La transición española. Eduardo Valencia Hernán
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target="_blank" rel="nofollow" href="#ulink_4fb9bce5-fea6-5425-a5ef-7084f33c01f0">61. MARTÍ, José, op. cit., pp. 119-120.
62. PUJOL, Jordi, op. cit., p. 140.
63. MOLINERO, Carme, op. cit., pp. 56-64.
1.5. Los años sesenta. Crecimiento, cambio social y el renacer de la conflictividad social
Con los años sesenta llegó también a España el crecimiento económico generalizado en toda la Europa occidental a través de la mayoría de los sectores productivos, lo que condicionó para su sostenimiento la puesta en marcha de nuevas inversiones estatales apoyadas en fuertes reformas estructurales y en la reconversión de ciertos sectores productivos, así como un cambio de actitud en el marco institucional de las relaciones laborales condicionadas por una apreciable descentralización a partir del llamado Plan de Estabilización.
El I Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-67), conducido por los ministros tecnócratas del Opus Dei, aseguró la permanencia del franquismo y el avance hacia una hipotética monarquía autoritaria encarnada en el príncipe Juan Carlos, que el 22 de julio de 1969 fue propuesto por Franco como sucesor suyo a título de rey, con el propósito ya conocido de «dejar todo atado y bien atado»64.
Los resultados económicos comenzaron a ser favorables a los nuevos planteamientos económicos del gobierno, como se demuestra en el periodo entre 1964 y 1971, donde la renta per cápita creció un 119%, o sea, pasó de 44.291 pesetas a 97.086 pesetas. Por otro lado, el régimen ocupacional en los sectores de la construcción y servicios fueron in crescendo ininterrumpidamente entre 1965 y 1971 llegando hasta el 23,6% y el 39% de la población ocupada, en detrimento del sector agrario que contaba con solo el 8,4% en 1970, dato indicativo del flujo de mano de obra desde el sector primario hacia el terciario.
En 1965, un 70% de la población obrera de la capital catalana trabajaba de media más de nueve horas diarias, mientras que un 27% lo hacía con más de doce, de tal forma que, sumando la mayoría de los obreros manuales y empleados administrativos, se superaban las 55 horas semanales. Un ejemplo de lo antes mencionado lo encontramos en el «gueto obrero» del barrio de San Ildefonso (Cornellá de Llobregat), situado en el cinturón industrial de Barcelona, donde en 1971, tres de cada cuatro obreros superaban las doce horas diarias de trabajo, mientras que uno de cada tres incluso llegaba a las catorce, constatando que el pluriempleo se utilizaba con relativa normalidad, y todo esto sin contar las horas en desplazamientos. No obstante, si bien el paro en el sector industrial fue casi inexistente, menos del 1% de la población activa, las condiciones laborales y sociales para los trabajadores eran muy duras, todo sumando que el barraquismo en las grandes ciudades y la falta de servicios asistenciales agravaban dicha situación.
En julio de 1965 se constituyó el octavo gobierno del general Franco formado en su mayoría por tecnócratas del Opus Dei. Este nuevo gabinete fue catalogado de continuista respecto al formado hacía tres años, ya que, aunque su remodelación afectó a algunas carteras, en realidad, lo más destacado de este nuevo gobierno fue el ascenso de Laureano López Rodó como ministro sin cartera y comisario del Plan de Desarrollo. Los cambios se efectuaron en las carteras de Agricultura, Hacienda y Comercio, siendo sus nuevos titulares, Adolfo Díaz Ambrona, Juan José Espinosa y Faustino García Moncó; Obras Públicas la ocupó Federico Silva Muñoz, de Acción Católica y Antonio Oriol y Urquijo ocupó la cartera de Justicia65.
La estrategia principal de Franco era conseguir el ingreso en el Mercado Común Europeo, siendo necesario para ello una pseudoliberalización política inicial refrendada por las leyes de Prensa e Imprenta de marzo de 1966 y el referéndum convocado el 14 de diciembre siguiente a favor de la Ley Orgánica del Estado (LOE), cuya participación alcanzó el 88,79% del electorado y con el 95,06% los votos favorables.
