La transición española. Eduardo Valencia Hernán
Читать онлайн книгу.
la democracia cristiana de Cataluña, el Movimiento Comunista de España (MCE),75 que estaba presente hasta ahora en la Asamblea, recibía ciertos reparos por su intención de formar parte del Consell, aunque esta posibilidad no se plantease por el ya conocido problema de la “obediencia catalana”.
El 28 de enero de 1976, el discurso televisado del presidente Arias ofreció a los españoles los propósitos que perseguía el gobierno a medio plazo:
“No quiero ni debo pasar por alto un estado de opinión que, con algunos juicios tan ligeros como osados, se ha pretendido inventar en torno a nuestro último pasado político. Es evidente que se intenta borrarlo; que se trata de hacer olvidar nuestra mas reciente historia; y que, para ello, se ha creado un ambiente de confusión y desorientación más aparente y ruidoso que real y profundo, ofreciendo, paradójicamente y con el señuelo de la novedad, volver a un imposible e indeseable punto 0 (…) En este importante aspecto de la vida política, el gobierno huirá del inmovilismo y la frivolidad; de la rigidez y de la aventura, intentará mejoras pero no aceptará el desbordamiento de nuestro orden de convivencia”.76
En realidad el discurso del presidente no decía nada nuevo que no fuera pretender una huida hacia delante basado en el continuísmo del régimen político establecido, reaccionando de inmediato ante situaciones como las ocurridas en Madrid en días anteriores, militarizando el servicio ferroviario y de Metro en contra de las manifestaciones y huelgas efectuadas en el sector.
Desde el otro lado, la visión sobre la situación política del país era totalmente opuesta; al menos así lo expresaba el dirigente de CC.OO, Marcelino Camacho, en sus declaraciones al diario Le Monde, afirmando que la huelga era también política sin querer decir que estuviera impulsada por agentes exteriores al mundo laboral sino que eran los propios trabajadores los que sentían la necesidad vital de hacerla. Efectivamente, aquel año de 1976 significó, y los datos lo demuestran, un punto de inflexíon, en la presión ejercida por los movimientos obreros en su lucha por el cambio político y social.77
RELACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES (1968-1976)
| AÑO | CONFLICTOS | OBREROS IMPLICADOS | HORAS PERDIDAS |
| 1968 | 351 | 130.742 | 1.925.278 |
| 1969 | 491 | 205.325 | 4.476.727 |
| 1970 | 1.595 | 460.902 | 8.738.916 |
| 1971 | 616 | 222.846 | 6.877.543 |
| 1972 | 835 | 277.806 | 4.692.925 |
| 1973 | 931 | 357.523 | 8.649.265 |
| 1974 | 2290 | 685.170 | 13.989.557 |
| 1975 | 3.156 | 647.100 | 14.521.000 |
| 1976 | 40.179 | 2.519.000 | 106.506.000 |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Informes sobre conflictos colectivos, 1968-1975 (Madrid).
Las reacciones al discurso de Arias desde la oposición catalana no pudieron ser más negativas. El comunista Jordi Solé Tura opinaba que el cambio era indispensable y que se tendría que hacer mediante el pacto con una oposición democrática representante de la verdadera voluntad de cambio de la población. Por otra parte, mientras que Joan Reventós (CSC) añadía que el proyecto de cambio sin ruptura se resumía en un “ni quiero ni puedo”, Heribert Barrera comentaba del discurso de Arias los aspectos negativos referidos a la amnistía, la amalgama entre violencia terrorista y las llamadas doctrinas de disolución social. Por su parte, Llibert Cuatrecases de UDC, hablaba de que la institucionalización de las regiones quedaba reducida a aspectos técnicos que solo la organización de un Estado federal democrático y pluralista podría garantizar; y finalmente, el dirigente socialista Felipe González quiso añadir que el discurso del presidente del gobierno solo había gustado al búnker y a las Cortes.78
A comienzos de febrero de 1976 fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de invierno en la localidad austriaca de Innsbruck, siendo la gran triunfadora del evento la esquiadora alemana Rosi Mittermaier. Mientras tanto, entre prueba y prueba deportiva, la prensa nos ofrecía una variada coctelera de noticias variopintas que iban desde los sobornos efectuados a múltiples personalidades en Europa y Japón por la sociedad de empresas Lockheed, pasando por la proclamación del nuevo primer ministro chino Hua Guofeng,79 hasta la llegada de las últimas noticias relacionadas con la guerra civil en Angola que estaba en plena actualidad por la caída de Huambo, capital de UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), en manos del FNLA (Frente Nacional de Liberación de Angola). Sin embargo, las noticias más llamativas provenían de la propia capital del Estado donde iba creciendo la expectación en los círculos políticos afines al régimen ante la inminente creación de un Frente Nacional liderado por el ex ministro Gonzalo Fernández de la Mora, en contraposición a la Junta y Plataforma.
