La transición española. Eduardo Valencia Hernán
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resumen podríamos concluir que, al finalizar el primer mes de 1969, numerosas universidades españolas se encontraban en la práctica paralización docente, encabezadas por las facultades de Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Granada, Bilbao y Pamplona.
Por otro lado, como resultado del estado de excepción decretado el 24 de enero de 1969 en toda España, se suspendieron algunas de las garantías del Fuero de los Españoles por un periodo de tres meses, siendo afectados los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 de dicha Ley, volviéndose de nuevo a la censura previa y al cierre de las universidades114.
El desconcierto en el gobierno ante la situación creada era evidente, surgiendo entre los miembros del gabinete propuestas contradictorias al respecto, aunque el propio almirante Carrero Blanco daba a entender lo contrario cuando afirmó: «Vamos a resolver la agitación estudiantil a nuestra manera, por lo que es necesario despolitizar la universidad»115. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos fue contraria a sus deseos, ya que la protesta estudiantil adquirió formas asamblearias que fomentaron una mayor participación de los estudiantes, entrando el conflicto en una nueva fase crítica debido entre otros motivos a la masificación estudiantil que obligó al gobierno a la contratación de nuevo profesorado, fruto del cual surgieron los llamados Profesores No Numerarios (PNN), llegando a ser estos, en ciertos momentos, los auténticos líderes de la protesta.
Por su parte, un sector de la Iglesia española, la heredera del Concilio Vaticano II, empezó a tomar partido por las reivindicaciones democráticas contrarias al régimen totalitario, y como consecuencia de este cambio de actitud surgió el protagonismo alcanzado, por ejemplo en Cataluña, por la asociación Acció Catòlica Independent, que el 15 de mayo de 1966 editó dos folletos informativos privados enviados a los militantes de asociaciones de apostolado seglar y eclesial donde se editaron cartas al arzobispo Gregorio Modrego Casaus y al Inspector Jefe de la Brigada de Investigación Criminal, Antonio Juan Creix, donde defendían dicha protesta mediante la marcha pacífica y silenciosa116.
También el abad del Monasterio de Montserrat, Cassià Mª Just, efectuó varias declaraciones muy comprometidas contra el gobierno, que le granjearon la reprobación de las autoridades. Una de ellas fue la realizada el 14 de mayo de 1969 en una entrevista efectuada en el Politischen Magazín Report München, donde el abad acusó al sistema dominante en España. En dicha entrevista, el abad Just respondió a diferentes preguntas relacionadas con el cambio en la vida de los españoles, poniendo énfasis entre la división de vencedores y vencidos. Reclamó los derechos perdidos de autodeterminación para Cataluña, la libertad de expresión y de reunión, las libertades sindicales y huelga, y afirmó que la obligación de la Iglesia en ese momento debía basarse en la denuncia del Evangelio. El abad aseveraba que la tragedia de la Iglesia española estaba en no haber hecho nada y haber estado muda durante treinta años y, a su vez, reclamó una investigación sobre muchos prisioneros políticos que carecían de derechos mínimos, denunciando la manipulación de la televisión pública. El carácter de Estado lo definió como totalitario haciendo claras referencias a sus aspiraciones cristiano-sociales dentro de un Estado neocapitalista. Criticó la situación de los sacerdotes comprometidos con actividades de carácter social o político, algunos de ellos en prisión, que no recibían el apoyo esperado de su obispo y continuó denunciando la opresión y las vejaciones recibidas por jóvenes que eran mezclados con los que él denominaba «invertidos». Años después, fue destacable su homilía en el Jueves Santo de 1973117.
La mano ejecutora del sistema represor, «la piovra policial», como la denominan los historiadores Antoni Batista y Josep Playà en La Gran Conspiració, funcionaba todavía a pleno rendimiento contando con un conglomerado de colaboradores, delatores y confidentes, todos estrictamente organizados. Alcaldes, guardias locales, responsables de correos y telecomunicaciones que interceptaban cartas, telegramas, llamadas telefónicas, seguían actuando como auténticos espías de la policía política, incluso podríamos encontrar delatores en cualquier nivel del servicio, empleados del servicio público, maestros, profesores, bedeles, etc., que cooperaban por simple afinidad al régimen. El control iba por lo general más allá de lo político llegando a introducirse en la misma sociedad, siendo la Junta Nacional de la Cruzada de la Decencia, presidida por el general, Alfonso Armada Comyn, la encargada de informar al Gobierno Civil de todo acto destacable.
