Construcción política de la nación peruana. Raúl Palacios Rodríguez
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convencidos de que era preciso exponer, ante los pueblos, recién liberados de la servidumbre, los fundamentos teóricos de la organización del Estado. En consecuencia, de la vacilación inicial se pasó a la discusión y al análisis pertinentes.
Efectivamente, la controversia adquirió las formas del debate oral y de la polémica periodística. ¿El escenario? La prensa y la Sociedad Patriótica de Lima, respectivamente. ¿Los protagonistas? Los liberales (propugnadores del sistema republicano y, por tanto, del constitucionalismo) y los conservadores (partidarios del régimen monárquico y, por ende, del autoritarismo). Un resumen de las principales características de esa formidable efervescencia doctrinaria e ideológica se ofrece en las páginas siguientes46.
El gran debate, el choque dialéctico entre los adictos al gobierno fuerte (monárquicos) y los simpatizantes del régimen democrático (liberales) se llevó a cabo en el salón de sesiones de la Universidad de San Marcos, donde deliberó la citada Sociedad Patriótica convocada e impulsada por el gobierno para “discutir las cuestiones que tengan un influjo directo o indirecto sobre el bien público”47. Es uno de los momentos tribunicios de la emancipación, en el que el uso pleno del verbo se hizo con ribetes de violencia oral y escrita. Para este momento se habían acumulado decenas de años de educación en la lógica aristotélica, en los sofismas del escolasticismo y en la literatura candente y teórica de los libros prohibidos de Montesquieu y Rousseau (Neira, 1967, pp. 156-157; Porras, 1974, pp. 197-198). Unanue fue elegido por aclamación como vicepresidente de la Sociedad. El cargo de presidente no fue sometido a voto. Se adjudicó directamente a Bernardo Monteagudo; ocupado como estaba en otros afanes, quien prácticamente dirigió los debates fue nuestro prestigioso compatriota. Por ello —dice Germán Leguía y Martínez (1972)— su elección denota la confianza que tenían las dos facciones en su honestidad y, si no en su imparcialidad, por lo menos en su rectitud e independencia de criterio. Fueron electores censores: Francisco Xavier de Luna Pizarro, José Cavero y Salazar, Francisco Valdivieso y Manuel Pérez de Tudela. En la lista de miembros no aparece José Faustino Sánchez Carrión, quien será, en realidad, el ideólogo victorioso de la Sociedad, aún sin presentarse nunca en ella (Leguía y Martínez, 1972, p. 73).
¿Cuál era el objeto de la magna asociación? Básicamente, la Sociedad se había reunido para deliberar sobre tres puntos cruciales48. El primero (el más grave y candente) era definir la forma de gobierno más adaptable al Estado peruano, según su extensión geográfica, su población, costumbres y grado que ocupaba en la escala de la civilización. El segundo, averiguar las causas por las que en Lima se había retardado el avance de la revolución. Y, el tercero, elaborar un ensayo sobre la necesidad de mantener el orden público para concluir la guerra y perpetuar la paz49. Concluidas las formalidades de rigor y establecidas las comisiones respectivas, se dio inicio al análisis de los asuntos propuestos. Sobre lo acontecido, el citado Francisco Javier Mariátegui relata de manera pormenorizada el ambiente y los episodios de aquellas discusiones entre los hombres de pensamiento que se interesaban por el destino final de la Independencia50. Por ejemplo, manifiesta que el 1 de marzo de 1822 (primera sesión pública), el clérigo José Ignacio Moreno (muy conocido en el país “por su servilismo y oposición a todo lo que fuera capaz de engrandecer al hombre”) en términos un tanto matemáticos y recordando a Montesquieu, fundamentó las razones por las cuales no debía optarse por la República Representativa51. Sostuvo la tesis de que la difusión del poder político debía estar en razón directa de la ilustración del pueblo y en razón inversa de las dimensiones de su territorio. Su pensamiento aplicado al Perú, significaba que las masas ignorantes, casi esclavas, no estaban en aptitud de ejercer las funciones políticas “hecho que es propio de las democracias, donde cualquier hombre puede ocupar cargos públicos, por su capacidad y virtudes”. En el lenguaje de Moreno, por consiguiente, no eran muchos los que debían gobernar sino uno solo. La monarquía, por lo tanto, era la única forma de gobierno adaptable al Perú. La extensión del territorio, de otro lado, era incompatible con el orden de la democracia. El gobierno de ese tipo —anotó— había surgido históricamente en territorios pequeños, como ocurrió en la antigüedad. Consecuente con su pensar, terminó sugiriendo el establecimiento de un gobierno de un solo hombre: “Mande uno, y que uno solo sea Rey”, dijo citando a Aquiles en la Iliada.
