La transición española. Eduardo Valencia Hernán
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fueron constantes para que en su gabinete estuvieran presentes los más adictos al régimen. Sin embargo, aunque Carlos Arias rechazó en principio la apuesta de José Antonio Girón a participar en su equipo, sí que cedió a la instalación de algunos representantes afines a este.
Efectivamente, Carlos Arias, doctor en Derecho nacido en 1908 y que llegó incluso a trabajar bajo las órdenes de Manuel Azaña a finales de los años veinte en la Dirección General de Registros y Notariado, llegó al gobierno de la mano del ministro Camilo Alonso Vega que le nombró director general de Seguridad, llegando a ser alcalde de Madrid en 1965 en sustitución del conde de Mayalde. Sin embargo, a pesar de todos sus antecedentes parece ser que fue el mismísimo Francisco Franco quien lo catapultó al cargo ministerial de la seguridad del Estado cuando el gobierno se sumía en una profunda crisis.
Carlos Arias fue un profundo creyente, lo mismo que su antecesor en el cargo, y vinculado a la doctrina del nacionalcatolicismo, una circunstancia que al parecer no influyó en su discrepancia con la cúpula eclesial que aumentó enormemente tras el Concilio Vaticano II.
Tanto él como Luis Carrero Blanco coincidían en la esencia del franquismo, aunque actuaron fuera de los tentáculos falangistas y sufrieron ambos la experiencia de una guerra civil que les marcó en su actitud represiva, teniendo la misma idea, a su vez, de la falta de entendimiento del aperturismo generado en la Iglesia desde mediados de los años sesenta. Sin embargo, los dos actuaron de diferente manera a la hora de solucionar este problema, ya que, mientras Luis Carrero intentó diluirlo y amortiguarlo, Carlos Arias se enfrentó a él. Véase como ejemplo la resolución del llamado caso del obispo Antonio Añoveros. En efecto, la cortés relación entre Carlos Arias y el cardenal Vicente Enrique Tarancón saltó por los aires dada la actitud crispante del primero al haberse publicado un escrito desde el Arzobispado de Bilbao que hacía referencia al problema vasco y que estaba sustentado con el apoyo de diez mil firmas, entre ellas seiscientas de los 720 sacerdotes de la diócesis. Esta tensión se prolongó durante algunos días y tuvo una gran repercusión en todo el Estado, incluso en Cataluña la Asamblea de Eclesiásticos se manifestó a favor del obispo Antonio Añoveros.
Por otro lado, la relación de Carlos Arias con Franco era de auténtica devoción hacia su persona, aunque esa actitud no le fuera correspondida, llegándose a veces a una relación tensa y crispante entre ambos, una situación que coartaba de antemano la posible motivación surgida de un nuevo gobierno.
Así pues, el último día del año estuvo lleno de noticias, ya que, aparte de lo anteriormente comentado, coincidió paradójicamente con la publicación de las sentencias del Proceso 1001, aunque en realidad no hubo sorpresas apreciables, ya que las penas demandadas por los fiscales entre veinte y 12 años de prisión fueron las que se ejecutaron. Como caso anecdótico, cabe destacar que ese día, el famoso boxeador José Manuel Ibar (Urtaín) también lo pasó en la cárcel.
Efectivamente, el 3 de enero de 1974, el nuevo presidente del gobierno juró su cargo ante el dictador con sorpresa generalizada incluso en el propio entorno del poder, ya que el candidato inicial era el almirante Pedro Nieto Antúnez.
«Hoy comienza otra página de nuestra historia política»397. Así comenzaba su crónica el periodista Ramón Pi, resaltando la noticia de que el nuevo gobierno hubiese cambiado de color y se hubiesen producido ciertos cambios respecto a la representación en el nuevo gabinete. Primero la desaparición de los tecnócratas, cuyo máximo exponente era Laureano López Rodó; y segundo, la vuelta de los católicos al gobierno.
El primer gabinete del gobierno de Carlos Arias agrupaba en gran medida a técnicos sin personalidad destacada y desde el primer momento pudo intuirse la fuerte desunión entre ellos agravado por la ausencia de un programa claro y sin rumbo por lo que, pese a las buenas intenciones y proclamaciones de profundas reformas auguradas por su presidente, lo que estuvo claro es que su paso por el reformismo fue fugaz. Sus más cercanos colaboradores fueron José García Hernández, Luis Rodríguez de Miguel, Antonio Carro y Pío Cabanillas; estando en segundo nivel Antonio del Valle y Carlos Álvarez Romero.