En Barcelona, el núcleo represivo y de información policial se concentraba en la VI Brigada Regional de Información Social (BIS), también conocida como Brigada Político-Social (BPS), aunque los militares de la Segunda Sección bis del Estado Mayor de la Capitanía de la IV Región Militar también colaboraban en esta tarea. Los alcaldes, la policía municipal, los servicios de información de la Guardia Civil y una institución denominada Servicio Nacional de Información del Movimiento completaban el entramado informativo y represivo llegando a movilizar y efectuar la fuerza en caso extremo. A estos efectos cabe destacar a Tomás Garicano Goñi, gobernador civil de Barcelona en 1969, Tomás Pelayo Ros (entre 1969 y 1974) y Rodolfo Martín Villa (entre 1974 y 1975). En segundo nivel destacó el comisario Antonio Juan Creix como jefe de la BIS, responsable de las detenciones entre otros del socialista Joan Reventós, de Joan Comorera y de Gregorio López Raimundo del PSUC. Este comisario fue sustituido posteriormente por su hermano Vicente Creix y Julián Gil Mesas118.
Los tiempos estaban cambiando de tal forma que el carácter represor ejercido hasta la fecha por el régimen no hacía más que envalentonar las ansias de protesta, intensificando el movimiento reivindicativo tanto estudiantil como sindical. Un claro ejemplo de esta actitud fue el encierro de las esposas de presos políticos y sindicales como Marcelino Camacho y Julián Ariza en una iglesia madrileña, que acabó como un acto de plena actualidad en aquellos momentos que contrastaba con los intentos del sindicalismo español por legitimarse en los estamentos internacionales.
A este respecto, el informe de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) publicado el 23 de abril de 1969 era contundente cuando hacía referencia a que todos los cargos sindicales habrían de ser electivos y que debería existir una autonomía completa e igualdad efectiva en las asociaciones de trabajadores y empresarios. Por otro lado, los funcionarios sindicales deberían estar sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos que se encargarían de garantizar la libertad de expresión y de reunión que otorgase la libertad a todas las corrientes sindicales dentro de una unidad libremente aceptada. Finalmente, la organización sindical no debería estar sujeta a dirección o control de ningún movimiento político.
La Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en esa misma dirección envió una carta dirigida por el secretario general de esta asociación al presidente de las Cortes Españolas fechada el 23 de octubre de 1969, donde resaltaba el desacuerdo entre los principios que defendía el Proyecto de Ley Sindical en contraposición a las cinco condiciones reclamadas por la O.I.T, hecho que planteaba un serio inconveniente para la evolución democrática de España119.
Desde los órganos de gobierno universitario, Gastón de Iriarte y Fabián Estapé se manifestaron contrarios al decreto de cierre de las facultades ordenado por el gobierno, afirmando que «En la universidad debía predominar la inteligencia sobre la fuerza bruta, por lo que cerrar siempre sería un fracaso»120.
Mientras tanto, las plataformas de oposición antifranquista tomaron fuerza por toda Cataluña, organizándose entre ellas una plataforma unitaria que alcanzó su máximo esplendor a lo largo del denominado Proceso de Burgos, a finales de 1970. Pere Portabella de la Taula Rodona, Juan Antonio Bardem y Cristina Almeida hicieron entrega al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, de un documento denunciando las torturas. También Andreu i Abelló junto con Portabella se presentaron ante el jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría, mediante una gestión de José Mª de Areilza, para presentar un documento con similares características que los anteriores apoyando la denuncia de torturas y la retirada del Ejército del proceso judicial que se realizaba en Burgos; sin embargo, aunque el recibimiento fue afectuoso y positivo, el resultado fue infructuoso.
Sin duda, una de las organizaciones que tendrían más trascendencia política para la oposición democrática en Cataluña fue la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC). Esta plataforma política