La transición española. Eduardo Valencia Hernán
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entonces, a pesar de que la lucha opositora y, más concretamente el movimiento obrero, pese a no ser todavía un asunto urgente que resolver por el gobierno, seguía manteniendo en perfecto estado de tensión a este, privándole de legitimidad de cara al futuro.
Efectivamente, desde finales de los sesenta fue la universidad y no el movimiento obrero la gran preocupación de los gobiernos franquistas hasta el punto de haber creado estos un organismo exclusivo destinado a controlar una institución que se escapaba del control del régimen; recordemos que desde 1968 estaba funcionando un comité gubernamental que se reunía normalmente todos los miércoles para tratar en exclusividad todo lo relacionado con la disidencia del alumnado y el profesorado. Sin embargo, si comparamos con lo anterior, el régimen franquista dejó de ser lo que era al principio de los años setenta, influido por un cambio social que le produjo una disociación y un distanciamiento con la sociedad, decidiendo a partir de entonces dejar de controlar buena parte de la vida cotidiana española y dando la sensación de que el régimen y la sociedad en general se ignoraban mutuamente.
Por su parte, las relaciones Iglesia-Estado tuvieron una aparente mejora, aunque siempre conservaron un malestar de fondo generado desde el Concilio Vaticano II y que se había acrecentado en los primeros años de la década de los setenta. Recordemos que, en enero de 1973, un documento episcopal titulado «La Iglesia y la Comunidad Política» insinuaba la incompatibilidad de la fe cristiana con un sistema que no buscara la igualdad, la libertad y la participación, algo que el franquismo no podía aceptar. Por eso, la voluntad de la Iglesia de desligarse del poder político ligado al Concordato de 1953 iba pesando cada vez más por ambas partes. No obstante, la actitud del presidente Luis Carrero Blanco, según se desprende de sus conversaciones con el cardenal Vicente Enrique Tarancón, eran de llegar a acuerdos.
A este respecto, el enviado del Vaticano, monseñor Agostino Casaroli, visitó España en noviembre de 1973 y el nuevo ministro de Exteriores, Laureano López Rodó, resultó ser más prudente y frio que su antecesor, Gregorio López Bravo. Sin embargo, cabe recordar que tanto los cardenales Marcelo González y Vicente Enrique Tarancón, ni el arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany, eran partidarios de la firma de un nuevo concordato, aunque el primero lo fue menos al ser más proclive al franquismo. En definitiva, es evidente que, tras el derrumbe de la estrecha relación entre el catolicismo y la política practicada por el régimen desde su inicio, agravada en 1972, había llegado a su fin y tanto el dictador como su fiel presidente (Carrero) fueron testigos de ello, siendo ambos conscientes de que nada sería igual a partir de entonces.
El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, fue asesinado, víctima de un atentado. Con mis quince años felices, todavía puedo recordar mi desagradable despertar de la siesta, antes de ir al Instituto Torras i Bages de Hospitalet (Can Serra), cuando mi madre, con cierto aspecto desencajado y temerosa de la situación, me despertó diciendo: «¡Han matado a Carrero Blanco!». Los diarios de la tarde, perplejos y confusos por lo sucedido, intentaban describir dentro de lo permitido lo ocurrido:
«El presidente del Gobierno, que pasaba en su coche por el lugar de la explosión camino de su despacho, ha sufrido graves heridas y falleció poco después. Murieron el chófer y el policía de escolta. Fernández Miranda asume el poder provisional como vicepresidente.»393
Aunque en aquellos momentos todavía no se sabía la autoría del atentado, los verdugos del presidente pertenecían al comando «Txikia» de ETA, dirigidos por José Miguel Beñarán (Argala).
Si nos fijamos en la narración anterior, presumiblemente censurada, no se contemplaba por el momento el hecho de un atentado, pero pronto sería confirmado. En los primeros momentos recuerdo haber percibido cierto nerviosismo en los amigos o vecinos que me encontraba en la calle, incluso mi madre estaba nerviosa por esconder mejor aquel pañuelo que todavía conservaba con los colores de la II República, posiblemente presintiendo las inevitables represalias que todo el mundo esperaba.