El 9 de febrero, el gobierno, intentando paliar los efectos de la crisis económica, devaluó la peseta en un 11%. El ministro de Hacienda, Juan Miguel Villar Mir, justificó esta decisión con la intención de incrementar las exportaciones y reducir las importaciones dado el incontrolable crecimiento de la deuda externa del país valorado en ocho mil millones de pesetas, justificando a su vez la inflación acumulada por el constante crecimiento salarial efectuado en los años anteriores.80
La oposición recibió la noticia con expectación y desconcierto, opinando en su mayoría que la devaluación influiría directamente sobre el desarrollo del cambio político propuesto por el Ejecutivo. Para el economista Ramón Trias Fargas la situación económica, como en 1931, no iba a ayudar al cambio político que se avecinaba. Sin embargo, otros políticos incidían sobre la posible intensidad especulativa sobre la divisa española, hecho que probaría que estaba sobrevalorada, reconociendo que quizá, si en alguna ocasión la devaluación estaba justificada, era en este caso. Esa era la opinión de Carles Cuatrecasas.81 Pero la respuesta más contundente vino desde el PSUC, afirmando que la devaluación crearía un aumento de los beneficios para un sector de la burguesía, aumentarían los precios y la desocupación y se reduciría el consumo popular con la consiguiente desaparición de las empresas menos competitivas, creándose una fuerte incertidumbre entre la ciudadanía.82
Por otro lado, siguiendo la política de claroscuros del gobierno Arias, sobre todo cuando nos referimos a los aspectos aperturistas tan proclamados en el espíritu del 12 de febrero, fueron suspendidos por la Dirección General de Seguridad (DGS), tres de los cuatro recitales que el cantante Raimon debía efectuar en Madrid, aunque nada pudo hacer por evitar el éxito del recital celebrado el día 6 de febrero en el Pabellón Deportivo del Real Madrid, considerado por la oposición como una fiesta democrática. Raimon comenzó su actuación con Jo vinc d’un silenci y Quatre rius de sang que provocó entre los asistentes un acalorado ¡Visca Catalunya! Al acabar, representantes de la Junta y Plataforma, que venían de asistir como invitados a la sesión del Consejo de Europa en Estrasburgo, se trasladaron al camerino del cantante para homenajearlo.
En otro ámbito de la vida política, las Cortes franquistas seguían aún activas pese a su inmovilismo legislador y no perdían la oportunidad, siempre que se presentaba, de obstaculizar los mínimos avances aperturistas del gobierno, prohibiendo esta vez que los beneficios de la Ley de Mutilados de Guerra, recientemente aprobada, fueran aplicables a quienes sirvieron en el ejército republicano. Era evidente que los movimientos afines a la extrema derecha, apoyados por el bunker, no iban a cejar en su empeño en mantener a toda costa los privilegios políticos que le procuraba el franquismo. Como ejemplo ilustrativo, el 15 de febrero se reunieron en Altafulla (Tarragona) un grupo de asociaciones políticas pertenecientes a la extrema derecha: Unión del Pueblo Español, Frente Nacional Español, Anepa, Unión Nacional Española, Frente Institucional, Agrupación de Hermandades de la Cruzada, Guardia de Franco, Círculos Doctrinales José Antonio, Alfereces Provisionales, Fuerza Nueva y Falange Española y de las JONS, actuando como moderador del acto Carlos Cava de Llano.
El gobierno, fiel a su política de libertad limitada, envió a las Cortes un proyecto de ley regulando el derecho de reunión establecido en el artículo 16 del Fuero de los Españoles y revisando el de prevención de terrorismo de 26 de agosto de 1975, según anunció el ministro de Justicia, Antonio Garrigues. Algunos días antes, en el Club Siglo XXI en una conferencia sobre el tema “Continuidad y Reforma”, Manuel Fraga había comentado que las