II. EL CONTEXTO Y ESTUDIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

      LA REPRESIÓN DE POSGUERRA

      La incoación, instrucción y fallo de los procedimientos por responsabilidades políticas tuvieron lugar en un contexto muy concreto de miserias, violencia y contrarrevolución de género. El grueso de las actuaciones se extiende, en la provincia de Valencia, desde 1939 hasta 1946-1947, una década marcada por el círculo vicioso del hambre, la miseria y las enfermedades infecciosas. Según Miguel Ángel del Arco, la «España de los años cuarenta roza el esperpento» hasta tal punto que «si no fuese por los sufrimientos y muertes de gran parte de la población, tendría tintes de cómico».¹

      Por su parte, la persecución del considerado enemigo no cesó tras el final del conflicto bélico. La guerra continuó por otros medios, cambiando los frentes de batalla por los consejos de guerra, las cárceles atiborradas o los batallones de trabajo.² Así, el fin de las estrategias militares puede ser considerado una «formalidad», y la dictadura franquista, una «larga paz incivil» o una «paz retórica».³

      Actualmente, existe en la historiografía especializada un amplio consenso en torno al carácter violento y represivo de la dictadura, a su condición de pieza básica, central y estructural, y a la importancia de este como uno de los elementos claves para su mantenimiento. Asimismo, se recalca su brutalidad, complejidad y versatilidad, a la par que se señalan elementos diferenciadores respecto a otras dictaduras de entreguerras.

      Por ejemplo, Julián Casanova se refiere a ella como la médula espinal de la dictadura de Franco y como parte integral en la formación del Estado franquista. En la misma línea, Francisco Moreno define la violencia no como algo episódico, sino como un componente fundamental del franquismo y un pilar del nuevo Estado.⁴ Así, este sistema represivo orquestado por los sublevados constituye, según Julio Aróstegui, la característica más destacada por su duración y por concurrir como un elemento determinante en todas las etapas de su configuración. Además:

      El régimen de Franco se encuentra entre los regímenes políticos que de forma más permanente, sistemática, institucionalizada y eficiente para sus fines practicaron la coerción, la violencia política y la exclusión entre todos los que se instituyeron como poder totalitario.⁵

      Por su parte, Javier Rodrigo incide en la imposibilidad de eliminar la variable de la violencia al buscar la naturaleza política del régimen y la explicación de su larga duración. Esto es: «el franquismo echó las bases de su larga duración en la enorme inversión en violencia realizada en la guerra y la posguerra, para después ir administrando sus rentas». A este respecto, en consonancia con los anteriores, apuesta por caracterizar la violencia como «estructural y preventiva» para ayudar a comprender sus «continuidades y readaptaciones».⁶

      Finalmente, Ismael Saz explica el carácter de la represión en la combinación de la voluntad de revancha, venganza y exterminio del enemigo político con la ausencia de un proyecto integrador y la propia inseguridad de un proyecto puramente reaccionario. Ello la diferencia de las dictaduras fascistas:

      La dictadura franquista, a diferencia de las fascistas, nunca concibió la violencia y la represión como un expediente transitorio a la espera de que los nuevos mecanismos de integración y movilización permitieran ampliar las bases del apoyo popular.⁷

      Su brutalidad, su complejidad y sus efectos, han convertido los diferentes mecanismos de represión, control y coerción en un tema de interés preferente entre los historiadores del franquismo, con un claro predominio de los estudios centrados en la posguerra. Aunque continúan existiendo numerosos espacios en blanco, el volumen de bibliografía que se ha generado en torno a esta cuestión es inmenso. Asimismo, gran parte de la investigación sobre la represión de posguerra, al menos la realizada desde las universidades, ha alcanzado un notable, si no sobresaliente, grado de precisión conceptual –no exenta de debate–, reflexión y diversidad en cuanto al estudio de aspectos claves para complejizar y profundizar en el funcionamiento de la maquinaria represiva.

      La represión en la posguerra fue un fenómeno polifacético o poliédrico, en el que se conjugaron múltiples mecanismos de manera simultánea e interconectada, de ahí su complejidad. Los diferentes tentáculos se daban paralelos, se entrelazaban, se retroalimentaban; y ello potenciaba recíprocamente su capacidad represiva y de control. Cumplieron una función punitiva, pero también legitimadora y de control. Como señala Manuel Álvaro:

      La represión se erigió como elemento estructural del régimen franquista, para preservarlo de cualquier atisbo de oposición, pero también como instrumento de legitimación. Por eso, el franquismo se afanará desde fechas tempranas en definir pormenorizadamente las conductas de la anti-España que determinaron la actuación salvadora del Ejército, frente a las cuales, aun erradicadas del solar patrio, la nueva España no podía bajar la guardia.⁸

      Asumiendo el riesgo que supone cualquier tipo de ordenación de un fenómeno complejo, puede hacerse una clasificación primaria que distinga entre modalidades judiciales y no judiciales de la represión de posguerra. Esto es, entre aquellas modalidades que bebían de una norma y las que no. Las primeras se equipararían, siguiendo otra fórmula de sistematización, a la «represión contable». Según Antonio Calzado, sería aquella que, en la medida que la documentación conservada y consultable lo permite, puede ser contada, cuantificarse. Esto es, pueden ofrecerse estadísticas de su funcionamiento e incidencia, y análisis sociológicos.⁹

      Entre las modalidades judiciales de esa represión de posguerra, conviene detenerse en la justicia militar. Por su relación con las Responsabilidades Políticas y porque se erigió como el principal resorte de punición. Combinó ser habitualmente el «primer juicio», un carácter masivo –que no indiscriminado– en cuanto al número de afectados y la mayor eficacia sancionadora, máxime si se considera que su gama de penas puede ser considerada la más dura y dramática.¹⁰

      La justicia militar, o «represión judicial militar», se ponía en marcha con la declaración del estado de guerra mediante bando, automático tras la ocupación por parte de las tropas franquistas y vigente hasta 1948. Pablo Gil la ha definido como una

      suerte de entramado dirigido a juzgar individuos a partir del 18 de julio de 1936 sobre la base procesal y penal del Código de Justicia Militar de 1890 corregida por diversos «bandos de guerra» que finalmente confluyeron en el 28 de julio de 1936, así como por otras disposiciones de carácter procesal.¹¹

      Un complejo entramado jurídico-militar que estuvo en permanente construcción durante la Guerra Civil atendiendo a las necesidades de los sublevados. No obstante, el momento álgido se sitúa, según Jorge Marco, en cinco meses de 1936. Según este autor, «entre julio y noviembre de 1936 los militares habían logrado construir la arquitectura de la justicia militar». Entre otros, se unificó el referido bando, se ratificó la preeminencia de la justicia militar sobre la ordinaria y se restableció el Código de Justicia Militar.¹²

      De entre los tipos de procedimiento contemplados por este último, los sublevados optaron por el más expeditivo y con menos garantías: el procedimiento sumarísimo, que permitía juzgar más rápidamente. Aun así, en vista de la supuesta conquista de Madrid, el 1 de noviembre de 1936 se aprobó el decreto 55, por el que se establecía la modalidad del procedimiento sumarísimo de urgencia. Se suprimían algunas partes del sumarísimo para hacerlo todavía más ágil y eficaz para el castigo, reformando o anulando por norma las ya escasas garantías procesales.¹³

      Dos meses después, a finales de enero de 1937, el decreto 191 extendió estos procedimientos sumarísimos de urgencia a todos los territorios que se fueran