Activismo, diversidad y género. Laura Raquel Valladares de la Cruz
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las mujeres en todos los niveles de la estructura de poder del Estado y en los espacios de toma de decisión son el resultado de un arduo y largo proceso de la lucha colectiva protagonizada por mujeres del país y de todo el mundo, por ello podemos afirmar que su presencia en el campo del poder y la política no es el efecto de una “voluntad política” o dádiva complaciente, es la consecuencia de décadas de disputar un lugar en la política y en la esfera pública. Destacan como actualmente, las mujeres indígenas toman la palabra en diversos escenarios de activismo político, pero al mismo tiempo este activismo las ha hecho objeto de violencias sin parangón. Es decir, son víctimas de la violencia por su activismo en la defensa de sus derechos como mujeres, en la defensa de sus territorios-cuerpo, lo que las coloca con “revoltosas”; esta violencia se ejerce también en el ámbito electoral, que se denomina “violencia política por razón de género”. Lo que significa que la paridad de género, como principio para garantizar “la igualdad” entre hombres y mujeres en el acceso a cargos de representación política no es la gran panacea, debido a que aún seguimos escuchando afirmaciones como “se toma en cuenta a la mujer porque es obligatorio”, “porque así está estipulado en la ley”. De estas problemáticas nos hablan las autoras Laura Valladares y Lizeth Pérez, quienes plasman que a pesar de los grandes avances en materia de paridad de género, esto no se traduce en una promoción y garantía de la igualdad entre los géneros; es decir, que en los cargos de representación pública las mujeres siguen siendo una minoría, por lo tanto, la voz de las mujeres indígenas en la toma de decisiones sigue quedando como un eco que se escucha al fondo de las tribunas del Congreso o de los municipios.
En este sentido, la problemática que expone Laura Valladares alude a que el principio de la paridad de género se ha acotado a normar el derecho a la paridad electoral, pero aún falta mucho para atender la falta de mecanismos jurídicos para hacer efectiva y real (no solamente formal) la representatividad indígena para la edificación de una democracia plural en México. Reflexiona sobre la violencia política contra las mujeres durante el periodo electoral de 2018, y selecciona dos casos paradigmáticos para analizar las resistencias y la oposición de los partidos políticos para pluralizar el poder político en términos de género y étnicos. El primer caso estudiado es la renuncia de 67 candidatas a distintos cargos en el estado de Chiapas, y el segundo corresponde a la elección de l@s 13 diputad@s indígenas en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados para debatir la representación sustantiva en cuanto a la pertenencia étnica y la representación colectiva. La autora se centra principalmente en el perfil político de la diputada federal de origen mixteco, Irma Juan Carlos, electa en el distrito oaxaqueño de Teotitlán de Flores Magón, para dar cuenta del ensamblaje entre la defensa y compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres indígenas. Para Valladares estos espacios de contienda electoral y de la participación de las mujeres indígenas, denotan, cuáles son los aportes, riesgos y retos, que significa ser minoría en el Congreso. Paralelamente, centrar la mirada en los cargos en el nivel municipal es relevante en el sentido de que son el orden de gobierno en donde el vínculo con los gobernantes o representantes se da cara a cara, existe una mayor cercanía y, en muchos casos, un mayor control y participación de los gobernados. En suma, los casos y seguimiento que nos presenta la autora acerca de la trayectoria de lucha y disputa de las mujeres para llegar a un cargo, dan cuenta de sus gestiones políticas, de algunos cambios muy positivos para la inclusión de las mujeres, pero también para mirar el techo de cristal que limita y entorpece sus gestiones.
Por su parte, Lizeth Pérez se cuestiona ¿por qué hoy que tenemos una legislatura paritaria, las mujeres indígenas no han alcanzado una representación cuantitativa acorde con el porcentaje de mujeres indígenas en el país? Y reflexiona sobre los dilemas que dos legisladoras zapotecas han enfrentado durante sus participaciones en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que corresponde a los años 2015-2018. Las trayectorias políticas de las dos legisladoras demuestran que el hecho de ser mujer indígena no implica necesariamente defender una agenda de carácter étnico, sino implica también promover una agenda comprometida con el avance del reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. En esta dirección, el reto se encuentra también, según Lizeth Pérez y Laura Valladares, en que la cultura machista hegemónica no se mueve o modifica, por ejemplo, solamente respetando las normas electorales que mandatan, desde 2018, la paridad horizontal y vertical en todos los cargos de representación en la estructura política nacional. Uno de los aportes de este trabajo es el documentar, a través de las iniciativas de ley que han presentado las legisladoras indígenas, cuáles son las temáticas que defienden, cuáles son sus contenidos, y en este sendero logra brindar una mirada cercana a los sentires e identidades de género y étnica que defienden las diputadas indígenas desde su espacio acotado y poco visible.
