Memorias de una época. Álvaro Acevedo
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policía. Los estudiantes declararon un paro escalonado de veinticuatro horas exigiendo la libertad de Castrillón. Los gremios, especialmente la Andi, se retiraron del Consejo Superior como reacción tardía a la posición de los estudiantes178. Para mediados de abril de 1971 el Consejo Superior de la UIS no contaba con la presencia de la Iglesia, los gremios económicos y la Asociación de Ingenieros. La reforma a la composición del Consejo Superior se abrió paso de manera involuntaria y paulatina.
Cada estamento emitió comunicados condenando y rechazando la agresión policial. La golpiza propinada a un profesor, a un celador, a algunas secretarias y a varios transeúntes ocuparon gran parte de las declaraciones179. A ello se sumó la exigencia de castigar a los responsables del “vil atropello”, previa reiteración de la exclusiva responsabilidad de la policía, ante lo que se elevó una petición al procurador para que se hiciera justicia180.
Los acontecimientos del 13 de abril, la defensa de la universidad y el sentimiento de indignación y victimización compartido por todos y cada uno de los estamentos crearon un consenso generalizado. Acto seguido se constituyó el “Comité Pro-defensa de la Universidad Industrial de Santander”, una instancia en la que se reunieron por primera vez todos los sectores vinculados a la universidad con el fin de realizar un “autoanálisis” de la situación y proponer soluciones a los problemas estructurales181.
Paralelamente y apuntando en la dirección de uno de los temas claves en la situación universitaria de 1971, el Consejo Superior y el rector encargado Carlos Fernando Guerra Hernández decidieron modificar la composición y forma de elección de los miembros del principal órgano colegiado de la universidad. El Consejo Superior estaría conformado así: el Gobernador o su representante, un representante de la Iglesia, un representante del Ministerio de Educación Nacional escogido dentro de los profesores de la universidad, dos representantes de los profesores, dos representantes de los egresados designados por el Consejo Superior y, por último, la representación estudiantil, de la cual no se pudo establecer si aumentó o no. El acuerdo también determinó la forma como se elegirían los representantes de los profesores, sus periodos y las medidas de transición mientras se realizaban elecciones para nombrar a los nuevos representantes. El acuerdo 015 concretó la reforma –desde arriba– del Consejo Superior. La reforma finalmente no dejó muy conformes a ciertos sectores estudiantiles, pero sí otorgó un importante peso a los profesores que pasaron a tener tres miembros en el Consejo182. De acuerdo con El Tiempo, esta medida contó con el apoyo del ministro Luis Carlos Galán y pretendió que sirviese para dar por terminada la tensión que agobiaba a la universidad desde finales del año 70183. No obstante, la unidad en defensa de la UIS no contó con el beneplácito de la administración departamental, puesto que oficialmente Jaime Serrano Rueda –el gobernador departamental–, logró hacer prevalecer la versión militar sobre las causas del allanamiento del 13 de abril. Serrano Rueda declaró el toque de queda en toda la ciudad de Bucaramanga y militarizó los alrededores de la universidad, con base en una supuesta información de inteligencia militar referida a un posible levantamiento con fines subversivos. Esta estrategia le permitiría, además, declarar la movilización estudiantil como “inapropiada e inoportuna”.
El mes de abril de 1971 terminaba con una comunidad universitaria aparentemente unida, pero con un gobernador que se mostraba reacio a los cambios que la comunidad universitaria exigía, y sobre todo contradictor de cualquier expresión de protesta por parte del sector estudiantil. Para el gobierno nacional, la situación requería de mano fuerte, así que ordenó tanto la cancelación del semestre como la militarización de la universidad. La decisión alteró la correlación de las fuerzas y la superación de las tensiones se hizo imposible. Las autoridades universitarias convocaron la reanudación de clases para el 18 abril. El rector argumentaba que ya se habían cumplido en gran medida los objetivos para los que había sido creado el comité prodefensa184. Los estudiantes llamaron a la asamblea general, la cual declaró que se realizara un “estado de estudio permanente” de la situación, a la vez que retomaron la exigencia de libertad para Castrillón y sumaron demandas nacionales como la reapertura de la Universidad Nacional y el castigo para los responsables de la represión del 13 de abril185. Los profesores solo atinaron a solicitar la reconsideración de la medida y a proponer nuevos comités de análisis con participación de todos los estamentos. Sin entrar a reñir con las directivas, propusieron el diálogo pero aceptando la normalidad académica y el derecho de reunión en el campus186.
