El capital odia a todo el mundo. Maurizio Lazzarato
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pero, después de cuarenta años de neoliberalismo, en un marco completamente inédito: la ruptura de la gubernamentalidad se debe al uso de las instituciones democráticas por parte de la extrema derecha y a la gran debilidad de los movimientos anticapitalistas, incapaces de reorganizar y definir una nueva estrategia y nuevas modalidades de organización revolucionarias.
Uno de los pilares del “desarrollismo social” del PT –con el aumento del salario mínimo y de los salarios en general y con la creación de la Bolsa Familia (programa de ayuda a las familias más pobres)– fue el fomento del consumo, que estalló gracias al acceso al crédito de los pobres y los estratos más bajos de los trabajadores asalariados (el otro pilar de este desarrollismo fue la exportación de materias primas). Durante el último ciclo económico, el crédito parece haberse vuelto casi tan importante como los salarios para estimular el crecimiento de la demanda. Los salarios se duplicaron, pero el crédito al consumo se cuadruplicó –hasta representar casi el 45% del crecimiento de los ingresos familiares y un tercio del crecimiento del PBI–.
El acceso al crédito, que tenía como fin reducir la pobreza, funcionó también como caballo de Troya a través del cual la financiarización se introdujo en la vida cotidiana de millones de brasileños, especialmente los más pobres (“la inclusión por medio de las finanzas”). La relación acreedor-deudor como técnica que permite conducir y controlar las conductas es transversal a los grupos sociales, ya que funciona tanto con los pobres como con los desempleados, los asalariados, los jubilados. Técnica de una eficacia formidable, y que desplaza la lucha de clases a un nuevo terreno, donde las organizaciones de trabajadores asalariados tienen dificultades para posicionarse.7
La captura de nuevos grupos sociales (trabajadores, pobres y trabajadores pobres) en el circuito de la deuda fue facilitada por la introducción del “crédito consignado” por parte del PT: los bancos deducían los intereses de la deuda directamente de los salarios, las jubilaciones y las transferencias de ingresos, asegurando a los bancos contra cualquier tipo de “riesgo”. Para los bancos, esto indujo una disminución de los costos que hizo posible reducir el precio de los préstamos y, por lo tanto, ampliar el circuito del crédito.
El PT ha logrado imponer uno de los objetivos estratégicos del neoliberalismo: en la acumulación liderada por las finanzas, la “demanda efectiva keynesiana” y la redistribución de la riqueza por parte del Estado deben ser reemplazadas progresivamente por la privatización del gasto público y los servicios sociales (salud, educación, seguro de desempleo, jubilación, etc.). El financiamiento de estos gastos está garantizado por una creación de dinero que recurre a bancos privados e instituciones financieras, que multiplican las técnicas para facilitar el acceso al crédito. Así, el gobierno de izquierda favoreció otro objetivo de la agenda neoliberal aún más importante: la privatización de la creación de dinero, de la cual se deriva todo el resto de las privatizaciones. Esta estrategia de mercantilización de los servicios sociales constituye tanto una máquina para capturar las riquezas que se escapaban todavía de la valorización del capital financiero, un dispositivo formidable de producción de una subjetividad para el mercado y un proyecto de redefinición de las funciones del Estado.
Con el reemplazo creciente de la “demanda efectiva” keynesiana y las políticas redistributivas por la privatización de los servicios y el dinero, el capital financiero, tanto en Brasil como en otros lugares, tomó el control de la “reproducción social” y su financiarización. Ni el movimiento obrero ni el movimiento feminista han podido oponerle alternativas reales a esta apropiación/privatización de una “reproducción” que las corrientes feministas que piden la remuneración del trabajo doméstico (Wages for Housework) vienen diagnosticando como estratégica desde los años setenta.
Lena Lavinas describió específicamente la sintonía del gobierno del PT con las directrices de las instituciones financieras de la gobernanza global, que, al menos desde el año 2000, han abogado por la “inclusión a través de la financiarización” y la estimulación del crecimiento a través de créditos al consumo, que consideran el medio más eficaz para combatir la pobreza. Después del colapso financiero en 2008, el Banco Mundial, el FMI y el G20 querían acelerar el desarrollo de “sistemas financieros inclusivos” para reducir las desigualdades y establecer “igualdad de oportunidades”. La demencia autodestructiva –el fundamento suicida del capital–, cuidadosamente ocultada por una izquierda que le atribuye un poder de progreso y modernización que jamás tuvo, se manifiesta una vez más: resolver la crisis gracias a las técnicas financieras que la provocaron.