El contenido básico de su programa de actuación vino contemplado en el discurso pronunciado en las Cortes el 12 de febrero de 1974 cuyo contenido fue elaborado prácticamente por su colaborador, Gabriel Cisneros. El documento hacía mención del nuevo talante del gobierno con una información más escrupulosa y una resuelta apertura de los asuntos de Estado referidos al debate institucional y a la confrontación de la opinión pública añadiendo que no se excluían sino aquellos que se querían autoexcluir. Sin embargo, las cuatro medidas que se catalogaron como aperturistas: la retirada del Proyecto de Ley de Régimen Local y sustitución por otro que permitiera elegir alcaldes y presidentes de Diputación provincial; el nuevo régimen de incompatibilidades en las Cortes; el desarrollo de la Ley Sindical y la redacción de un estatuto de derecho de asociación para promover relaciones más generosas e integradoras, nunca estuvieron más lejos de cualquier esperanza democrática.
Este nuevo, querer hacer, resultó un engaño mayúsculo ante la opinión pública y no tardó mucho en delatarse, pues a los cuatro meses de este discurso, exactamente el 15 de junio, el presidente Carlos Arias añadía en Barcelona ante el ministro del Movimiento, José Utrera Molina, que el espíritu del 12 de febrero no quería ser nada distinto al espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco.
Sin embargo, en su relativamente corta experiencia de gobierno, no cabe duda de que si algo supo hacer bien este gobierno fue todo lo relacionado con el orden público, ya que era su obsesión permanente y no le faltaron ocasiones para hacer frente a numerosos envites. Recordemos la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1976, justo tres semanas después de su famoso discurso y coincidiendo con la retransmisión por televisión de un combate de boxeo en que participaba la estrella del momento, José Manuel Ibar «Urtain»; la resolución del llamado incidente provocado por el general Díez-Alegría al entrevistarse con el dirigente rumano, Nicolae Ceaucescu; por su actitud ante la primera enfermedad de Franco derivada de la sustitución provisional en la Jefatura del Estado por el rey y el ninguneo del dictador al comunicar a Carlos Arias su retorno a la Jefatura del Estado, quizás por presiones de su entorno más próximo: su médico personal, Vicente Gil, y el marqués de Villaverde.
Esta situación fue realmente perpleja, pues incluso los ministros se enteraron del cambio de poderes por la televisión, lo mismo que la mayoría de los españoles. Sin embargo, el golpe de gracia que desacreditó definitivamente esa apertura ficticia de la que se enorgullecía el presidente Arias fue la destitución, ordenada por Franco, del progresista ministro de Información, Pío Cabanillas, y la posterior dimisión del ministro económico, Antonio Barrera de Irimo.
Parece ser que estos cambios ministeriales fueron provocados por las presiones del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera, en relación con la decisión de aceptar el ministro de Información y Turismo, que se entrevistase a Felipe González en la televisión y, sobre todo, por la apertura de la pornografía en los medios audiovisuales y escritos, algo que Franco no podía consentir.
Los sustitutos elegidos por Carlos Arias con la aquiescencia del Caudillo, pues como dijo el propio presidente «el que manda, manda», fueron Cabello de Alba y León Herrera, curiosamente, ninguno de los dos adscritos al búnker.
Por otro lado, ya se cumplía un mes de la huelga de hambre del padre Xirinachs en Carabanchel, y con ese motivo, el SCPAC emitió un comunicado el 4 de enero como carta abierta dirigida al sacerdote, pidiendo el fin de su actitud, ya que el riesgo por su vida aumentaba. Este mensaje coincidió con la publicación oficial de la lista del nuevo gobierno en la que resaltaba que no había ningún representante del Opus Dei ni tampoco de los propagandistas, incorporándose destacadas personalidades de la política, la diplomacia y la empresa pública. El gabinete estaba compuesto por tres vicepresidentes del gobierno. El primero era el ministro de la Gobernación, José García Hernández; el segundo era el de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo; y el tercero fue el de Trabajo, Licinio de la Fuente; siguiendo a continuación el de Exteriores, Pedro Cortina Mauri; Justicia, Francisco Ruiz Jarabo; Ejército, teniente general Francisco Coloma Gallegos; Aire, teniente general Mariano Cuadra Medina; Marina, almirante Pita da Veiga; Planificación y Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano;