Retórica de la victoria. Giohanny Olave
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y cuatro años de gobierno (1886-1930). Vega (2002d) propone dividir esa fundación en tres etapas: socialismo cristiano (1909-1919), periodo influido por las tesis de León XIII; socialismo de Estado (1919-1924), con un papel protagónico del sindicalismo y el huelguismo; y socialismo revolucionario (1926-1930), con la fundación del Partido Socialista, en 1926, y su conversión en Partido Comunista de Colombia, en 1930.
9 Así lo refiere el PNUD (2011): «Que en la legislación de otros países no existan referencias directas a los derechos de la oposición no significa que estos partidos carezcan de garantías. En la mayoría de regímenes democráticos modernos, el reconocimiento de derechos políticos propios del Estado de derecho –en la medida en que aplican para todos los partidos– se entienden como suficientes para permitir el ejercicio de la oposición [...]. Este tipo de argumento ha sido utilizado en Colombia para justificar la inexistencia de un estatuto de la oposición. Así ocurrió durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990) y Álvaro Uribe (2002–2010)» (págs. 14-15). Los análisis de Castro (2013), Buitrago (2014) y Pérez y Loaiza (2015) también han incluido el problema de las obstrucciones en su seguimiento a las iniciativas de una ley estatutaria para la oposición. En estos trabajos se plantea que la obstrucción es, sobre todo, de carácter institucional.
El bienio 2010-2012: Inercia del conflicto y retórica del fin del fin
A partir de junio de 2007, el Gobierno colombiano empezó a asegurar que la guerrilla estaba a punto de ser derrotada. Durante la última etapa de la Política de Seguridad Democrática o de Consolidación (2006-2010), en el segundo gobierno del expresidente Uribe, las fuerzas armadas instauraron una tesis sobre el conflicto armado con las FARC-EP, según la cual la derrota de la guerrilla era inminente. Fue el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, quien sintetizó esa visión gubernamental a través de la expresión el fin del fin10:
Aquí se están dando las grandes batallas que demuestran que estamos en el fin del fin contra las FARC-EP […]. Estamos en el fin del fin… porque las condiciones de apoyo de la población que tienen las FARC-EP no sobrepasan el uno por ciento. El que tiene el apoyo del pueblo tiene la victoria, y ese apoyo lo tienen hoy día el Gobierno y sus Fuerzas Militares (Noticiero en línea Infolatam, 6 de agosto de 2010).
Según esta tesis, cada uno de los ataques militares ejecutados contra los insurgentes demostraba que faltaba muy poco para la derrota final a través del triunfo militar, que se traduciría en la desmovilización total del grupo armado y la pérdida completa de su base social. Alrededor de esta tesis, o bien, apoyado en ella, se construyó el discurso gubernamental sobre el conflicto en el segundo mandato de Uribe, según ha sido analizado desde la ciencia política (García Durán, 2008; CODHES, 2011; Granada, Restrepo y Vargas, 2009).
Con el discurso del fin del fin se cerraría una etapa gubernamental y se abriría otra, en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República (2010-2018), antes Ministro de Defensa (2008-2010). No obstante, el discurso del fin del fin empezaría a desgastarse por el aplazamiento permanente de la derrota de la guerrilla: la imposibilidad de que la guerrilla perdiera la guerra, pero también de que pudiera ganarla. Ese desgaste constituye un periodo histórico, social y político particular en el conflicto interno, que deja ver cómo fracasó el proyecto de derrota insurgente por las vías exclusivamente militares, y, por tanto, cómo se cerró la era de la Seguridad Democrática, sin cumplir con el objetivo final para el cual se creó esta política.
A partir de agosto de 2010, con la llegada del nuevo presidente, se puede hablar del inicio de un proceso político que llevaría a buscar en 2012 una salida negociada al conflicto con las FARC-EP. El proceso de cierre o culminación de la Seguridad Democrática duró los primeros dos años de la presidencia de Santos (2010-2012), y constituye la etapa final de una estrategia de guerra contrainsurgente. Sería, entonces, el cierre de una política y del discurso que la sostenía; un discurso desgastado por la permanencia de la guerra, que llevaría al final del discurso del fin del fin a raíz de la inercia del conflicto.
