión de aquellos días, atribuyendo a la dirigente socialista Elena Valenciano el siguiente pasaje:
Estamos estos días intentando mitigar la herida que va a suponer para el PSOE la reforma constitucional del artículo 135 y anoche, subiendo Alfredo y yo de la cuarta a la quinta, en la que trabajan los economistas que nos echan una mano, Rubalcaba se sentó en un escalón y empezó a llorar como un niño. «No puedo hacerle esto a mi partido, Elena.» Lloró abrazado a mí un buen rato. Luego, su sentido de deber se impuso[17].
El sector de Rubalcaba, el aparato socialista, fue oposición interna en el PSOE a la reforma, pero a la vez dejaron públicamente testimonio de su postura, como el dirigente socialista extremeño Guillermo Fernández Vara, que expresó en redes sociales que «habrá que explicar si hay alguna razón que impida someter a referéndum la anunciada reforma constitucional, porque, si no se hace, nadie la entenderá y la mayoría social estará en contra, yo el primero»[18]. Esta oposición pudo ser fruto de varias contingencias, pero sobre todo la de intentar salvar a un candidato, Rubalcaba, que partía totalmente lastrado tras la reforma pactada con el PP, algo que su electorado penalizaría. La gran paradoja es que el sector clásico del PSOE, más a la derecha que Zapatero, le sobrepasó por la izquierda. Este protagonista, el poder de Ferraz, volverá a aparecer en esta historia más adelante