Pero la estrategia neoliberal es “económica” sin dejar de ser al mismo tiempo subjetiva: “Las ciencias económicas son el método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma”, decía Margaret Thatcher. Las nuevas políticas de protección social rompen radicalmente con los principios del estado de bienestar de posguerra, ya que apuntan a “proteger los medios básicos de subsistencia a la vez que fomentan la toma de riesgos” individuales. Incitan a los pobres a transformar sus conductas para poder asumir individualmente los riesgos que comporta una deuda.
Los “riesgos sociales” asumidos colectivamente, primero por la mutualización de los trabajadores y luego por el estado de bienestar, se vuelven ahora responsabilidad del individuo (el bienestar, aunque sea un medio de controlar a los trabajadores estatizando las formas de solidaridad entre ellos, mantenía el principio de socialización de los riesgos). Esta cobertura del sistema de riesgos sociales mediante el riesgo individual de endeudamiento es concebida por las instituciones financieras como una técnica de sujeción; los desembolsos regulares les imponen a los deudores una disciplina, una forma de vida, una forma de pensar y de actuar. A los ojos del Banco Mundial, este control de uno mismo es esencial para transformar a los pobres en empresarios capaces de manejar la irregularidad de sus flujos de ingresos gracias al crédito.
Estas nuevas técnicas de gubernamentalidad, muy diferentes de los dispositivos de poder fordistas, están destinadas a crear condiciones (incentivos económicos, estímulos fiscales, etc.) para orientar las “elecciones” de los individuos hacia el sector privado a través de una ingeniería social micropolítica que es fundamentalmente financiera: en lugar de prestar servicios, es necesario distribuir dinero o, mejor aún, el crédito que el individuo gastará en un mercado de proveedores de servicios abierto a la competencia. Así, el usuario de servicios sociales se transforma en un cliente endeudado.
El PT también realizó, sin saberlo, otro elemento del programa neoliberal que rápidamente se volvió contra él: la reconfiguración del Estado y sus funciones. Lejos de los neoliberales está la idea de un “Estado débil”, de un Estado mínimo, y mucho menos una de “fobia al Estado”. Por el contrario, la privatización de los servicios debe liberar al Estado de la presión que ejercen las luchas sociales sobre sus gastos. En lugar de ser el lugar de ejercicio de la soberanía, necesario para el buen desarrollo de la propiedad privada, durante la Guerra Fría el sistema político fue desbordado por demandas que socavaron la autoridad del Estado y extendieron sus funciones administrativas (este es el significado del informe de la Comisión Trilateral de 1975)8.
Privatizar la “oferta” de servicios significa eliminar la dimensión política de la “demanda social” y su forma colectiva. El Estado, una vez liberado de las “expectativas”, los derechos y la igualdad que conllevan las luchas, podrá asumir las funciones que el neoliberalismo le tiene reservadas: se convertirá en “un Estado fuerte, para una economía libre”, “un Estado fuerte con los débiles (los desposeídos) y débil con los fuertes (los propietarios)”. No debe ser mínimo, sino organizar y administrar “prestaciones mínimas”, es decir, garantizar una cobertura mínima de riesgos, porque el resto debe adquirirse en el mercado de las aseguradoras. Aquellos que no mantienen el ritmo de la competencia, y se quedan afuera del mercado laboral, tienen a su disposición un “mínimo” a partir del cual podrán volver a entrar en la competencia de todos contra todos (workfare). Por otro lado, es el propio Estado el que debe trabajar para lograr esta transformación, mediante la subfinanciación de los servicios, dejando que se degraden para introducir en su lugar políticas fiscales que fomenten el uso del crédito. Esto es precisamente lo que el Estado brasileño fue ejecutando gradualmente.
En Brasil, durante los mandatos de