Activismo, diversidad y género. Laura Raquel Valladares de la Cruz
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político de largo aliento: la constitución de la UPOEG (2011), la conformación de la policía ciudadana y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (2012), la fundación de la Universidad de los Pueblos del Sur (2012), para dar cuenta de la raíz del proyecto autonómico relacionado con el ejercicio del derecho a la libre determinación: el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres (2018-2021), electo a mano alzada por la vía de los sistemas normativos internos y no por la de partidos políticos.
Continúo por la carretera “libre”, a 17 kilómetros del crucero de Tierra Colorada se encuentra el primer retén del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Ellos visten una playera de camuflaje militar color azul, la mayoría trae gafas de sol y portan el “fusil de asalto soviético”: AK-47. A partir de 2014, el FUSDEG se desprende de la UPOEG y formaliza su consolidación el 24 de enero de 2015 en Ocotito, municipio de Chilpancingo. Las fracciones se han dado por “fracturas internas” (Plácido, 2018) que se generaron en el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
Desde sus comienzos, el FUSDEG y la UPOEG han mantenido “conflictos de carácter político”5 y caminos bifurcados. Los señalamientos entre las dos organizaciones, tal como lo demuestra la información etnográfica, están vinculados a acusaciones de supuestos nexos con los poderes fácticos que participan en el control del territorio; como consecuencia, se han desatado diversos enfrentamientos, como aquellos sangrientos que ocurrieron el 6 de julio de 2015 en la comunidad de Xolapa (municipio de Acapulco) y el 24 de octubre de 2016 en la comunidad Tlayolapa (municipio de Juan R. Escudero). Desde entonces, ambas organizaciones han sostenido reuniones con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, con el objetivo de dialogar y “pactar una tregua”, sin llegar a acuerdo alguno.
Sin embargo, a partir de este camino escindido, las tácticas gubernamentales para confrontar a ambos grupos han sido variables e indelebles. Ambas organizaciones han sido cuestionadas por parte de las autoridades gubernamentales por portación de armas de uso exclusivo del ejército, fuera de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, aprobada el 15 de febrero de 2011; durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y que entró en vigor el 8 de abril de 2011; justamente en la víspera de que Ángel Aguirre Rivero asumiera el cargo de gobernador.
El viaje continúa por la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, ruta 198; enseguida, en el kilómetro 24, en el entronque a San Juan del Reparo, se encuentra un segundo retén, también del FUSDEG. El coordinador de este frente, Salvador Alanís Trujillo, menciona que ha tenido acciones conjuntas con el gobierno y que, en caso de ser necesario, “se van a replegar a sus bases de operación para que las autoridades hagan su trabajo” (Ocampo, 2016); desde marzo de 2014 ha sido reconocida, en términos simbólicos, como policía comunitaria por parte del secretario general de gobierno, David Cienfuegos (Noticieros Televisa, 2018), a cambio de la instalación de retenes militares en la zona: “Nos dijeron que van a tomar el control de la seguridad, mediante una estrategia conjunta con todas las instituciones de gobierno” (Ocampo, 2016). El FUSDEG tiene sus bases comunitarias principalmente en los municipios de Juan R. Escudero, Mochitlán y Quelchutenango de la Región Centro de Guerrero.
Mientras observo por la ventana del carro las imponentes montañas y los puestos improvisados de flor de jamaica,6 tamarindo, miel y mamey, voy reflexionando lo que hace algunos años señalaba Héctor Díaz Polanco de que el fenómeno general de la llamada globalización contribuía, sin duda, al surgimiento de una nueva identidad sobre bases étnicas y, por lo tanto, surgía una toma de conciencia colectiva de los pueblos indígenas en el sur mexicano.
Después de una breve parada en la comunidad productora de queso Las Mesas (municipio de San Marco), el trayecto continúa. Ahora, a 29 kilómetros en Chacalapa se encuentra el tercer retén y una comandancia, esta vez del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) de la UPOEG. Esta organización se da a conocer ante los medios de comunicación y ante la sociedad civil el 5 de enero de 2013 en la Costa Chica, principalmente en los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa. A partir de su surgimiento, la relación entre Estado y los pueblos indígenas ha colocado a debate no sólo el exclamado respeto a las culturas, sino también el derecho a la autodeterminación en Guerrero.