Pero el final del fin del fin no se dio a través del reconocimiento de que un discurso se había desgastado. Por el contrario, se trataba de un desgaste que resultaba innombrable porque apuntaba al fracaso de una política que no logró vencer a la guerrilla, a pesar de enormes esfuerzos y sacrificios económicos, logísticos y humanos. El recorte histórico que enmarca el final de ese discurso del triunfo militar permite profundizar, entonces, en los modos a través de los cuales el discurso del fin del fin se fue transformando en otro sin mostrarse desgastado ni finalizado; en otras palabras, cómo se mantienen vivos y activos aquellos discursos cuya fuerza se va debilitando a partir de los hechos que los contradicen. En este sentido, las construcciones retóricas no simplemente acompañaron a las militares, sino que debieron pasar al frente de la batalla para proteger y garantizar la pervivencia de los imaginarios instalados en la guerra; en este caso, para que la Política de Seguridad Democrática pasara a la historia como una iniciativa exitosa, fundamental y causal en el paso hacia el proceso de paz con esa guerrilla.
Balances de la Política de Seguridad Democrática
En agosto de 2002, antes de la instauración de la Política de Seguridad Democrática, esta fue presentada como una respuesta a los problemas de orden público que «amenazaban la viabilidad de la democracia y vulneraban de manera constante derechos básicos de todos los ciudadanos» (Presidencia de la República, 2010, pág. 29). El informe fue realizado por el expresidente Uribe en 2010 y presentado ante el Congreso. Posteriormente, en 2003, esta política quedó definida de la siguiente manera:
El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común […]. La seguridad no se entiende en primera instancia como la seguridad del Estado, ni tampoco como la seguridad del ciudadano sin el concurso del Estado, sino como la protección del ciudadano y de la democracia por parte del Estado, con la cooperación solidaria y el compromiso de toda la sociedad (Presidencia de la República, 2003, págs. 12-13).
De acuerdo con el informe al Congreso, ocho años después del funcionamiento de esta política, se obtuvieron efectos positivos gracias al denominado «círculo virtuoso de la seguridad», o relación positiva entre seguridad, confianza inversionista y crecimiento económico y social. Los indicadores que muestra el informe hacen énfasis en que las acciones emprendidas en favor de la militarización de la seguridad pública (como el aumento del pie de fuerza, el control territorial, las redes de cooperantes civiles y la equiparación de la lucha antidrogas con la guerra contrainsurgente) produjeron el aumento de la inversión privada y la mejora de la percepción ciudadana sobre seguridad en el país: «Gracias a las mejores condiciones de seguridad, Colombia se encuentra hoy entre los países de mejor desempeño y perspectivas económicas dentro de la región, bajo unas condiciones macroeconómicas estables» (Presidencia de la República, 2010, pág. 29).
Los antecedentes de la Política de Seguridad Democrática favorecieron su aceptación, en principio, entre los sectores conservadores y de derecha del país, y, posteriormente, en el grueso de la población colombiana. El principal de esos antecedentes es la decepción que dejó el intento anterior de proceso de paz, que el expresidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) adelantó con las FARC-EP, en lo que se conoció como El Caguán, nombre utilizado para designar tanto la zona geográfica donde se llevaron a cabo los acercamientos entre las partes como los errores de planificación, desarrollo y abuso en que incurrieron las partes negociadoras a lo largo de tres años, hasta la terminación unilateral del proceso por parte del Gobierno, en febrero de 2002. El Caguán catapultó la candidatura presidencial del entonces candidato Álvaro Uribe, cuya campaña logró aglutinar al país en torno a la derrota militar de las FARC-EP, como prioridad del plan de gobierno del Gobierno entrante (González, 2014, pág. 447).
La seguridad fue comunicada como una estrategia necesaria para acabar con los grupos armados ilegales, y particularmente con las FARC-EP, pero también como «el