Desarrollo integral sustentable. Lucio Traverso
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en ella”34.
Aplicando este criterio a la misión de la empresa, podríamos priorizar las acciones y responsabilidades empresariales en dos niveles.
El núcleo o primer nivel son las acciones y responsabilidades primarias, es decir, las relacionadas con aquellas acciones tendientes al alcance de las cuatro finalidades específicas de la empresa, empezando por las personas, pasando por las organizaciones y comunidades locales, y finalizando en las organizaciones y comunidades más allá de lo local que se encuentran alcanzadas directamente por las acciones empresariales. El criterio de proximidad e incidencia es aplicado tanto desde el punto de vista de las personas como del geográfico. Estas acciones incluyen la consideración de aspectos negativos en el desarrollo de las actividades, que no solo están centradas en la intencionalidad de los directivos (por ejemplo, realizar acciones con transparencia para alejarse de ocasiones de fraude), sino también en la consideración de efectos colaterales o externalidades negativas previsibles (por ejemplo, la contaminación visual o ambiental en la localidad en la que opera la empresa).
En un segundo nivel se encuentran las acciones y responsabilidades que la empresa puede realizar si cuenta con el tiempo y los recursos una vez realizadas las acciones del primer nivel. En este caso es difícil establecer prioridades, pero nuevamente el criterio de incidencia debe guiar prudencialmente el accionar directivo. Por ejemplo, dentro de las acciones por priorizar, según el contexto en el que se encuentre la empresa, se encuentran hacer partícipes a los empleados y dueños de la mayor disponibilidad de tiempo o beneficios que contribuyeron a crear, incrementar la proporción de fondos destinados a alinear la libre iniciativa de directivos y accionistas con causas sociales empezando con la comunidad local, reinvertir los excedentes a fin de crear más empleos, y destinar recursos a aquellas actividades en las que la empresa tiene la cultura o capacidades para satisfacer necesidades sociales específicas. En este último punto hay empresas que han desarrollado una cultura y capacidades directamente relacionadas con la disminución de la pobreza, la nutrición infantil, la inclusión laboral de personas con capacidades disminuidas, el cuidado del medio ambiente y la participación comunitaria, y, por lo tanto, podrían dedicar tiempo y recursos a estas áreas más allá de sus responsabilidades primarias.
La relación entre la misión de la empresa y el desarrollo integral como criterio integrador se focaliza en considerar a la empresa como realidad política.
“La RES plantea de qué manera la empresa –y los hombres de empresa– definen y establecen su relación con la sociedad (mercado, gobierno, sociedad civil, proveedores, clientes y empleados) en la cual y para la cual trabajan”35.
La naturaleza política de la empresa la podemos descubrir al menos por dos vías: la empírica y la conceptual.
Desde el punto de vista empírico, la naturaleza política se puede percibir en el hecho de que varias empresas manejan un capital equivalente al producto bruto interno de países enteros. A esto se suma el hecho de que, en muchos casos, las empresas son organizaciones internacionales que operan en diversos países y que tienen la capacidad de cambiar la vida de comunidades que viven de la radicación de una empresa en su localidad36. Además, así como con la Revolución industrial el rol de la familia en la economía fuera reemplazado por la actividad empresarial, en el siglo xx el proceso de globalización hizo que la dimensión económica y empresarial cobrara más peso que la dimensión política en sentido estricto (es decir, gobierno), debido a que, a diferencia de las empresas, no existen gobiernos multinacionales37.
Esta proactividad positiva de la empresa para influir en su entorno es clave. La empresa y la sociedad se imbrican mutuamente: si las instituciones de una sociedad son débiles, no surgirán empresas sólidas; y viceversa, si la empresa no influye positivamente en la sociedad, esta no logrará estados de desarrollo que su potencial le permitiría alcanzar. El desarrollo de dicho potencial es una tarea de los empresarios. Como sostienen Polo y Llano, “velar por el entorno del que depende y sobre el que actúa constituye el aspecto de la dirección de más marcado carácter político”38.
Es así como, desde el punto de vista conceptual, se puede apreciar la naturaleza política de la empresa a través del concepto de “bien común”. Este puede ser definido como “conjunto de aquellas condiciones de la vida social, con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección”39. El bien común implica el bien de todos y cada uno de los que conforman el conjunto, la sociedad en nuestro caso. La empresa tiene fines particulares y, a la vez, fines generales (sociales, culturales, humanos, políticos), ya que, como organización humana, está inserta dentro del bien común de la sociedad en la que se encuentra.
La dimensión política de la empresa implica, entonces, que los dirigentes de empresas pueden ser considerados “dirigentes de la sociedad”. Ello significa que el empresario debe preguntarse si su actividad ayuda a desarrollar el bien común y la consecución de ideales valorables, en orden a contribuir a la estabilidad, al fortalecimiento y a la armonía de la sociedad. En resumen, la empresa tiene que ser un factor real de desarrollo humano, lo cual supone la libertad del empresario, una actitud ética frente al entorno y una vocación por la excelencia en los planos económico, sociocultural y político.
La visión política de la empresa como criterio superador de la RSE aporta el conocimiento del sentido de la relación recíproca entre la empresa y la sociedad en la que realiza su misión. Cuando no se considera esta dimensión esencialmente política de la empresa, es fácil caer en el individualismo competitivo, lo que torna difícil que la empresa desarrolle relaciones de colaboración a distintos niveles. Y, para poder actuar colaborativamente y lograr un desarrollo sostenido, son necesarios ciertos hábitos (valores y virtudes), que se adquieren y fortalecen obrando.
Además de las aportaciones de desarrollo de personas y de creación y distribución de riqueza mencionados anteriormente, las siguientes son aportaciones empresariales que resaltan la naturaleza sociopolítica de la empresa y, por lo tanto, fortalecen el criterio de relación entre la misión y el desarrollo integral:
• Su capacidad técnica para resolver problemas socioeconómicos. Efectivamente, las empresas cuentan con personal instruido y capacitado, y con expertise para la dirección de personas y la administración de recursos materiales que pueden aportar conocimiento y experiencia en el ámbito público.
• La capacidad de cohesión humana y social que logra este tipo de organización, en función, en primer término, de su condición de dadora de empleo y posibilitadora de inclusión, pero también en su relación con los más diversos stakeholders (desde esos mismos empleados, pasando por la multiplicidad de proveedores, hasta el Gobierno local y las instituciones intermedias).
• La natural cooperación público-privada e interempresarial que las empresas realizan comúnmente en función de sus actividades, fomentando la participación, el diálogo y el consenso entre las partes.
• La posición de institución intermedia y, por ello, privilegiada, que la empresa posee en relación con el Estado y la comunidad civil40.
• El carácter formativo y sociocultural con que cuenta, en principio, a través de la capacitación de recursos humanos, pero también alrededor de otros intereses comunes a la sociedad, como pueden ser el cuidado del medio ambiente o el fomento y el estímulo a la educación en el ámbito local.
En síntesis, sobre la base de los criterios provistos por Aristóteles y continuados por Tomás de Aquino, la empresa es receptora de las demandas sociales de participación y cooperación. La perspectiva aristotélica-tomista lleva a ver a la empresa como comunidad dentro de la sociedad. Surgen en la sociedad, se nutren en la sociedad y proporcionan bienes y servicios a la comunidad. Por ello, lo razonable es que la empresa contribuya con el bien común de la sociedad.
28. Ver Ghoshal (2005), Ghoshal y Moran (2005), Rocha y Ghoshal (2006:586; 596). Para una revisión y propuesta, ver Cortright y Naughton (2002), Handy (2003), Rocha (2008).
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