La refutación a la exposición de Moreno corrió a cargo de Manuel Pérez de Tudela (con debilidad) y, sobre todo, del presbítero Mariano José de Arce, quien se encargó de demoler al orador monarquista. Comenzó cuestionando los principios mismos de Montesquieu. Dijo: “Luego del descubrimiento del gobierno representativo no interesa que el territorio sea grande o pequeño; lo que importa es cómo se le conduzca”. Y afirmó que Moreno, a pesar de su elocuencia, no lo convencía, “tal vez porque sus argumentos son idénticos a los que muchas veces oyó para sostener el cetro de Fernando VII”. Terminó señalando que la exposición de Moreno “era una tardía y trasnochada expresión del absolutismo”. Sin duda alguna, la intervención de Arce (sólida y mortífera a la vez) provocó desagrado y fastidio en el ministro Monteagudo que presidía la sesión. Ante este malestar, Luna Pizarro que había permanecido atento y en silencio siguiendo el debate, hizo uso de la palabra para sostener
que se abstenía de refutar las ideas vertidas por Moreno, pues era menester que previamente se reconociese a los miembros de la Sociedad Patriótica el derecho de oponerse a las ideas expuestas en su seno y se les garantizase que no habrían de sufrir por ellas el menor daño. (Luna Pizarro, 1959, p. 86)
Sostuvo también que toda discusión sobre la forma de gobierno conveniente al Perú debía ser tratada únicamente en el seno del Congreso, cuya reunión había anunciado el Protector, y en el cual estarían amparadas las opiniones de los representantes por la inviolabilidad que les reconocía la ley. Finalmente, sostuvo que, lejos de limitarse la discusión a un esclarecimiento académico “debía invitarse a los escritores para que escribiesen acerca del tema, pues así se conocería el sentimiento y la voluntad de los pueblos” (Luna Pizarro, 1959, p. 87)52.
Terció en el debate el conservador bogotano Fernando López Aldana (1784-1841), quien insinuó que, antes de elegir la fórmula monárquica, era necesario previamente analizar quién debería ser la cabeza gobernante. Señaló los males “de que fuera un descendiente de los incas o un príncipe europeo, y que el único que quedaba era el propio Protector”53. José Alvarez le interrumpió, para señalar que la cuestión no era de carácter práctico (quién sería el rey), sino teórico (qué gobierno debería tener el Perú). Como el debate se diluía, Hipólito Unanue recordó que el tema propuesto era si se debía optar por una Monarquía Constitucional o una Democracia Representativa.
Centralizado el debate, la discusión se orientó a definir la forma política más apropiada para el país54. La ofensiva corrió a cargo del gobierno. San Martín y su entorno (sin ocultar su fervoroso e innegable rechazo al republicanismo) consideraban que no era el momento oportuno de crear una República bajo el modelo de Estados Unidos porque las condiciones culturales, sociales y políticas eran totalmente distintas a las nuestras; consecuentemente, auspiciaron la formación de una Monarquía Constitucional similar a la de Inglaterra55. La intención del Protector, fundada sobre todo en la experiencia inestable e incierta que entonces se vivía tanto en Argentina como en Chile, era establecer en el Perú el mencionado régimen monárquico-constitucional56. Consecuente con ello —dice Raúl Porras (1950)— preparó en unión de Monteagudo, consejero falaz y sigiloso, de García del Río, acérrimo realista, y de un significativo grupo de condes y marqueses limeños, un proyecto encaminado a la búsqueda de un varón fuerte y activo (príncipe) de alguna de las casas reinantes de Europa. Para tal efecto, dos comisionados (el citado García del Río y el inglés Diego Paroissien) partieron para Inglaterra llevando la lista de los candidatos, que encabezaba el príncipe de Sussex Cobourgh57. En realidad García del Río y Paroissien fueron nombrados por el Protector como Plenipotenciarios de nuestro país ante los gobiernos europeos. Llevaban como instrucciones públicas tratar de obtener el reconocimiento de la independencia del Perú en Europa, de conseguir un empréstito y se les facultó para contratar expertos de diversas ciencias e industrias útiles para la flamante nación. Con carácter de “instrucciones reservadas”, se les comunicó el acuerdo del Consejo