Aquel mismo día, Josep Benet volvía a Barcelona tras intentar en los juzgados de Madrid, conocidos como las Salesas, obtener la libertad de sus representados en la causa de los 113, denegando el juez la petición de libertad provisional para ellos. Cabe decir que el interés por estos hechos pasó ciertamente desapercibido pues, en aquellos días, la actualidad informativa pasaba por la resolución de la causa ejercida contra diversos dirigentes de CC.OO.
A este respecto, en Barcelona se habían convocado diversas manifestaciones relacionadas con el Proceso 1001 que fueron reprimidas con rotundidad, efectuándose las rutinarias detenciones, entre ellas, la del estudiante de Derecho y Filosofía Xavier Vidal-Folch, perteneciente a Bandera Roja (BR), que sufrió agresiones antes de su ingreso en la cárcel Modelo. No obstante, el juicio comenzó el mismo día del atentado y finalizó cuatro días después.
La casualidad hizo coincidir el atentado con la distribución de un comunicado editado por el SCPAC titulado «La Asamblea de Cataluña por la libertad de Marcelino Camacho y sus compañeros. Por la amnistía y las libertades», aunque era evidente que los folletos estaban preparados desde algún tiempo antes, por lo que no hacían referencia a los últimos acontecimientos. Al final del informe se pedía la libertad para Marcelino Camacho, la suspensión del proceso de los 113 detenidos en la iglesia Mª Medianera del pasado 28 de octubre, libertad para todos los presos políticos y para el pueblo, finalizando con la alegoría de «¡Viva la Asamblea de Cataluña!». A continuación se convocó a la ciudadanía catalana para manifestarse en la jornada del día 12 de diciembre en contra de los juicios contra los llamados «diez de Carabanchel», todos pertenecientes a CC.OO, donde se enfrentaban a penas de cárcel elevadas. Se hizo mención de los consejos de guerra contra los obreros de la Térmica de San Adrián y a los pertenecientes al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL)394, por el que se pedían penas de muerte. En resumen, para la Asamblea todo formaba parte de una estrategia represiva de cara al fortalecimiento de lo que denominaban la «dictadura monárquica» fruto de la dictadura franquista395.
Como anécdota, el mismo día del atentado de Luis Carrero Blanco, a las 11 de la noche, se cerraron todas las celdas de la Modelo y, según testimonio de Francisco Frutos, algunos pensaban lo peor. No obstante, solo fue para comunicar a algunos de los presos la decisión judicial relacionada con las fianzas aprobadas.
Desde Madrid, el teniente general Carlos Iniesta Cano, jefe de la Guardia Civil había dado órdenes de que «En caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden, deberá actuarse enérgicamente sin restringir ni en lo más mínimo el empleo de sus armas»396, aunque afortunadamente, dicha orden fue revocada por el jefe del Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría.
Lo cierto fue que al finalizar el año 1973, de los 113 detenidos todavía seguían en prisión unos cuarenta; sin embargo, a partir del 29 de diciembre empezaron a recibirse las órdenes de libertad, siendo ocho de ellos los primeros afortunados, Josep Solé Barberà entre ellos, quedando 35. El domingo siguiente salieron otros 12, y el resto salió el día 9 de enero de 1974.
Mientras tanto, Franco seguía deshojando la margarita en busca de un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno, llegando la incertidumbre hasta el último día del año en que, sorprendentemente para las quinielas periodísticas, Carlos Arias Navarro fue el elegido.
Sin duda la última semana de diciembre de 1973 fue especialmente difícil para el Caudillo a la hora de encontrar una salida satisfactoria para el gobierno ante la crisis que se había planteado por sorpresa. A este respecto, mucho se ha hablado sobre las presiones que tuvo que soportar el viejo general a la hora de acertar en la elección de un nuevo presidente del gobierno y, aunque la historiografía apunta ante la fuerte influencia de su mujer, Carmen Polo, las últimas investigaciones se inclinan por la llamada «camarilla del Pardo» donde alguno de sus ayudantes como Antonio Urcelay o su médico particular tuvieron algo que ver; pero de lo que no cabe duda es que la decisión tomada por el dictador fue en conciencia y en libertad. Finalmente, de 35 candidatos iniciales propuestos por el Consejo del Reino, estos se quedaron en cinco: Alejandro Rodríguez de Valcárcel, José Antonio Girón, Pedro Nieto Antúnez, Manuel Fraga y Carlos Arias Navarro.
Como ya sabemos, el 28 de diciembre de 1973,