Finalmente, en este eje temático, Dalia Barrera hace un recuento de cuatro lustros de su experiencia de investigación-acción en torno al acceso y desempeño de mujeres en los cargos de elección en el cabildo (presidentas municipales, síndicas y regidoras) en diversas entidades de nuestro país. Dalia ha sido una de las pocas antropólogas que han dedicado sus esfuerzos analíticos a reflexionar sobre las condiciones que promueven y limitan la participación de las mujeres en el espacio municipal. Ha dado seguimiento tanto a experiencias exitosas de gestión municipal en distintos estados de la república, así como a aquellos casos que son lamentablemente la mayoría, en donde las mujeres que son autoridades deben enfrentar una enorme cantidad de situaciones en las que han debido enfrentar todo tipo de violencias, estigmas, dobles jornadas de trabajo, acoso, entre otras muchas situaciones cuando han ejercido cargos en la estructura municipal. La autora retoma diversos conceptos como “mecanismos de exclusión”, “discriminación y acoso” y “violencia política” en el análisis de los testimonios y experiencias de las mujeres indígenas y no indígenas con las que ha trabajado. Una de las particularidades de la trayectoria de investigación de Dalia Barrera ha sido su trabajo con mujeres en el Grupo Interdisciplinario Mujer, Trabajo y Pobreza (Gimtrap), una asociación civil que promueve el enfoque de género, ofrece asesorías e impulsa estudios e investigación-acción, con el fin de incidir en la construcción de políticas públicas con perspectiva de equidad, diversidad y multiculturalidad. Esta agenda denota el interés por apoyar los procesos de reivindicación que impulsan las mujeres en el ámbito local para impulsar sus agendas y derechos. Como parte de su labor académica y su participación en esta asociación civil ha promovido la realización de múltiples eventos de formación y capacitación, tales como los talleres de sensibilización en equidad de género con distintos gobiernos municipales, así como tres encuentros de presidentas municipales, síndicas y regidoras en tres entidades (Oaxaca, Guerrero y Veracruz); estas valiosas experiencias son el fundamento a partir del cual reflexiona en torno al reto civilizatorio que implica construir un México democrático, con equidad social, étnica y de género, en un contexto de múltiples obstáculos sociales y políticos y de agudización de las violencias estructurales.
En el tercer eje, denominado “Rostros y escenarios de la violencia y feminicidio en México”, se reflexiona sobre los escenarios en donde se presenta la cúspide de la violencia ejercida contra las mujeres que es el feminicidio. Dos son los artículos que se dedican a esta problemática.
El primero ha sido preparado por la antropóloga Perla Fragoso, quien parte de la afirmación de que el feminicidio es un problema público que el Estado mexicano debe urgentemente atender. Analiza, desde una mirada crítica, los dispositivos institucionales y legales existentes en el tratamiento de este grave delito que atenta contra la vida de las mujeres. Se trata de un abordaje muy sugerente que parte de un método genealógico para analizar los discursos y prácticas que reconocen en el asesinato de una mujer un crimen misógino. En otras palabras, el texto de Perla Fragoso constituye un ejercicio genealógico, en un sentido foucaultiano, sobre el feminicidio en Chiapas. Para esto, la autora reflexiona a partir de los discursos de dos actores clave: por un lado, las organizaciones de la sociedad civil y, por el otro, el Estado mexicano, representado por los órganos nacionales que emitieron la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Chiapas en el año 2016, y por la Fiscalía General de Chiapas, en el contexto de la solicitud de investigación para la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el año 2013. Si bien, Fragoso nos invita a pensar que en la actualidad algunas mujeres nos