Continuando por la “libre”, en el kilómetro 35 se encuentra el cuarto retén comunitario, igual que el anterior, resguardado por policías ciudadanos del SSyJC de la UPOEG: “todo empezó por el cobro obligatorio a los ganaderos y por el hostigamiento si no pagabas el derecho de piso”.7 La dinámica de este retén consiste, también, en pedir cooperación voluntaria a las personas que transitan con vehículos por esta vía.
Pasando Las Mesas, a la salida de Tecoanapa (municipio del mismo nombre), justo después del Puente Mecatepec se encuentra la “Casa de los 43”, una casa de cemento pintada con murales: “Exigimos justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y esta reivindicación remite a la historia de Guerrero que puede remontarse, según Cirino Plácido, al “hartazgo de los pueblos indígenas ante la negación sistemática de la historia oficial”, hartazgo reflejado en la fundación del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencias Indígenas (Plácido, 2018). Como breve contexto, señalo que a partir de la década de 1990, en Guerrero surgen grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (escisión del EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); desde entonces, la criminalización por parte del Estado hacia las luchas del sur guerrerense ha sido perpetua, tal como ocurrió en las comunidades del municipio de Ayutla con la matanza de El Charco8 o con las esterilizaciones forzadas en el Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán.9
En esta senda, Guerrero ha sido un estado en el que sistemáticamente se han violado de forma constante los derechos humanos, económicos, culturales y sociales a causa de un deficiente ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de autoridades municipales y estatales (CNDH, 2014); no es casual la premisa de Boaventura de Sousa cuando dice: “sabemos que nos quieren amedrentar, que quieren que el miedo predomine, pero nosotros debemos tener la posibilidad de una esperanza” (Santos, 2018); esta esperanza se reflejó en la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (1995) en la región de la Montaña Alta, así como la creación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (2012) en las regiones de la Costa Chica y Centro encabezada por los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio y el párroco Mario Ocampo.
Quiero enfatizar que pocos días después de registrar en términos etnográficos este recorrido, el 7 de mayo del 2019, en el mismo corredor del viaje de Acapulco-Xaltianguis no sólo se complicaba sino que cambiaba el escenario, debido a que se instalaba una base de operaciones mixtas, conformadas por elementos del ejército, la armada, agentes de la Fiscalía General de Estado, de la policía estatal y de Seguridad Pública del municipio de Acapulco con el objetivo de realizar “recorridos con vehículos blindados y sobrevuelos con helicópteros artillados, para el reforzamiento de la seguridad y la protección de los pobladores de Xaltianguis” (Chávez, 2019), esto después de la irrupción de un nuevo Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) que atacó la comandancia de la UPOEG, y que devino en un enfrentamiento que dejó “tres muertos, cuatro heridos, un automóvil siniestrado y un bloqueo a la carretera” (Chávez, 2019). La UPOEG se retiraba del corredor, de acuerdo con su promotor Bruno Plácido para “evitar confrontaciones” (Plácido, 2019).
Me interesa ilustrar que la violencia estructural se expresa en Guerrero en el conjunto de prácticas violentas protagonizadas por el crimen organizado, que fragmenta el tejido social comunitario y amenaza con el control de los recursos naturales; no es gratuito, por ello, entender el surgimiento en el ámbito estatal de aproximadamente 25 sistemas de seguridad creados bajo lógicas comunitarias para hacer frente a la violencia fabricada por instituciones, así como por las relaciones y campos de fuerza identificables, tales como el crimen organizado, los sistemas políticos, el racismo, la inequidad de género y los concomitantes sistemas de opresiones (Bourgois, 2009:2).
Si bien mayoritariamente los sistemas de seguridad ciudadana y comunitaria son protagonizados por la UPOEG y la CRAC, también existen otros, como la Unión de