Memorias de una época. Álvaro Acevedo
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presupuesto de las universidades públicas con el objetivo de aglutinar mayores recursos para el sector de la educación primaria, siguiendo en esto el dictamen de las instituciones económicas internacionales207.
El aumento del pie de fuerza para controlar las protestas sociales, la reducción del presupuesto para la educación superior y el aumento del valor de las matrículas universitarias se convertirían en los objetivos centrales de la lucha estudiantil. El plan de recortes presupuestales del gobierno y el aumento de las matrículas universitarias afectarían a partir de ese momento el bienestar universitario, e incluso la calma de estudiantes de secundaria quienes veían cada vez más lejos la oportunidad de ingresar a la educación superior. Sumado a esto, la represión volvió inestable la situación en muy poco tiempo, puesto que la “mano dura” del gobierno no tardaría en producir “un reflujo en su agitación después de 1976, reflujo que en parte fue compensado con una mayor vinculación estudiantil con los movimientos populares”208. El momento de mayor confrontación se dio en 1977 con el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre, en el que confluirían amplios sectores sociales: centrales sindicales, pobladores urbanos, trabajadores oficiales y, por supuesto, el estudiantado.
El Paro Cívico Nacional fue el evento más importante en que participó el movimiento estudiantil después de la huelga universitaria general de 1971. El cese de actividades había sido anunciado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (Cstc) en agosto de 1977. Durante aquel mes los trabajadores y el Estado negociaron infructuosamente, razón por la cual el gobierno amenazó con utilizar todos los medios a su alcance para evitar la parálisis del sector productivo y cualquier alteración del orden público. Al quebrarse los diálogos, se unieron a la causa obrera los miembros de la Unión de Trabajadores Colombianos (UTC) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). El propósito era dar un contenido propiamente reivindicativo a la huelga, con la exigencia de un aumento general de salarios. El 14 de septiembre estalló la huelga. En varias ciudades –con excepción de Medellín y Bucaramanga, donde los trabajadores decidieron no acoger la medida– las fuerzas de policía debieron contener la irritación de miles de ciudadanos. En Bogotá los enfrentamientos dejaron dieciocho muertos, además de los destrozos habituales. El 17 de octubre el pliego de peticiones de los trabajadores exigía un reajuste del 50% en los salarios, el congelamiento de los precios de la canasta familiar y el levantamiento del estado de sitio209.
Los quince años entre 1962 y 1977 constituyeron el periodo de mayor actividad para el movimiento estudiantil. Las circunstancias políticas, sociales y culturales tuvieron mucho que ver en el aumento y la radicalización de las luchas estudiantiles. La Revolución cubana, el desarrollo experimentado por el sistema educativo, la política excluyente aplicada durante el Frente Nacional, el crecimiento económico mundial, el surgimiento de las guerrillas insurgentes y la influencia de las transformaciones culturales planetarias configuraron el contexto necesario para que el movimiento se entregara a la búsqueda de un cambio revolucionario. De ahí el hecho que el estudiantado se alejara de los partidos tradicionales, que se propusiera romper con las estructuras sociales jerarquizadas y que combatiera con denuedo la fuerza pública. Los cambios revolucionarios jamás fueron alcanzados, pese a que sus más incansables gestores –los estudiantes– creían verlos a la vuelta de la esquina. Fue una época en la cual los estudiantes de Colombia y de otras latitudes actuaron para cambiar el mundo210.
c. El declive: 1978-1985
La primera tarea que emprendió Julio César Turbay en su periodo presidencial (1978-1982) fue expedir un Estatuto de Seguridad que le permitiera hacer frente a la escalada de violencia encabezada por los distintos grupos insurgentes que ocupaban ya una buena parte del territorio nacional. Turbay y su cuerpo de ministros estaban convencidos de que “la insurgencia y la inmoralidad” eran los “flagelos” que golpeaban al país con mayor fuerza. Por esta razón se propuso no solo castigar a las “mafias” que el sistema judicial mantenía aún incólumes, sino acabar con la insurgencia “terrorista”. Este último objetivo se cumpliría por intermedio del Estatuto de Seguridad, un mecanismo legislativo que aumentaba las penas para los delitos de secuestro, extorsión y ataque armado, entre otros; que convertía, también, cualquier actividad o medio cuya pretensión fuera incitar a la población a desobedecer la autoridad en delitos conexos con el terrorismo y la subversión, y que le daba, en fin, a las autoridades militares y policiales un amplio margen de acción para evitar y juzgar las acciones que se consideraran terroristas o subversivas211.