Por otro lado, también fue notoria la sustitución en el otoño de 1967 del general Agustín Muñoz Grandes, que había sido en anteriores gobiernos, ministro del Ejército (1951-57) y vicepresidente del gobierno (1962-67), en la Vicepresidencia del Gobierno por el almirante Luis Carrero Blanco que, años después, concretamente en junio de 1973, sería nombrado por Franco presidente del gobierno hasta el 20 de diciembre del mismo año, fecha en que fue asesinado por ETA en un atentado.
La imagen social y política en Cataluña se desenvolvía bajo la llamada Cataluña oficial encabezada por las máximas autoridades militares que representaban al Estado, los capitanes generales Alfonso Pérez Viñeta (1967-71), Joaquín Nogueras (1971-72) y Salvador Bañuls (1972-76), aunque en realidad eran los gobernadores civiles los que ostentaban y representaban el poder político. Antonio Ibáñez Freire (1963-66) fue sustituido en julio de 1966 por Tomás Garicano Goñi que gobernó durante tres años, sucediéndole en el cargo, por su acceso ministerial, Tomás Pelayo Ros desde 1969 hasta junio de 1974, año en que fue cesado.
Barcelona era una ciudad relativamente tranquila envuelta en aquello que se llamó el «porciolismo», en honor del carismático alcalde, donde la burguesía catalana y la clase acomodada colaboraron con el régimen franquista; incluso algunos personajes que tuvieron gran protagonismo posterior en la Asamblea provenían de un pasado con actitudes confusas, como Agustí de Semir, que de concejal falangista del Ayuntamiento de Barcelona llegó a recalar en la oposición próxima al PSUC; o la de Felip Solé i Sabarís, médico y oficial falangista durante la Guerra Civil, que fue posteriormente destacado miembro de la Taula Rodona en 196666. No obstante, la característica más notable de aquel tiempo fue el deterioro significativo en la gestión pública, que aceleró el descontrol y la corrupción en los ayuntamientos y que en su vertiente urbanística provocó el desastre ecológico que supuso una falta de planificación razonable, efecto que en muchas zonas del país aún padecemos. Masías, bosques, restos históricos, arqueológicos y edificios modernistas, todo desaparecía a favor del cemento y el desarrollo incontrolado. Sin embargo, y quizás como reacción social a ese desvarío, fue donde nació el germen del nuevo movimiento urbano de los años sesenta, que supuso el incremento de protagonismo de las nuevas asociaciones de vecinos, más beligerantes y exigentes con la administración pública, editando boletines y revistas de información local. Los centros parroquiales, los curas-obreros, JOC, Cáritas Diocesana y otras asociaciones vinculadas a la Iglesia católica se organizaron, mientras que en la izquierda obrera clandestina se fueron gestando las llamadas Comisiones Obreras de Barrio (CC.OO.):
«La salida a la luz pública de las Comisiones Obreras en Cataluña y las grandes acciones organizadas por ellas, como son las manifestaciones del 23 de febrero y del 26 de marzo de 1965, cuentan entre los acontecimientos de más gran trascendencia política de los últimos años.»67
En 1965, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) celebró su II Congreso con Gregorio López Raimundo al frente, justamente cuando hacía un año que se habían celebrado los XXV años de Paz con diversos actos propagandísticos presentados por el régimen. En los debates congresuales se planificaron las nuevas estrategias en la lucha antifranquista y fue allí también donde se fraguó la idea inicial que dio fruto a la Asamblea de Cataluña. Su carácter catalanista era innegable, incluso resulta sorprendente la alusión a un representante de la Iglesia catalana en una resolución política del PSUC según se expresa:
«Los comunistas catalanes identificamos el combate por los derechos y libertades nacionales de Cataluña con todas y cada una de las acciones en defensa de los intereses de las masas populares, con todas y cada una de las luchas por las libertades democráticas, en las cuales se integran las libertades culturales y nacionales del pueblo catalán. Consideramos necesario llevar la lucha a la calle con manifestaciones como la realizada el 11 de septiembre en homenaje a Rafael Casanovas, o la del 26 de marzo que exigía el retorno del abad de Montserrat. Hace falta exigir con más vigor las reivindicaciones culturales.»68
En las resoluciones del Congreso también se constataron las jornadas de huelga realizadas el 30 de abril y el 1º de Mayo del mismo año y el cambio de estrategia de la Iglesia española ante el pueblo oprimido:
«Los comunistas catalanes constatamos que a raíz del Concilio