Figura 1.10. Principales problemas que existen atendiendo a las fases del procesamiento de la información.

      • Productos y tecnología: p. ej., una persona con una tetraplejía precisará una silla de ruedas eléctrica para tener cierta independencia en su vida diaria.

      • Entorno natural y cambios del entorno realizados por el hombre: p. ej., las adaptaciones que se hacen en una playa para que puedan acceder usuarios en silla de ruedas.

      • Apoyo y relaciones: p. ej., una persona con una ceguera puede tener una mayor autonomía en la vida diaria con el apoyo de un perro guía.

      • Actitudes: p. ej., en un entorno educativo donde tenemos a alumnos con discapacidad integrados en el aula ordinaria de Educación Física, vamos a conseguir una mayor participación e integración de esos alumnos si contamos con unas actitudes positivas hacia la práctica deportiva integrada de los propios alumnos y de los compañeros de clase, pero también una actitud de esfuerzo por parte del profesor/a.

      • Servicios, sistemas y políticas: aquí entrarían todos los protocolos de intervención que las autoridades públicas y/o privadas contemplan para atender a los colectivos con discapacidad, orientados siempre al desarrollo de su autonomía, mejora de su estado de bienestar y, por último, a incrementar su integración en la sociedad en la que viven.

      De una forma más concreta, los factores ambientales ejercen un efecto en todos los componentes del funcionamiento y la discapacidad, y están organizados partiendo del contexto/entorno más inmediato al individuo, llegando hasta el entorno general. Tales factores tendrán un efecto facilitador o de barrera en función de las características del mundo físico, social o actitudinal, y entre ellos distinguimos:

      • Factores individuales, presentes en el contexto/entorno inmediato del individuo, incluidos espacios como el hogar, el lugar de trabajo o las escuelas. Están incluidas las propiedades físicas y materiales del ambiente a las que el individuo debe enfrentarse, así como el contacto directo con otras personas como la familia, amigos, compañeros o desconocidos.

      • Factores sociales, donde encontramos las estructuras sociales formales e informales, servicios o sistemas globales existentes en la comunidad, o la cultura, y que tienen un efecto sobre los individuos. Este nivel incluye organizaciones y servicios relacionados con el entorno laboral, actividades comunitarias, agencias gubernamentales, servicios de comunicación y transporte, leyes, reglas formales e informales, actitudes e ideologías.

      Los factores personales son un componente más de los factores contextuales, pero su consideración es más compleja debido a la gran variabilidad social y cultural asociada a ellos. De esta manera, algunos de los factores personales que podríamos considerar son, entre otros: el sexo, la edad, otras condiciones de salud asociadas, el estilo de vida, el ideario de la persona, la educación recibida, su profesión, su personalidad o sus experiencias pasadas, ya sean de actividad física u otra dimensión de la persona (p. ej., actitud para consigo mismo en caso de una discapacidad adquirida de forma traumática).

      Por lo tanto, dentro de los factores contextuales, en los que distinguimos entre factores ambientales y personales, podremos diferenciar entre elementos facilitadores y barreras/obstáculos, a saber (INSERSO, 2003; pág. 21):

      • Facilitadores: son todos aquellos factores del entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. Por ejemplo, la disponibilidad de una tecnología asistencial adecuada o la existencia de servicios de apoyo que intentan aumentar la participación de las personas con discapacidad en determinadas áreas de la vida (educación, empleo…). Los facilitadores pueden prevenir o evitar que un déficit o una limitación de la actividad se convierta en una restricción en la participación.

      • Barreras/obstáculos: son todos aquellos factores del entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Por ejemplo, un ambiente físico inaccesible, un producto no utilizable por todos o un servicio existente que, sin embargo, no es accesible para las personas con discapacidad.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POBLACIONES OBJETO DE ESTUDIO

      La Constitución Española (López, 1997) reconoce a todos los españoles la igualdad ante la Ley y, en su artículo 9.2, establece el derecho a la igualdad de oportunidades, que corresponde garantizar a los poderes públicos mediante la promoción de las condiciones necesarias para que esa igualdad sea efectiva, y mediante la remoción de aquellos obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En este sentido, la práctica de actividades físicas y deportivas no está exenta de ese derecho, tal y como se recoge en los artículos 27.1, 27.2 y 148 de la Carta Magna. Además, en el Art. 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, se ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada y el amparo especial necesario para el disfrute de sus derechos.

      Desde el punto de vista legal, se han ido sucediendo documentos que se han hecho eco de la situación de las personas con discapacidad en la sociedad y así, en España, la Ley 13/82 de 7 de abril de 1978, Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), desarrollando el artículo 49 de la Constitución Española, establece los principios de normalización, sectorización de servicios, integración y atención individualizada, que deben presidir las actuaciones de las administraciones públicas, de cualquier nivel y área, en relación con las personas con alguna discapacidad. Dicha Ley ha sido coetánea del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (PAMPD), aprobado por la ONU en 1982 (INSERSO, 2003; pág. 23). La LISMI reconoce la minusvalía en los siguientes términos:

      “Toda persona que a causa de un determinado suceso (anomalía, enfermedad o accidente) presenta un deterioro o maduración incompleta de sus facultades físicas, psíquicas o sensoriales, o varias a la vez, que afectan actualmente o en un futuro, de una manera grave y prolongada, su capacidad de adaptación al entorno, con posibilidad de restauración parcial, que estará en relación inversa con la gravedad del proceso o directa con una atención social adecuada”.

      A partir de documentos legislativos como la LISMI han ido surgiendo otra serie de iniciativas promulgadas por los poderes públicos y los agentes sociales, encaminadas todas ellas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. El año 2003 fue declarado por la Unión Europea el “Año Europeo de las Personas con Discapacidad”, lo que a nuestro entender es una iniciativa más encaminada a la concienciación social de las necesidades de este colectivo, ya que, tal y como recoge la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, se debe perseguir la igualdad de oportunidades entre los miembros de una sociedad. Ese impulso iniciado desde las autoridades europeas se ha traducido en nuestro país en una serie de iniciativas encaminadas a incrementar el proceso de integración social, tales como la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad; la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, o la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. Pero algunas de las leyes aprobadas más relevantes en este sentido han sido la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o el II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007 (INSERSO, 2003), así como otros planes como el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. Referente al II Plan de Acción anteriormente citado, aprobado en sesión del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2003, éste se organiza en cuatro grandes áreas (INSERSO, 2003; pág. 14):

      • Atención a personas con grandes discapacidades.

      • Políticas activas de inserción laboral para personas con discapacidad.

      • Promoción de accesibilidad de entornos, productos y servicios.

      • Cohesión de los Servicios Sociales