La polarización de la universidad se hizo palpable y como la problemática parecía no tener solución –el Consejo exigía el retorno inmediato a clases, los docentes abogaban por el diálogo y los estudiantes se dividían entre quienes optaban por la normalidad académica y quienes preferían continuar con el cese–, el gobierno nacional decidió suspender el semestre, no sin facultar antes a las autoridades militares para tomar medidas que permitieran controlar el orden público. En represalia los estudiantes organizaron una manifestación en el centro de la ciudad. Una vez más la protesta fue reprimida y varios estudiantes fueron detenidos. De acuerdo con el corresponsal de El Espectador: “hacia el mediodía se observa un control militar y policial de la ciudad. Agentes con cascos y escudos, carabineros a caballo, patrullan la zona céntrica, mientras el ejército lo hace en la UIS, sectores aledaños y calles, a pie o en vehículos”187. Cancelado el semestre, las autoridades universitarias se dispusieron a retomar las conversaciones que se adelantaban en busca de una serie de reformas que permitieran salir definitivamente de la situación caótica188.
La reacción del gobierno dejó entonces a finales de abril una universidad cerrada y militarizada, maniobra que llevó a cada estamento a reflexionar sobre la universidad separadamente y a la implementación soterrada de las reformas necesarias para adecuarla a los planteamientos de la modernización norteamericana de la educación superior. Tanto la prensa como parte de la sociedad santandereana también se opusieron a la medida radical, pero no así al sustrato represivo que reinaba en contra de los estudiantes. En una carta al mismo presidente Misael Pastrana, los padres solicitaron echar para atrás la medida con la promesa de apoyar cualquier medida para retornar a la paz: “[…] solicitamos muy respetuosa pero insistentemente reanudación de actividades en la universidad para salvar el semestre académico, prometiendo respaldo total en las medidas que considere necesario tomar, inclusive en la supresión del cargo a profesores que resulten responsables de la anormalidad y la cancelación de matrículas a estudiantes que a juicio del gobierno deban aislarse”189. Los columnistas insistieron en retomar el amor a la nación para no acudir a la violencia y volver a clases como prioridad; si acaso, acometer una reforma con “cabeza fría” por parte de profesores, estudiantes y comunidad en general190.
Aunque la universidad estaba cerrada y con presencia militar, los estudiantes no dejaron de analizar la situación en varios frentes. Expresaron su desacuerdo con las decisiones gubernamentales, no solo en el terreno represivo sino en la burla que representó la convocatoria al encuentro de rectores en Cartagena en donde supuestamente se discutiría una reforma de fondo a la universidad colombiana. Tildaron de vacuas las medidas que pretendían acabar los liderazgos, pues consideraban que el movimiento era superior a sus dirigentes, máxime cuando el conflicto universitario era parte de un conflicto social más amplio entre el pueblo y las clases dominantes. La crítica de los estudiantes se extendió a los profesores de la universidad, quienes no asumieron a fondo la defensa de esta, en gran medida por los intereses que, según ellos, habían creado para mantenerse en posiciones de poder. En materia de propuestas, los estudiantes de la UIS asumieron plenamente los puntos del Programa Mínimo y advirtieron que en las universidades no reinaría la paz si no se aplicaba íntegramente el pliego estudiantil191. El mismo día en que salió publicada la noticia, apareció otra nota en el mismo diario relacionada con el proceso contra Javier Castrillón. En vista de que no se aceptó un recurso legal interpuesto por la defensa del procesado, Audesa señalaba que tal acción no era más que una maniobra política para atemorizar al estudiantado e impedir el logro de sus justas causas. Esta situación vendría a ensombrecer aún más un panorama que ya estaba nublado192.
La decisión sobre el cierre de la UIS se echó para atrás debido a una disposición del presidente de la República quien dejó en manos de las directivas universitarias el reinicio de las clases. El Consejo Superior de la UIS sesionó con la presencia del nuevo gobernador, Jaime Trillos Novoa, y acordó reprogramar el calendario