La medida “reforzó el reflujo de las luchas populares y estudiantiles”, tal como lo indica Archila212. Sus efectos sobre el estudiantado se empezaron a sentir después del asesinato del político conservador Rafael Pardo Buelvas, quien se desempeñara como ministro en el gabinete del presidente López Michelsen. El asesinato había sido cometido por un grupo radical que se autodenominaba Movimiento de Autodefensa Obrero (MAO), para vengar la muerte de los obreros asesinados durante la represión del Paro Cívico del 14 de septiembre, acción de la cual culpaban al ministro Pardo213. Con el ánimo de capturar a los perpetradores del magnicidio, las fuerzas armadas y policiales emprendieron una persecución contra los estudiantes de la Universidad Nacional214. No es exagerado decir, en consecuencia, que el Estatuto de Seguridad satanizó la protesta estudiantil.
Ascanio. Manos arriba y una requisa. Archivo Vanguardia Liberal. 11 de marzo de 1971. Bucaramanga
Como lo argumenta Absalón Jiménez, el gobierno consideraba que en las universidades –sobre todo en las públicas– existía un foco de colaboradores de la insurgencia y de “guerrilleros en potencia”. En consecuencia, las autoridades decidieron infiltrar las universidades para identificar y judicializar a aquellos sujetos, tal como ocurrió en diciembre de 1978, cuando un militar infiltrado en la Universidad Pedagógica Nacional identificó a los cuatro estudiantes que, al parecer, habían incendiado un vehículo oficial durante la protesta del 30 de noviembre de aquel año. Los sindicados denunciaron la vulneración de sus derechos civiles y los atropellos mientras eran capturados. El estudiante Guillermo León Osorio denunció que los militares lo mantuvieron vendado durante setenta y dos horas, que no lo dejaban dormir ni sentarse y que lo habían sometido a interrogatorios insidiosos215. Este fue uno de tantos casos en aquel periodo del Estatuto de Seguridad, una historia de flagrantes vulneraciones a los derechos y a la dignidad aún por escribirse con el testimonio de hombres y mujeres sometidos a torturas y crueldades inimaginables.
La década del ochenta abría pues un panorama oscuro para el movimiento estudiantil. Aquellas victorias emblemáticas –las de 1962, 1964, pero sobre todo las de 1971-1972 y 1977– se anidaban en la memoria del estudiantado como una imagen deslumbrante pero irreal de la revolución social. El declive se aproximaba. Pese a que el descontento no paraba, con el paso del tiempo el estudiantado empezaba a perder esa fuerza contestataria que lo había caracterizado. Indudablemente el Estatuto de Seguridad había puesto aquí su cuota, pues era un arma a la que el estudiantado se resistía pagando un gran sacrifico. Fue por esa razón que la protesta estudiantil buscó un espacio de acción junto a los demás sectores sociales, tal como ocurriera con el paro cívico de septiembre de 1977, cuando cientos de estudiantes acompañaron las luchas obreras.
Si bien hubo en promedio poco más de treinta manifestaciones estudiantiles por año entre 1978 y 1984, las acciones no pasaron de ser meramente episodios. Cabe resaltar el surgimiento de la toma pacífica, una estrategia de movilización que los estudiantes del periodo anterior jamás habrían tenido en cuenta, dada su radicalización ideológica216. La primera de ellas se dio en Tunja en 1982, cuando un grupo numeroso de estudiantes se plantó a las puertas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para obstaculizar la circulación y llamar así la atención de los estudiantes menos comprometidos. También en octubre de 1982 algunos estudiantes de la Universidad del Valle se tomaron una iglesia del centro de Cali en protesta por la “detención y desaparición” de algunos estudiantes217.
Este tipo de acciones era una nueva respuesta del estudiantado y de la movilización social en general a los aparatos represivos del Estado y a los actores armados que redoblaron su fuerza de ataque. Entre 1979 y 1994, según lo indican Carlos Medina Gallego y Mireya Téllez Ardila, se llevó a cabo una persecución sistemática,